La justicia provincial le ordenó al gobierno de Jorge Obeid que en el plazo de un mes garantice la presión de agua debida a vecinos de distintos barrios de la zona oeste. La resolución fue dictada por la sala 1ª de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de los Tribunales provinciales de Rosario. De esta forma el tribunal de alzada confirmó parcialmente el fallo de la jueza Liliana Giorgetti, que -en primera instancia- había otorgado seis meses para que la empresa resolviera el problema en el suministro del vital elemento.

Los camaristas ordenaron en esta resolución, que el estado provincial en su carácter de poder concedente normalice la presión de agua en un mes, porque de aceptarse el plazo de seis meses fijado originalmente, los vecinos sufrirían problemas en plena temporada de verano.

Por el contrario la Cámara rechazó la pretensión de los vecinos que pretendían la construcción de cloacas en la zona, entendiendo que este tema es resorte de la empresa y de la provincia. No obstante el tribunal decidió notificar esto al estado provincial. Esta medida judicial beneficia a usuarios de los barrios comprendidos en el ámbito del Distrito Municipal Oeste, donde habitan más de 100 mil personas.

La causa que tiene como abogado patrocinante al letrado Jorge López Mirosevich tuvo su primer capítulo el 8 de junio de este año, con el fallo de la jueza Giorgetti que fijaba que el estado provincial debía garantizar en toda la ciudad la adecuada presión de agua potable. Y lo intimaba a colocar cuatro monitores para medir permanentemente el servicio prestado.

El fallo habia surgido como consecuencia de una demanda presentada por un grupo de familias del distrito oeste que, amparándose en la ley 10 mil de intereses difusos reclamaron por la continua falta de servicio y el deficiente estado de las cloacas a cielo abierto en la zona. El juzgado a cargo de la magistrada Liliana Giorgetti habia otorgado seis meses para que la provincia cumpla con la sentencia.

La empresa Aguas Provinciales tenía la obligación de colocar cuatro monitores para medir la presión del agua, a raíz de una resolución del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), pero nunca cumplió. Ante esto la jueza civil y comercial de la 8ª nominación consideró que, a pesar de que se haya concesionado, el Estado provincial tiene la obligación de garantizar el servicio de agua y cloacas en caso que la prestadora no brinde la prestación en forma adecuada. Aunque la primera responsable es Aguas Provinciales, la magistrada entendió que ante su incumplimiento ahora será el Estado santafesino el que debería garantizar el servicio vital a los vecinos.