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La decisión de la Cámara de Diputados brasileña de aprobar el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff demuestra que en las democracias latinoamericanas actuales no es necesario haber cometido un delito, y menos que haya pruebas, para lograr la destitución de un gobierno. La estrategia de los sectores golpistas se ha aggiornado y ya no recurren a la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas sino que aprovechan los mecanismos que brinda la propia democracia para avanzar contra ella.

Con un discurso apolítico, conservador y reaccionario, invocando a Dios, la familia o en contra del comunismo, los representantes de los diferentes Estados, apoyados por los sectores más concentrados del capital nacional e internacional, la gigantesca corporación de medios y parte del sistema judicial, y aprovechando el innegable malestar popular generado por la crisis económica y social y las denuncias de corrupción, votaron a favor del impeachment.

Un párrafo aparte merecen las palabras del legislador Jair Bolsonaro de Río, que le dedicó su voto a los que torturaron a Dilma durante su encierro en plena dictadura. La violencia contra ella no tiene filtros, ni medida. El sistema patriarcal no tolera que sea mujer, militante y, sobre todo, que haya alcanzado el máximo puesto de poder político en su país a través del voto de 54 millones de ciudadanos y ciudadanas en elecciones libres. Se le adjudica debilidad, falta de mando y, como siempre, se la quiere hacer aparecer como loca.

Si bien se ha intentado manchar su imagen involucrándola en el escándalo de Petrobras, donde numerosos funcionarios de todos los partidos recibieron coimas por parte de empresas a cambio de contratos, su acusación nada tiene que ver con esto, sino con el incumplimiento de normas fiscales. De hecho, muchos de los que hoy alientan su destitución están siendo investigados por este resonante caso. Es el caso del presidente de la Cámara de Diputado, Eduardo Cunha, el gran

promotor del juicio político, quien está procesado por recibir sobornos millonarios que están escondidos en cuentas suizas y aparece en los Panama Papers vinculado a empresas offshore. La conspiración contra Dilma parece no poder detenerse. Ahora todo está en manos del Senado, donde una comisión especial deberá emitir un dictamen respecto a la recomendación de los diputados, aunque se descuenta que su suerte está echada. Desde el Partido Si seguiremos denunciado la avanzada destituyente contra su gobierno. Alicia Gutiérrez, Cristian Riom, Gustavo Gamboa. Partido Solidaridad e Igualdad (SI)

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