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Viernes, 27 de enero de 2012

JUSTICIA

El caso testigo

El 3 de abril de 2002, Marita Verón fue secuestrada cerca de su casa. Tenía 23 años y una hija de seis. Fue vendida como mercancía a una red de trata dedicada a la explotación sexual. Su rastro se pierde un año y medio después de ese día. Buscándola fue que su madre, Susana Trimarco, y su marido, Daniel Verón, tuvieron que familiarizarse con estos términos que hoy forman parte de la letra de la ley. Buscándola, supieron poner en la agenda pública la existencia de redes de explotación sexual que siempre cuentan con complicidades policiales u oficiales. Buscándola rescataron a otras víctimas –casi 200–. Diez años después del último beso que le dio a su hija Micaela, finalmente empezará el juicio por el secuestro y la privación ilegítima de la libertad de Marita Verón. Porque aunque su historia sumó para que hoy exista una ley de trata, al no ser retroactiva, no se podrá aplicar en su caso.

 Por Roxana Sandá

“El juicio que comienza el 8 de febrero no sólo es fundamental porque se trata del primer debate sobre trata de personas en Tucumán, sino porque abre nuevas puertas de búsqueda y por su profunda semejanza con los juicios de lesa humanidad.” Carlos Garmendia, uno de los abogados que junto con Belén Lembo representan a la familia de María de los Angeles Verón, “Marita”, secuestrada y vendida a una red de trata con fines de explotación sexual el 3 de abril de 2002, recurre a antecedentes que alientan la esperanza de que “a veces suceden cosas inesperadas, que pueden ayudarnos a encontrar el dato que cambia todo un horizonte. Sucedió aquí durante el juicio por el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención en la ex Jefatura de Policía, cuando el testigo Juan Carlos Clemente hizo el aporte principal y sorpresivo de documentos originales del Servicio de Información Confidencial (SIC). A partir de ese hecho que permitió construir la historia, ya nadie puede negar que en Tucumán existió un plan sistemático de exterminio”.

Las otras semejanzas igualmente densas que durante diez años entrecortaron el sueño de Susana Trimarco, la madre de Marita, la impulsora de su búsqueda, la militante contra la trata de mujeres que ya rescató a unas 200 jóvenes, la abuela que gastó suelas con su nieta Micaela en centenares de despachos estatales y organizaciones sociales, trazan el arco entre la hija privada de libertad y los delitos de lesa humanidad y se rajan en el cuerpo ausente, en esa humanidad entrañable que dejó de reflejarse de golpe, a los 23 años. El “espejo en el que se mira un ser viviente para verse en su espléndido y dramático acontecer” al que se refiere Noé Jitrik no devolvió rostro alguno. “Un ser viviente se relata al mismo tiempo que se mira vivir y, por supuesto, que vive.” A Marita se le clausuró la posibilidad de esbozar el relato de su propia vida.

Desde los primeros días de febrero, y a lo largo de unos tres meses, se juzgará a 13 imputados. Se espera que pasen unos 160 testigos, de los que resultan clave nueve mujeres víctimas de la red de trata que operaba en La Rioja, una de las provincias a las que fue trasladada la joven. El resto de los testigos son personas que alguna vez la vieron, policías que investigaron la causa, testigos de contexto y especialistas en trata de personas. Una de ellas es la psicóloga Zaida Gatti, a cargo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación (ver aparte).

María de los Angeles Verón fue secuestrada en la esquina de su casa o cerca de ahí, en los alrededores de la maternidad pública de San Miguel de Tucumán, por orden de la empresaria María Jesús Rivero. Trasladada en un remise de la firma Cinco Estrellas a la localidad de Yerba Buena, circuló en varias casas al mando de Daniela Milhein, la encargada de un grupo de reclutamiento de mujeres. Luego fue vendida a Liliana Medina, dueña de los prostíbulos El Desafío, Candy y Candilejas, que figuran en la causa. Logró probarse que Marita sufrió explotación sexual en estos sitios, donde permaneció un año y medio, hasta noviembre de 2003. A partir de entonces son innumerables las hipótesis de su paradero: la buscaron en España, testigos aseguraron descubrirla en una isla de la península; otros dijeron que había viajado con un hombre a los Estados Unidos; muchas personas comenzaron a ver su rostro en diferentes provincias argentinas hasta que en 2011 se realizaron excavaciones en un prostíbulo de Córdoba porque se dijo que su cuerpo podía haber sido enterrado allí. Lo cierto es que para la Justicia no existen rastros precisos de su destino.

Carlos Garmendia entiende que el peso de la causa la convierte en “una especie de ícono de la trata de personas en la Argentina”, pero los ejes perseguidos son concretos. “Lograr la condena de los 13 imputados, encontrar nuevos elementos que nos lleven a Marita y una vez finalizado el juicio, que continúe la investigación.”

El expediente del caso es una especie de manual de trata.

–Sí, son 43 cuerpos de 200 fojas cada uno. Vamos a intentar que se refleje esa realidad durante el juicio, porque es importante para la lucha contra la trata de personas que venimos haciendo desde la Fundación María de los Angeles, pero también es complicada para Susana y su nieta, Micaela. Hay que pensar que a Susana siempre le mandaron a decir que este caso jamás iba a llegar a juicio. Y Daniel, el papá de Marita, se murió de desilusión y tristeza.

¿Cuál es la situación actual de prostitución y trata en Tucumán?

