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Viernes, 17 de febrero de 2006

EL MEGáFONO

Mujeres de Las Heras

Mi marido es Rubén Uribe, trabaja en la empresa petrolera Oleo Sur, es instrumentista, y 150 de sus compañeros lo votaron como delegado. Cuando nos enteramos del aumento al impuesto a las ganancias se armó una poblada. A todos nos tocaron el bolsillo, y acá la vida es muy cara”, cuenta Corina Mansilla, empleada de comercio y pobladora de Las Heras, el lugar del mundo donde están puestas todas las miradas desde que en una manifestación resultó muerto el policía Jorge Sayago.

Corina redactó una carta abierta junto a otras 16 mujeres a las que las une el espanto de ser familiares de trabajadores y delegados petroleros en Las Heras. “El objetivo de esta carta es denunciar que tenemos miedo, que vivimos en una ciudad militarizada, con cientos de gendarmes en nuestras calles, con personas extrañas que dicen ser de la Brigada de Investigaciones, que se trasladan en autos Volkswagen Polo gris con vidrios polarizados y sin patentes, que golpean nuestras puertas y pretenden llevarse a nuestros esposos e hijos, con el objetivo de que confiesen crímenes que no cometieron”, denuncian las pobladoras de Las Heras en la carta.

“La policía pasa despacito a cada rato por mi casa, y no son policías de acá, a los que ya conocemos desde siempre. Hablé con otras mujeres y también les pasaba lo mismo. Por eso decidimos hacer pública esta situación”, cuenta Corina asustada.

Esta semana se llevaron a Héctor Cabana, delegado de la empresa Cóndor, “a una casa particular y le tomaron declaraciones”. “Hay un montón de gendarmería, paran a la gente, piden documentos, revisan a los muchachos que van a trabajar. El otro día lo llevaron a uno que no tenía documentos encima. Es un pueblo sitiado”, sentencia Corina Mansilla.

Corina recuerda el eslogan que la Gendarmería anuncia en los avisos televisivos. “Se dicen que son los ‘centinelas de la patria’, entonces deberían estar cuidando las fronteras y no estar molestando en un pueblo tan chiquito”, razona.

Corina y Jorge tienen dos hijos. Ella va a los piquetes con su marido. “Estamos todos juntos. Hacemos el aguante mientras tomamos mate. Estamos en la lucha porque es una lucha justa. Son obreros, ¿desde cuándo se vio que los obreros tienen que pagar impuestos y las empresas reciben subsidios?”, se pregunta.

Corina trabaja en un negocio y gana 1050 pesos, “pero no nos alcanza porque el alquiler es altísimo. Con mi sueldo sólo pagamos el alquiler y él se encarga del resto de los gastos”.

La carta abierta está dirigida a “la población en general y al Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz y de la Nación”. En ella, las mujeres de Las Heras se expresan en contra de “la manipulación de una investigación para acusar a quienes el único delito que han cometido es ejercer su derecho de huelga para mejorar el nivel de vida de sus familias. No vamos a permitir que nuestros esposos e hijos sufran más amenazas e intimidaciones”.

“Hacemos responsable de cualquier nuevo hecho de intimidación como el que ha sufrido Héctor Cabana, al Poder Judicial, que debe velar por la transparencia y legitimidad de la investigación sobre el asesinato del oficial Sayago, al gobierno de la provincia de Santas Cruz y al gobierno nacional”, aseveran las pobladoras de Las Heras.

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