Una joven de 28 años fue expulsada del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) de la ciudad de Santa Fe, adonde estudiaba para ser policía, por una contravención en 2002. Entonces, la joven era trabajadora sexual. Según una nota firmada por el propio Juez de Faltas, Héctor Valli, la sanción prescribió. Hace siete años, la mujer se encontraba en situación de prostitución, pero al poco tiempo dejó de ejercer el trabajo sexual, y con dos hijos pequeños para mantener, tuvo distintos trabajos: fue empleada doméstica, se desempeñó en seguridad privada, y fue ayudante de cocina en restaurantes de la capital provincial. Este año se inscribió en la escuela, pasó todos los exámenes con buenas calificaciones, renunció a su anterior empleo y se abocó a estudiar. "Quiero ser policía para estar en la calle, para prevenir los delitos, para honrar ese trabajo tan importante", explicó. Justamente, durante los tres meses que cursó en la escuela compró la indumentaria policial que le exigían. Para eso, hizo y vendió empanadas, una actividad que le permitió solventar el gasto, como así también los colectivos y el material de estudio. En junio, le comunicaron que no podía continuar cursando. "No saben el daño que me hicieron", expresa la joven, sin poder contener el llanto.

Pero Laura -así se llama la mujer no se quedó quieta. Sabía que estaban vulnerando sus derechos y recurrió a la delegación santafesina del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). La delegada, Stella Vallejos, tomó el tema, que después de distintas gestiones llegó hasta la fiscalía de Estado. "En principio iniciamos una gestión de buenos oficios, creímos que sería necesario. En general, impulsamos este tipo de gestión porque los juicios por discriminación son muy engorrosos y largos. Pero ha pasado mucho tiempo, dos meses desde la audiencia en Fiscalía de Estado, y no hay respuestas. Esto se enmarca en violencia institucional", indicó Vallejos.

Cuando le comunicaron la expulsión de la escuela, las autoridades indicaron que la ley 12.333, en su artículo 8 inciso d, prohíbe ingresar a la escuela con antecedentes de contravenciones. La gestión del INADI incluyó a la directora del ISEP, Adela Aichino, quien argumentó que era una cuestión reglamentaria. Por eso se le pidió opinión al ex secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Iparraguirre, quien emitió una recomendación para modificar esa normativa. El secretario de Justicia, Roberto Vicente y la Directora de la Mujer, María Rosa Ameduri, fueron otros funcionarios consultados por la delegada del INADI.

Todas las gestiones derivaron en una audiencia pública con el fiscal de Estado Jorge Barraguirre, que se realizó el 16 de octubre pasado. Laura llevó todas las constancias que tenía: los buenos conceptos que recibió en la escuela, la nota del juez Valli donde constaba la prescripción de la falta, la renuncia a su trabajo anterior. Y sobre todo, argumentó su voluntad de ser "una buena policía". Desde entonces, la joven espera un dictamen que permita reintegrarla a la escuela de policía.

Laura tiene dos hijos, de 10 y 6 años. En diálogo con Rosario/12, la joven recordó cómo llegó a la situación de prostitución. "Cuando el nene tenía dos añitos, me quedé sin trabajo, y tuve que salir a hacer eso. Yo me arrepiento un montón. Para mí fue un error, pero yo era chica y aparte" Creo que tendrían que darme la oportunidad. Fue hace siete años", expresó. Y subrayó que hubo una larga transición entre aquella etapa de su vida y la actual. "Yo no salí de aquello y vine de inmediato a inscribirme en al escuela de policía. Pasaron años, trabajé en muchísimas cosas", argumentó.

Una oportunidad, eso es lo que pidió la joven. "Lo mío está todo cerrado, yo no tengo nada, no le debo nada a nadie. La contravención es de 2002, hice todo lo que pude hacer para que me den una oportunidad. Cuando tuve que pedir concepto en la escuela, todos se sorprendieron porque me iba bien, todo el esfuerzo que puedo hacer, lo hago porque quiero ser policía", indicó Laura.

La situación de violencia que vive Laura tiene su origen en los artículos del Código de Faltas que penalizan la prostitución. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de la diputada Lucrecia Aranda para derogarlos, pero los efectos de esta norma arbitraria quedan a la vista. Y también del sexismo que circula en las instituciones. "¿Cuántos varones dentro de la fuerza y de la institución policial seguramente han utilizado los servicios de mujeres en situación de prostitución? No seamos hipócritas", expresó indignada Vallejos.