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Sábado, 16 de marzo de 2013

Judiciales y políticas

Una casa protegida en firme y los empedrados de San Telmo otra vez vandalizados por el gobierno muestran los límites de la preservación sin políticos comprometidos.

 Por Sergio Kiernan

Es desconcertante que un espacio regular sobre patrimonio se transforme primero en una trinchera –cuando quería hablar de la belleza y la preservación de esa belleza– y luego en una suerte de noticiero judicial. Pero así es la vida del porteño, calzada entre un gobierno local que no para de romper cosas y una oposición que, pese a los mensajes constantes, no termina de convencerse de que se puede hacer política hablando de patrimonio, de obra pública, de espacio urbano. No hay caso, con lo que todo termina una y otra vez ante la Justicia.

La semana pasada se habló en este espacio del freno a ese horror que es la destrucción del convento de Las Victorias, en Libertad y Paraguay, un evento que una sociedad civilizada no debería permitir. El convento tiene protección estructural, el más alto grado posible, pero eso no impidió que le cayeran encima dos espantos. Uno fue el horrendo proyecto de una torrezota enorme y vidriada, que lo deja enanizado y ridículo al surgir por encima y por ambos costados (¿en qué estaban pensando sus diseñadores? ¿No les da ni cosita hacer esto?). El otro fue la minuciosa destrucción de sus interiores y la demolición de la capilla lateral, algo posible sólo porque un gobierno amigo de la especulación inmobiliaria buscó la interpretación más amiga posible al negocio. Basta de Demoler logró frenar la obra primero y liquidarla después, con un amparo que resultó tajante y claro.

La ONG acaba de ganar otro amparo en apelación, el que protege un lindo petit hotel en la calle Sucre 2265 que tiene el valor agregado de llevar la firma de Francisco Gianotti. El edificio pasó de casa privada de fuste –hasta tiene ascensor de jaula para subir apenas un piso– a clínica de barrio con pocas alteraciones. Un buen día, se anunció un remate de obra, esa siniestra manera de prevender demoliciones en la que se pintan o pegan números sobre las boiseries, los pavimentos, las rejas, puertas y ventanas del edificio, se vende todo y se entrega al arrancar la demolición.

En ese momento, m2 fue a ver la exhibición junto a Mónica Capano, entonces todavía al frente de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural porteño. Basta de Demoler se presentó a la Justicia y descubrió una irregularidad de aquéllas: el permiso de demolición se había otorgado por ventanilla, sin el trámite de rigor por la ley 2548, que ordena que el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales se expida. El argumento del Ejecutivo porteño era fantástico, literalmente, porque le dijeron que el edificio no era anterior a 1941. A BdD no le costó encontrar fotos de la casa con autos a bigote y gente con rancho a la vista.

De hecho, no queda claro cuándo el autor de la Galería Güemes y de la Confitería del Molino hizo este edificio tan convencional para sus vuelos Art Nouveau. Pero la duda se limita a no saber si fue en 1912 o 1918, en cualquier caso décadas antes del límite de la ley 2548. La jueza Andrea Danas ordenó el 19 de marzo del año pasado que se frenara la obra por medio de una precautelar. Ahora quedó en firme.

Lo que lleva a lamentar que fuera tan incompleto el amparo respecto de las disruptivas obras en la Nueve de Julio, con las que el gobierno porteño quiere destruir nuestra gran avenida-parque. El amparo impidió que siguieran destrozando y matando árboles, al menos hasta que convencieran a la Justicia de que había un experto en serio al frente y que se iban a hacer las cosas menos torpemente. Pero el fallo no entró de ninguna manera en la cuestión de fondo, la de hacer o no un Metrobús. Esto muestra los límites del recurso judicial y subraya la falta de política en estas cuestiones urbanas. Se puede esperar que un juez entienda claramente la ilegalidad del trámite de demolición de un edificio puntual, y que frene sin vueltas una irregularidad tan clara. Pero pedirle que abarque una obra del tamaño y el peso del Metrobús...

CONTRA LOS ADOQUINES

El macrismo en funciones parece incapaz de dejar en paz los empedrados porteños, violando una y otra vez la ley que los protege. Hace unas semanas, los vecinos de Perú llegando a Finochietto salvaron los suyos maloneando a una cuadrilla que empezaba a levantarlos. Los de la calle Defensa ya están cansados de ver contratados merodeando, y ahora resulta que los de la primera cuadra de Carlos Calvo ya perdieron el suyo. Una cuadrilla levantó esta semana el empedrado original, lo subió a un camión y se lo llevó. Este jueves ya estaban volcando cemento en la parte superior y uno de los encargados de la obra, hablando con un vecino, avisó que iban a hormigonar y luego volver a poner adoquines. ¿Para qué? preguntó el vecino, consciente de que la calle estaba en buen estado. La respuesta fue un no sé y algo sobre que la plata debe andar sobrando.

