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Sábado, 11 de diciembre de 2010

Para seguir sufriendo

La sesión de la Legislatura del jueves no pudo realizarse, por los fuertes debates sobre la situación en el Parque Indoamericano. Recién el lunes, en sesión especial, se podrían tratar la renovación de la 3056, la catalogación de La Cuadra y el APH de la City.

 Por Sergio Kiernan

La batalla campal por el Parque Indoamericano terminó posponiendo la sesión de la Legislatura de este jueves pasado, la última ordinaria del año. Con lo que quedan en el tintero, en riesgo, colgados del proverbial pincel, varios temas de enorme importancia. Es que el jueves se iban a tratar en el recinto la renovación de la ley 3056, la primera lectura de la creación de la APH City y, notable velocidad, la protección de La Cuadra y de La Imprenta, dos edificios que la abulia interesada del CAAP permite demoler ante la furia de los vecinos.

La única manera de evitar estos desastres es que los tiempos políticos se apuren un poquito. Las sesiones ordinarias se terminan el miércoles que viene, 15 de diciembre, con lo que se entiende que la sesión del jueves pasado terminara, técnicamente, en cuarto intermedio hasta el lunes a las 15.00. Si esto no ocurre, queda convocar una extraordinaria, pero el problema es que sólo el jefe de Gobierno o el presidente de la Legislatura pueden hacerlo. Para que los diputados lo logren, hay que juntar a veinte.

Las consecuencias de no moverse pueden ser graves. La ley 3056 vence el 31 de diciembre, con lo que nos quedaríamos sin marco legal para proteger los edificios anteriores a 1941. La clave del problema está, para variar, en esa agencia de representación de la industria de la construcción que es el Ministerio de Planeamiento Urbano de Daniel Chaín. El ministerio aloja y controla al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, al que transformó en una máquina de despejar lotes. El consejo tiene, por la ley 3056, que considerar cada pedido de demolición de edificios anteriores a 1941. Como no alcanzaba con que el CAAP tuviera el sí fácil para la piqueta, Chaín le agregó el “entorno” a cada caso.

Así, cuando alguien quiere destruir un edificio patrimonial, el CAAP toma toda la manzana y considera todo lo anterior a 1941. Además de ser una definición de entorno digna de un especulador –no es la cuadra y la cuadra de enfrente, es la manzana “atrás” del predio– es una guarangada: el

CAAP no tiene ni plazo ni recursos para hacer un trabajo serio y ve todo a las apuradas.

Con esto, Chaín logró que se proponga preservar un edificio por cada docena presentada, una proporción dulce para la industria especulativa. El problema ahora es que aun así ya se juntaron unos cuatro mil edificios a preservar, cuyos expedientes hasta comenzaron a llegar a la Legislatura, con una demora que muestra que nadie nunca puso un vintén en crear la infraestructura necesaria.

¿Qué pasa si se cae la 3056? No es muy claro, pero una posibilidad es que comencemos 2011 con un festival de demoliciones a las apuradas para aprovechar el vacío legal.

Otro tema que quedó en el tintero es el magnífico proyecto de Patricio Di Stefano para ampliar el APH 1 hasta plaza San Martín, creándole un hermano de Plaza de Mayo al norte. El área de protección histórica de la City creará un colchón de preservación en el Centro viejo de la ciudad con cientos de edificios de primera agua, tipologías que hoy parecen un sueño –el banco construido para mostrar solidez, con bronces y mármoles– y un parate a las torres. El proyecto incluye medidas muy cuerdas para eliminar por completo las excepciones, truquitos y enrases, que por primera vez innova con un mecanismo de respeto al entorno –al entorno de verdad, no al macaneado por Chaín– que ordena que mandan las tipologías viejas. Y, por supuesto, al ser APH el Centro tendrá que desprenderse de la mugre visual de carteles y cenefas, para renacer como lo está haciendo la avenida Callao, protegida por iniciativa de Marta Varela.

Estas alegrías quedan en riesgo, pero no en peligro, como sí quedan La Cuadra y La Imprenta, dos edificios notables de Palermo que están listos para ser destruidos por el estudio de arquitectos Churba Friedman para construir más megalitos con ammenities. Resulta increíble escrutar qué tienen entre las sienes los miembros del CAAP que votaron por autorizar la demolición que, honrosamente, no fueron todos.

La Imprenta es un edificio industrial de fines del siglo XIX, bien tenido y llevado, y muy exitoso comercialmente. Como su nombre lo indica, fue una imprenta, dedicada en exclusiva a imprimir para el hipódromo. La Cuadra es la última caballeriza porteña, un edificio que alguna vez caracterizó los bordes de Palermo y ahora simplemente se esfumó, demolido hasta la extinción. En este caso, el edificio está básicamente intacto, con su planta entera, su galería perimetral, sus boxes con puertonas de madera, su pavimento original preservado especialmente bajo el moderno, sus árboles y su gran patio techado con una cubierta liviana.

Nada de esto le importó al CAAP, que es muy sensible al FOT, la medida que dice cuánto se puede construir en un terreno dado. Hasta las representantes de Cultura, enviadas por la subsecretaria Josefina Delgado y la directora del Instituto Liliana Barela, son sensibilísimas a esta medida del negocio, mucho más que a las consideraciones culturales que se esperaría de ellas.

El problema para los especuladores es que sí les importó a los vecinos, que hicieron ya dos asambleas en La Cuadra sorprendentes por lo nutridas. Allí estuvo Basta de Demoler, el activo ombudsman adjunto Gerardo Gómez Coronado, la directora de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad, Mónica Capano, única miembro del CAAP que vota sistemáticamente a favor del patrimonio, y varios diputados porteños. La difusión de la protesta vecinal fue tal, que a toda velocidad se trató un proyecto para catalogar ambos edificios y salvarlos de la piqueta.

Como la cosa es inminente –en La Cuadra hasta hicieron cateos de suelos y el alquiler del restaurante vence el 31 de diciembre– nada menos que nueve diputados porteños pidieron y lograron un amparo para que los edificios no se demuelan. Bruno Screnci, Sergio Abrevaya, Diana Maffía, Adrián Camps, Eduardo Epszteyn, Martín Hourest, María José Lubertino y Adriana Montes se presentaron ante la Justicia este martes y consiguieron de inmediato una decisión judicial para que se frene la demolición mientras el Ministerio de Desarrollo Urbano le envía al juez información sobre los edificios y su destino.

Como nota final, ni siquiera llegaron a estar en el temario otros dos proyectos de gran peso, como son la ampliación del APH1 San Telmo y la ley de transferencia de FOT de edificios catalogados a otros puntos de la ciudad, una idea de la ex diputada Teresa de Anchorena que podría revolucionar la ecuación económica del problema.

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