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Sábado, 21 de abril de 2012

Cenicienta en Floresta

La Defensoría del Pueblo se pregunta sobre las cosas que dicen las inmobiliarias, mientras Villa Luro gana un amparo importante.

 Por Sergio Kiernan

Había una vez una Ley de Lealtad Comercial que devino una Cenicienta maltratada por sus hermanas, la Ley de Mercado y la Ley de Plusvalía. La tenían en la cocina, pobrecita, lavando los platos y fuera de la vista de cualquiera. No se puede hacer el anuncio, todavía, de que Lealtad Comercial haya encontrado a su príncipe azul, pero sí de que la caballería parece estar llegando.

El cuento empieza en Floresta, barrio que resultó de lo más aguerrido a la hora de defender su patrimonio. Los vecinos están ya más que alarmados por la peste de los segunda selección y los outlet, que llevaron el caos a sus calles y desataron una especulación frenética que se está cargando todo lo bueno de la zona. En estas páginas ya se hizo un catálogo parcial de demoliciones arteras, generalmente nocturnas, y de casas vandalizadas para que sea imposible preservarlas.

Los de Floresta lograron una ley creando un Area de Protección Histórica que, entre otras cosas, prohíbe terminantemente abrir locales en los edificios comprendidos. Esto no está siendo respetado y los vecinos ya circularon fotos de reformas hechas de apuro para abrir locales jamás habilitados pero sí abiertos y operando donde no está permitido. Según denuncian, Mercado y Plusvalía están de fiesta por Floresta, haciendo números. Por ejemplo, en Bacacay 3635, una casa de 287 metros cuadrados que fue vendida recientemente a 320.000 y ahora está en alquiler por 10.500 pesos mensuales. Esto significa una renta muy interesante, superior al seis por ciento, y abre una pregunta: ¿quién va a pagar un alquiler así por la casa?

Obviamente, dicen los vecinos, no una familia para habitarla sino algún emprendimiento comercial, explícitamente banido en el APH. Lo mismo, piensan, puede ocurrir en Bacacay 3610, una propiedad de 116 metros que se vende ahora a 720.000 dólares, un precio sorprendente hasta en Recoleta. Como la explicación más evidente es nuevamente un uso comercial, los vecinos están pensando en hacer una campaña para advertir a los potenciales inquilinos o compradores de la ilegalidad de hacer locales allí. Y también se comunicaron con la Defensoría del Pueblo.

Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto, recibió mails y más mails con fotos y detalles –los de Floresta son muy precisos en sus informaciones– y comenzó a investigar los anuncios de venta y alquiler dentro del APH. Lo que encontró fue que efectivamente se ofrecen por medios digitales o en papel contratos que no son posibles en el marco legal. El ombudsman adjunto también sabía que existe una ley que regula la actividad de los corredores inmobiliarios, que entre otras cosas obliga a que “la publicidad sea precisa, inequívoca, evitando incluir información que pueda inducir a error a los interesados”. Esto, entre otras cosas, significa ser claro y no mentir en las características y posibilidades de lo que se ofrece. Para más claridad, la ley prohíbe “efectuar publicidad que pueda inducir a engaño o en la que se insinúen operaciones contrarias a la ley”.

Como eso es una de las posibles explicaciones al fenómeno de Floresta, la defensora porteña Alicia Pierini acaba de emitir una resolución dirigida a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del gobierno porteño. Lo que pide es que esta dirección general actúe de oficio y determine si las inmobiliarias incluidas en la resolución quiebran o no la ley. También le gira al Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de esta ciudad una copia íntegra de la actuación, por si corresponde que disciplinen a los miembros de poca ética. ¿Aprovechará la corporación la chance de autorregularse?

CON CANDOMBE

Mientras todo esto discurre, hubo un poco de música el martes para defender la Casa Suiza de Rodríguez Peña y Corrientes. Como se sabe, el edificio es víctima de un proyecto particularmente mercenario, de diseño con frente de vidrio muy ramplón, varios niveles de cocheras y una mediocridad olvidable desde el dibujo. Para ganarse estos muchos dineros, se destruye un edificio muy famoso y más querido de lo que uno cree. Lo que se ve de la Casa Suiza desde la calle es una fachada alegremente Decó con dos locales a los lados y un logo modernista en cemento. El portal abre a un pasillo larguísimo que lleva a una sala de espectáculos. Quien entre en ella se encuentra en un edificio muy anterior, de finales del siglo XIX, y entiende que acaba de cruzar lo que fue un jardín, desarrollado hace casi un siglo para ganar una renta... Todo esto va a desaparecer para ganarse otra renta y el escrúpulo histórico, autorizado por el gobierno porteño en un gesto casi de sarcasmo, es “preservar” un portal interior que será pegado con epoxi en una nueva localización.

Los vecinos y Basta de Demoler se manifestaron este martes a las 19 frente a la Casa para protestar esta barbarie y lo hicieron con la música de la Asociación Misibamba, una banda de candombe de gran tradición. Ahí se pudo saber de la “conexión negra” de la Casa Suiza. Sucede que por muchos años, desde la década del veinte hasta 1978, la Casa alquilaba sus salones al Shimmy Club, toda una institución de los argentinos de ascendencia africana y un potente polo musical. Esta conexión explica también que la fiesta se hiciera este 17 de abril, que es el Día del Afroargentino de Tronco Colonial.

EL BAJON

La Justicia porteña acaba de frenar la especulación inmobiliaria en una zona de Villa Luro. El juez Juan Cataldo le hizo lugar al reclamo de los vecinos para que el gobierno porteño deje de emitir permisos de construcción en altura en una zona que ya tiene primera votación para limitar severamente el volumen de construcción. Era la avivada ya tradicional, de comprar, destruir y sacar permisos rapidito, antes de que se hicieran las audiencias y la segunda lectura de la ley. La zona así protegida es la que forman las calles Ercilla, Escalada, Acassuso y Basualdo, donde se podrán construir “sólo” cinco pisos. El fallo sigue la línea de otros logrados en Caballito, Villa Pueyrredón y Belgrano R, donde el gobierno porteño actuó con idéntica mala fe y parcialidad hacia los especuladores inmobiliarios. Los funcionarios del ramo se justifican diciendo que “no hay ley” para justificar que no den permisos pero, con tres fallos, ya pueden decir que sí hay jurisprudencia. Sólo que se trata del sector económico mimado y protegido de Mauricio Macri, su ministro Daniel Chain y su subsecretario Héctor Lostri.

De todos modos, el mercado se está enfriando, nada casualmente desde que entraron en vigencia los controles fiscales a la compra de dólares. Desde el 31 de octubre, informa el Colegio de Escribanos, se derrumbó el número de escrituras de compraventa realizadas. El último número disponible es el de febrero, que exhibe una baja del 18,1 por ciento respecto a octubre. Lo que no bajó fueron los precios, otra de las notables distorsiones de un mercado que parece inflexible a las leyes de la física y un refugio de fondos inexplicables.

EN EL TIGRE

Tenía que ocurrir, pero se notó por la dureza del fallo. La Justicia le puso un freno tajante a la especulación inmobiliaria en el Tigre al prohibir que se permita cualquier construcción o modificación de barrios privados y clubes en las islas del Delta. El juez José Servin le ordenó al municipio, además, que le presente un informe detallado de lo que ya se autorizó y construyó, y de lo que está en trámite. Lo llamativo es que Servin le dio plazo a la municipalidad local hasta el 28 de agosto, con lo que serán más de cuatro meses de amparo efectivo hasta que se decida la cuestión de fondo. Un golazo para la demandante, la Fundación Pro Tigre.

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