–A nivel nacional hay un gran trabajo a partir de la sanción de la Ley de Trata; la Gendarmería está armando una red de oficinas con la temática y hasta en Tucumán hay un departamento de inteligencia con dedicación exclusiva, pero falta mucho, no vemos la decisión política provincial. Hoy funcionan 16 prostíbulos “visibles”, privados hay cientos, pero todos conocemos los que tienen la lucecita roja en el umbral. No hay que ser muy despierto para entender que en esos lugares existen situaciones de trata. Hicimos denuncias, pero los funcionarios siguen sin visibilizar la cuestión como problema. Ojalá que este juicio tenga efectos colaterales sobre los funcionarios provinciales, para que se les abra las cabezas.

El próximo 3 de febrero, cuando la asociación civil La Casa del Encuentro convoque a una nueva movilización a las puertas del Congreso de la Nación, se recordará por necesidad y urgencia “el caso que puso en el tapete una realidad de la cual no hablábamos en la Argentina: que se haga justicia como forma de mostrar al mundo estas redes mafiosas que operan con la trata y el tráfico de mujeres y niñas”. Fabiana Túñez, referente del espacio junto con Ada Rico, subraya lo que considera el nudo del conflicto, “porque la raíz de la trata se encuentra en la violencia de género, y esto es cuestión de derechos humanos”.

Las estadísticas de la organización son alarmantes: reciben en la actualidad “a razón de un caso de mujeres desaparecidas por semana; algunos están relacionados con trata, pero los protocolos y las herramientas no alcanzan. Esperamos que la agenda legislativa de este año incluya el tratamiento en Diputados de la reforma de la Ley de Trata aprobada en el Senado, en la que desaparece la figura del consentimiento y se promueve el diseño de un consejo nacional para la elaboración de un plan de lucha contra la trata de personas”. Intuye que quedará “como otro de los debates pendientes la penalización del cliente prostituyente, porque ése es otro de los eslabones de la cadena que hay que desarmar”.

El juicio, a cargo del tribunal de Sala II de la Cámara Penal integrado por Alberto César Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, se sustancia por privación ilegítima de la libertad y por promoción y facilitación a la prostitución. Por estos días Susana Trimarco y su nieta están en Buenos Aires. Sigue haciendo trámites, sigue gastando suelas para denunciar, para restituirles a otros las hijas secuestradas, para golpear puertas donde todavía no las reciben. Sigue rescatando cuerpos ultrajados para devolverles la textura fina de la libertad. Con o sin voluntades políticas a su favor.

ZAIDA GATTI

“Hay que reconstruir nueve años de impunidad”

La titular de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas, Zaida Gatti, es una de los 160 testigos que se presentarán a declarar en el debate oral y público ante la Sala II de la Cámara Penal. Lo hará en calidad de testigo de parte, “para explicar cuáles son los efectos postraumáticos de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, desde mi conocimiento técnico en el marco de una gran cantidad de personas que han sido víctimas de estas redes”.

¿Qué le provoca, desde lo personal, que la hayan convocado en un juicio considerado emblemático?

–Primero, que con Susana Trimarco tengo una gran relación de afecto. La conocí hace algunos años, desde lo institucional, por lo tanto, que hayan confiado en mí para este caso y poder colaborar es una satisfacción y un orgullo enorme. Me gustaría que mi aporte sirviera en algo para que este caso se esclarezca.

¿Cómo es posible que durante casi diez años no se haya logrado dar con pistas ciertas sobre el paradero de Marita Verón?

–Recuerdo las primeras noticias de los diarios; por esa época trabajaba en la temática de violencia de género y entonces no hubo investigación posible. Todo fue deshecho desde el principio. Ahora hay que reconstruir nueve años de impunidad y la búsqueda de pistas. Existen muchas personas señaladas, pero otras quedaron libres de todo cargo porque no había nadie que acompañara a Susana en esto. Hubo también connivencia y complicidad de varios poderes; en La Rioja debió renunciar más de un funcionario. Hoy no ocurriría lo mismo, porque desde los diferentes estratos del Poder Ejecutivo nacional se persigue al que comete delitos, sin importar nombres y apellidos, y ése es un mandato de la Presidenta. Encontrar a Marita es difícil pero no imposible. En su caso se plantaron demasiadas pistas falsas, hubo demasiada gente involucrada y circuló demasiada información. Para muchas chicas que están atravesando esta situación, el caso Verón se convirtió en un mito. Pero la esperanza es que Marita todavía esté viva.

¿Cuántas víctimas rescató la Oficina en los últimos años?

–Mientras que en 2010 se rescataron unas 569 víctimas, en 2011 ese número se triplicó. Esto tiene que ver con el trabajo de capacitación que venimos realizando en las comisarías, la articulación con los ministerios de Seguridad, de Trabajo, de Desarrollo Social, la incorporación en la currícula escolar de la temática de trata y tráfico de personas, los convenios con la Corte Suprema de Justicia para trabajar en forma conjunta. A esto se suma la sociedad civil, que dejó de naturalizar el prostíbulo como parte del paisaje.

Aún es dramático el rescate de las mayores de edad en cuanto a la condición de tener que probar que no hubo consentimiento para poder tipificar el delito.

–Desde una perspectiva de derechos humanos, ese artículo de la ley de trata no debería haber existido nunca. Pero desde mi experiencia práctica, el 85 por ciento de las víctimas rescatadas son mayores de edad, lo cual no significa que queden a resguardo del Estado, pero sí se puede probar el aprovechamiento de vulnerabilidad de la situación de esas mujeres, que no tuvieron posibilidades de acceder a derechos básicos. El consentimiento viciado no es consentimiento. Me atrevo a decir que de los 45 fallos judiciales existentes sobre trata, el 90 por ciento involucra a víctimas mayores de edad.

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Susana Trimarco
Imagen: Télam
 
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