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Durante una de las maratónicas sesiones parlamentarias de diciembre se aprobó en la Legislatura un proyecto de ley para la Comuna 8 basado –y drásticamente modificado– en el promovido originalmente por el PRO con la pretenciosa denominación de “Plan Maestro para la Comuna 8”.

No es la primera vez que una gestión utiliza títulos ampulosos para presentar en sociedad una simple compilación de proyectos y medidas que bien podrían haberse tratado por separado, como parece que terminará ocurriendo, ni tampoco que los postergados barrios de Soldati y Lugano sean utilizados como campo de experimentación empírico de proyectos cuestionables. Pero antes de entrar en el análisis de cada una de las propuestas que conforman el Plan Maestro, que contienen aspectos auspiciosos, medidas cuestionables y otras en que será necesario ver el detalle de su instrumentación, del análisis de sus fundamentos uno encuentra una contradicción esencial, que motivó el título de esta columna como es la mención a la experiencia descentralizadora de la ciudad de Medellín como fuente inspiradora de este proyecto.

Quienes lo presentan lo encuadran dentro de los lineamientos del Modelo Territorial del Plan Urbano Ambiental y a su vez plantean su inspiración en la ciudad de Medellín. Tanto el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires como el exitoso modelo de gestión urbana de la ciudad antioqueña están basados en la gestión participativa.

Los lectores de m2 tuvieron oportunidad de leer la nota que publicamos sobre nuestra experiencia en la ciudad colombiana (http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10237120121013.html). Refresquemos la memoria sobre el ejemplo “paisa”: el Ejecutivo baja a los barrios y comunas de Medellín a dialogar y consensuar con los vecinos las obras o proyectos que se quieren hacer, basados en el Plan Regulador. Es decir: las áreas técnicas ejecutan y les dan forma a las ideas y proyectos consensuados con los vecinos y no al revés, como ocurre en nuestra ciudad.

Otro aspecto no menor es la calidad de los materiales y proyectos destinados a las áreas postergadas. En Medellín, la mejor escuela y el mejor hospital se construyeron en barrios marginales. En nuestra ciudad, la diferencia de 55 millones de pesos por kilómetro en el costo de construcción del Metrobús de la 9 de Julio y el del Sur fue justificada por el responsable del área aduciendo: “En la 9 de Julio elegimos los materiales más caros, los más estéticos y lo que mejor se confunde con el espacio verde que tiene la zona”, y amplió: “¿Podríamos haber usado otros más baratos? Sí, claro, pero la decisión la tomamos como gobierno”.

Como se aprecia, las diferencias con la ciudad colombiana son abismales, pero el problema principal –por lo menos para una institución de defensa de derechos y garantías como es la Defensoría del Pueblo– es la omisión de las propias normas y principios de democracia participativa que surgen de la Constitución de la Ciudad y de los lineamientos del Plan Urbano: el Plan Maestro de la Comuna 8 se confeccionó sin la concurrencia de los vecinos de Lugano, Soldati y Villa Riachuelo, que conforman esa comuna.

Tanto por el ejemplo que deben dar los gobiernos en el respeto de las normas como por la propia eficacia de la instrumentación del plan, sería conveniente que lo que no se hizo de un principio se realice ahora, sometiendo esta iniciativa al debate en los barrios y que sean los propios vecinos los protagonistas de los cambios urbanísticos.

* Defensor adjunto del Pueblo de la CABA.