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Sábado, 5 de noviembre de 2011

Una cuestión de rentas

El caso de la confitería Richmond permite ver cómo piensan en el gobierno porteño. Los especuladores vuelven a la carga contra la Casa Bemberg.

 Por Sergio Kiernan

El cierre de la confitería Richmond sigue siendo una causa judicial, con una medida cautelar del juez Fernando Lima. Todavía sin definir, el tema está siendo una verdadera lección de cómo se piensan las cosas en esta ciudad y en particular de cómo las piensa el gobierno porteño. Este jueves, el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, hizo una defensa de la propiedad privada que seguramente dejará orgulloso a su amigo y jefe político, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín. Que un ministro de Cultura hable como uno de Obras y Piquetas no extraña a quienes siguen estos temas en la ciudad de Buenos Aires.

La ocasión fue una audiencia de conciliación en el juzgado que, curiosamente, fue pedida por los nuevos dueños de la Richmond. Curiosamente porque, como les preguntaron los amparistas y hasta el propio juez, nadie entendía para qué la habían pedido si no trajeron ninguna propuesta diferente, ni siquiera una copia del diseño del local de Nike. Con lo que el encuentro se transformó en un debate en la cuestión ríspida de los límites al uso de bienes patrimoniales.

Para los empresarios la cuestión es simple: no existe ningún límite si uno acepta no demoler. Este argumento es conveniente porque aquí no se trata ni remotamente de demoler el edificio, ya que la Richmond abarca sólo el local y un subsuelo de un edificio mayor. Pero en todo lo que puedan demolerlo, los nuevos dueños lo demolerán. O mejor dicho, le dejarán al licenciatario de Nike hacerlo. Es que el famoso prediseño del futuro local ya fue mostrado en otra reunión, en el despacho de la diputada María José Lubertino, e incluye arrasar con todo excepto las columnas, que quedarán aunque pintadas de amarillo. Nike tiene una identidad corporativa y, al contrario que otras megaempresas como McDonalds, no la negocia ni en Versalles.

Lubertino y las representantes de Basta de Demoler María Carmen Usandivaras y Ana Bas insistieron con que la Ley 35 de Bares Notables es un límite más al uso de la propiedad, de los que la ley impone por todos lados. El abogado de los nuevos dueños discutía el tema con ardor y sólo guardaba silencio cuando se hablaba de la curiosa manera de comprar la confitería por cambio de acciones, algo que podría ser revisado por la AFIP.

Lombardi, que lucía cansadísimo, repitió varias veces que él “no se puede pronunciar en abstracto sino cuando le presenten una propuesta concreta”, con lo que afirmó saber menos que Lubertino, que al menos había visto el diseño de Nike. Luego dijo que “para el ministerio es legítimo prohibir un uso o permitir un uso, pero no obligar a un uso”. Lo que Lombardi quería decir es que, Ley 35 o no, para él no se podía obligar a quien comprara un bar notable a seguir teniendo un bar notable.

Es un razonamiento equivocado, porque lo que se le pide no es que obligue a un uso sino que prohíba un cambio de uso, algo que según parece sí entra en su horizonte intelectual. Entre Lubertino, Bas y Usandivaras le recordaron que la Richmond estaba en la lista de Bares Notables por lo que entraba de lleno en la alzada de la Ley 1227, que protege el patrimonio material y también el inmaterial. Lombardi no parecía conmovido.

Seguramente el ministro entiende perfectamente lo que está pasando, ya que es un experimentado hombre de negocios. Lo de la Richmond es una operación inmobiliaria más, la adquisición de un local muy bien ubicado para alquilarlo a treinta mil dólares por mes, como admitieron sin problemas los nuevos dueños. Que sea un bar notable, una catedral o una panchería es irrelevante al tema de fondo.

Lombardi dijo varias veces que la Richmond no es un negocio “sustentable” como confitería y hasta citó a la Unesco al respecto. Pero los nuevos dueños jamás pensaron en seguir el negocio, sea rentable o no, porque se dedican a otra cosa y porque treinta mil dólares por mes sin desvelarse ni madrugar para recibir al panadero tienen buen sabor. Como bien saben los dueños del Tortoni o de Las Violetas, lo que uno compra no es el local sino la poderosa marca, el hecho de poder decir “te veo en el Tortoni” sin tener que dar la dirección. Este haber tiene un valor inmenso, pero hay que madrugar para explotarlo.

Como dijo la diputada Lubertino, lo que realmente preocupa es escuchar a un ministro de Cultura razonar así.