Esta obrita al cuete es particularmente dañina por dos razones. Carlos Calvo a esa altura tenía uno de las ya raros empedrados en arquerías, con líneas curvadas, una técnica difícil en su momento y ahora simplemente imposible. Si se suma que el empedrado montado sobre hormigón bailotea sin agarre y terminan pegándolo con alquitrán, con lo que impermeabilizan la calle, se puede predecir que el resultado será como el de Recoleta, donde el empedrado así colocado es una ruina y una vergüenza pública.

Para peor, los encargados de la obra no se molestaron en cavar mucho, con lo que ya se ve que el hormigonado está casi a la altura del empedrado original. Esto va a elevar ridículamente el nivel de la calzada y va a crear un escalón a la altura de Balcarce. ¿Le sacarán también el empedrado?

CONTRA GOYA

Los lectores de este suplemento recordarán que el Senado de la Nación protegió a fin de año el casco histórico de la ciudad correntina de Goya. El caso fue sonado porque las veinte cuadras históricas tenían en contra al intendente local, a los arquitectos correntinos y a las “fuerzas vivas”, más bien avivadas, que no querían límite alguno a la libertad de empresa y especulación. Que el casco histórico sea una muy pequeña parte del éjido urbano de Goya, que conserve conjuntos ya raros en el país y que esté cargado de la historia de nuestra primera independencia y el período federal no parece impresionar a estos actores. De ahí la conmoción causada porque la protección llegara del nivel federal.

Al conocerse la medida, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, prometió recibir la ley con los brazos abiertos y hasta se animó a profetizar que también sería aprobada por unanimidad en su cámara. Lo primero lo cumplió, porque la ley ya está circulando por comisiones para su pronto voto. Pero lo segundo está amenazado por, justamente, correntinos, que tienen planeado cajonear el proyecto hasta que sea olvidado.

La historia quedó en claro este martes, cuando se trató el tema en la Comisión de Cultura de Diputados, que preside el socialista Roy Cortina. La ofensiva estuvo a cargo de dos kirchneristas, la sanjuanina Margarita Ferra de Bartol, vicepresidente de la comisión, y la correntina María Elena Petrona Chieno. Bartol le bajó el precio a la protección con argumentos como que “al final” nada en Goya “es colonial”, y que tanto hablar de Camila O’Gorman es exagerado. Chieno, que es local, fue más al punto explicando que “la comunidad no acepta el proyecto” porque si lo aceptara lo habrían votado como una protección local.

De hecho, Chieno hasta citó al director de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Nación, Alberto Petrina, que según ella le explicó que si se protegía el casco histórico habría que “gastar” en protegerlo y cuidarlo. La conclusión de la diputada fue que mejor dejar que se cayera en lugar de andar gastando en esas cosas.

La paradoja política de esta situación es que el proyecto fue impulsado por el kirchnerismo, salió por unanimidad en el Senado y tuvo un sutil, pero claro respaldo desde la Casa Rosada. ¿Cómo matarlo? La respuesta la andaba dando sin vueltas una dicharachera asesora, muy senior, que explicaba que por supuesto que nadie iba a votar en contra del proyecto, pero que para eso estaban los cajones profundos de la comisión, donde todo entra y todo puede dormir cómodo. De hecho, parte del truco sería “mandar a estudio” el tema, pese a que ya fue estudiado, votado y aprobado por el Senado.

En la misma sesión de las diez de la mañana, en la sala 5 se iba a discutir el urgente proyecto de la diputada María del Carmen Bianchi para declarar la Nueve de Julio un lugar histórico bajo la éjida de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Después de escuchar el argumento de que si el intendente de Goya se opone a la preservación de un casco histórico hay que prestarle atención, esto de frenar a Mauricio Macri arrancó debilitado. El diputado Cortina hasta se permitió preguntar, tal vez con ironía, por qué Bianchi no traía un despacho de la Comisión Nacional sobre el tema. La diputada tuvo que admitir que lo había pedido, pero que la entidad que preside el arquitecto Juan Martín Repetto se reúne poco y es muy difícil sacarle un parecer.

De hecho, ya va para años que se espera que Repetto y su comisión opinen sobre los vagones del subte A, tantos años que las piezas se pudren en patios al aire libre. Repetto es el ex secretario de Obras Públicas bonaerenses que dejó pasar dos años antes de reparar la capilla donde se casaron Perón y Evita: tenía los fondos, pero no empezó el trabajo hasta que una tormenta le voló los techos. Fue inmediatamente relevado de su cargo, pero nadie parece haber pensado que si se le derrumba el patrimonio no debería estar a cargo de la comisión específica a nivel nacional.

Entre la abulia repettista y el lobby goyesco, habrá que ver si Goya logra salvar su patrimonio este año, antes de que la piqueta haga su negocio.

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SUCRE 2265, UN EXITO DE BASTA DE DEMOLER Y UN TIPICO CASO MEJOR MANEJADO POR LA JUSTICIA QUE POR LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD.
 
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