OTRA VEZ LA BEMBERG

El dibujo de una fachada y el plano de corte que ilustran esta página son de la ya célebre Casa Bemberg, en Montevideo 1244, cuyo amparo fue fundacional para frenar las demoliciones que el Ejecutivo autorizaba mientras el Legislativo deliberaba. Los que la compraron, la firma IQ, querían hacer una caja de cristales de colores, muy alta, en reemplazo de la belleza francesa que ahí se alza ahora. No hubo caso de disuadirlos de hacer algo tan disruptivo en el entorno de una plaza ya castigada por un par de torres muy pobres en diseño pero muy altas. Esto que muestra el dibujo es la nueva versión, con los pisos de la residencia divididos en dos aprovechando su gran altura, y la caja de cristal de color montada encima de la mansarda. Según parece, todas las unidades serán de un ambiente –habrá que ver cómo es la planta que resulta de semejante laberinto– y se prevén tantos coches que se cavarán tres subsuelos de cocheras. Con el tránsito que pasa por ahí y la Santa Fe de doble mano a cien metros, el lío promete ser inolvidable.

Lo más curioso es que se dijo que los planos habían sido autorizados en mayo. Pero Basta de Demoler vio los planos en esos tiempos y eran otros. Estos parece que fueron aprobados por algún funcionario recién en septiembre, lo que crea la curiosa situación legal de andar sellando planos con una medida cautelar todavía vigente.

COMUNAS RECORTADAS

La Subsecretaría de Atención Ciudadana pierde en diciembre una caja que le encanta, los CGP, que le permitió a la poco conocida entidad dedicarse a hacer placitas siempre triangulares y siempre mucho más caras que cualquier otra obra de sus colegas del gobierno porteño. Lo que ocurre el mes que viene es que arrancan las comunas, se extinguen los Centros de Gestión y, se supone, los comuneros electos pasan a manejar sus funciones y dineros. Como expuso esta semana en la Legislatura porteña, el Ejecutivo piensa estirar los plazos lo más posible, aunque al macrismo le fue tan bien en las comunas como en la elección general.

El subsecretario de Atención Ciudadana explicó el presupuesto a los legisladores y dejó lívido a más de uno. Para empezar, las comunas ni están como tales en el Presupuesto, como lo exige la Ley 70, y el funcionario mostró que la transferencia de funciones será bien, pero bien gradual. Lo primero que van a recibir los comuneros es el control de los guardias de plazas y el padrinazgo. En abril próximo recibirán el encargo de la poda de árboles, las veredas y el bacheo, pero no podrán tener personal propio hasta junio. Recién en julio podrán hablar de luces o árboles, pero de cortar árboles en riesgo recién en octubre. Se podrán meter en obras en espacios verdes y veredas podrán recién en enero de 2013. Los presupuestos para todo esto serán bastante exiguos.

Pero como para que quede en claro quién manda, las comunas no pueden decidir reparaciones u obras, apenas pueden comunicar la necesidad a la subsecretaría. Los que tienen el poder en serio son las flamantes Unidades de Atención Ciudadana, creadas por decreto y con funcionarios no electos al frente, que responden directamente a la subsecretaría. Las Unidades compartirán edificio con las Comunas, pero dejando en claro que el edificio es de ellas y no de los elegidos por el voto, que van de invitados en un sistema vaciado de antemano.

LEY DE PATRIMONIO

Otra vez llega fin de año y hay que desvelarse por la Ley de Patrimonio, que vence el 31 de diciembre. El diputado Martín Hourest pidió que se trate de modo preferencial en la sesión del 17 de noviembre, para que no queden en el limbo más de tres mil edificios representativos y se caiga el flojo pero real sistema de trámite especial en el CAAP.

La ley original era la 2548, presentada a fines de 2007 por Teresa de Anchorena, que fue renovada en 2009 con la 3056 de Patricio Di Stefano. Así se fue frenando un tanto la piqueta, se ganó tiempo y se impuso la idea de que los edificios patrimoniales anteriores a 1941 tienen un valor intrínseco más allá de los metros que autoriza el código en tal o cual parcela. A falta de una ley permanente, con una entidad que en serio evalúe los pedidos de demolición y con una reforma del Código de Planeamiento Urbano que cierre esta etapa, la ley es indispensable.

LA CASITA

Para terminar con una buena noticia, siempre que se pueda, un comentario sobre la casita triangular de Pueyrredón y Anchorena, justo enfrente de otra de las placitas triangulares inventadas a precio de euros por Atención Ciudadana. En los últimos días hubo alarmas sobre la posibilidad de que el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales la hubiera “desestimado”, agravados por un cartel de obra. Nadie entendía: la casita es ya única, con sus hermanas demolidas hace mucho, está en perfecto estado y con sus mayólicas intactas, aloja una popular heladería, está habitada y se alza sobre un lote muy chiquito, inútil para hacer nada en altura. Pues la casa no fue desestimada y la obra que se ve es una de pintura y mantenimiento. Una alegría para un barrio que ya está rechinando los dientes por lo que le hicieron a su plaza Mitre, en la esquina de Las Heras.

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