SOCIEDAD › JUECES Y FUNCIONARIOS EN UNA JORNADA DEBATE POR LOS MENORES Y LA LEY

Los pibes del sistema (penal)

Organizada por el Centro de Capacitación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, en la jornada se planteó la preocupación de los magistrados del área por la ausencia del marco jurídico y de la necesaria estructura para dar cumplimiento a las normas. Desde la provincia se pretende trabajar al amparo de la Ley Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

 Por Alicia Simeoni

Silvia Crescente es abogada, docente universitaria en la Residencia de Minoridad y Familia de la Facultad de Abogacía de la UNR y desde hace dos meses titular de la Dirección de Justicia Penal Juvenil -que reemplaza a la que fue durante tanto tiempo la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal. La aspiración-mandato que surge de la reflexión de Crescente es que el cambio de denominación no es una formalidad sino que responde a una concepción distinta del abordaje con niños y adolescentes que transgredieron la ley. El paradigma que tiene que guiar todo el trabajo es el que contempla la Ley Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y que los ubica como sujetos de derecho en el marco constitucional que comprende los tratados internacionales en la materia. Crescente define dos ejes de trabajo sobre los que se van delineando las políticas del área, uno es el diseño de dispositivos que respeten los derechos y garantías de los jóvenes imputados o declarados penalmente responsables. El otro, es el que aborda la tarea para que el joven pueda responsabilizarse de sus actos y que debe acompañarse con políticas de inclusión. La idea es que esta justicia penal debe ser "más reparadora que sancionatoria", dijo a Rosario/12 y que se disponga de redes de contención que eviten que el chico vuelva a infringir la ley y a circular otra vez por los dispositivos penales. La directora provincial habló el jueves pasado ante el fuero de Menores en una jornada organizada por el Centro de Capacitación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Allí se planteó la preocupación de los magistrados del área por la ausencia del marco jurídico y de la necesaria estructura para dar cumplimiento a la protección. Silvia Crescente habló con este diario sobre el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (IRAR). Así confirmó el proyecto de cierre del lugar de detención que ha sido calificado de 'infrahumano' por distintas voces que trabajan alrededor de la problemática. También se refirió a los cambios que, mientras se cuente con nuevos espacios institucionales como los que se anunciaron tiempo atrás desde el Ministerio de Justicia, se trabajan en el instituto de Cullen y Saavedra. "Estamos trabajando con distintos recursos: uno es el de un sistema abierto, tal el de libertad asistida y creo que en la idea de justicia reparadora es interesante la experiencia del trabajo comunitario que da cuenta, sobre todo para él mismo joven, de aquello que puede hacer, ya que opera sobre una subjetividad que viene deteriorada por su entorno de vida. Se trata de fortalecer la autoestima al modo de decir 'yo puedo, puedo convivir y reinsertarme en una convivencia pacífica'. Esto es, en algún sentido, preventivo del delito".

-¿Se puede hablar de plazos para instrumentar, por ejemplo, los trabajos comunitarios que menciona?

-Vamos a trabajar con un cronograma que empezará a fines de julio con la capacitación de todo el personal de la dirección en cuanto al significado del nuevo encuadre normativo que implica un abordaje diferente del que se hizo durante tantos años. La capacitación es indispensable para tener en claro cuáles serán nuestras prácticas y que se encuadren dentro de los principios constitucionales. En ese marco se fortalecerán los dispositivos de libertad asistida con la instrumentación de los trabajos comunitarios. Pero además resulta urgente abordar la problemática que se presenta en los sitios cerrados, específicamente en el IRAR, en Rosario, o en el pabellón juvenil de Las Flores, en Santa Fe, donde nos encontramos con dificultades multicausales, lógicas de trabajo diferentes, deterioros edilicios y falta o insuficiencia de capacitación del personal para abordar la cuestión de los derechos y a la vez la responsabilidad de los chicos. De allí que nos reunamos los integrantes de distintos ministerios para trabajar sobre cómo será la estada y permanencia del joven en la institución. La idea es que también el chico pueda pensarse en un afuera y en una convivencia pacífica cuando ya cumplió con la sanción penal o la medida socioeducativa que dispuso el juez que interviene..

-Usted habló de las dificultades multicausales de los sitios en donde se aloja a quienes se priva de libertad. El IRAR es específicamente un sitio que el gobierno provincial se comprometió a cerrar porque fue reiteradamente ubicado como violatorio de los derechos humanos.

-Sí el IRAR se va a cerrar y como ya se dijo en diversas oportunidades se piensa en otro tipo de instituciones. Mientras tanto estamos armando una estada distinta a través de una cantidad de talleres nuevos -de huerta, de carpintería, de herrería. Pero también,y por los convenios realizados con el Ministerio de Innovación y Cultura, hay talleres de artes urbanas, de lectura, y minirecitales. Además y en materia de educación logramos algo que parecía muy difícil cuando comenzamos a trabajar. La mayoría de los chicos no asistían a la escuela porque no tenían motivación para levantarse, estaban todo el día en las celdas. Había alguna oferta de talleres pero no salían de sus lugares de encierro. Por otra parte había ciertas resistencias de las lógicas relacionadas con la seguridad. El tema se abordó tratando de quebrar estas lógicas para promover las que tuvieran que ver con el respeto de los derechos de los jóvenes privados de libertad. De esta manera se sostuvo la idea de una asistencia sistemática a la escuela como ámbito de convivencia y para eso fue importante que la concurrencia no se planteara tan fragmentada. Es que los jóvenes concurrían de a uno, dos o tres. Parecía imposible que no se presentaran situaciones de conflicto. Hoy por hoy se logró reunir a integrantes de distintos pabellones y concurren de a 10 jóvenes. Como es altísima la movilidad de los detenidos era difícil poder desarrollar un programa como en cualquier escuela. Se acordó entonces hacer unidades temáticas semanales y los chicos pueden irse con algunos recursos simbólicos adquiridos en función de lo que aprendieron. Otra experiencia es la posibilidad de verse a sí mismos como quienes pueden compartir un espacio con jóvenes de otros pabellones sin que haya conflicto, es decir en convivencia pacífica.

Crescente dice que hasta el jueves pasado había 23 personas en el IRAR, que hasta dos meses el número era de 41 chicos y que entre ellos estaban alojados algunos no punibles. El cambio numérico tuvo que ver con la orientación hacia otras instituciones de régimen abierto, Casa Joven en General Lagos y Casa del Adolescente."Otro de los ejes sobre el que trabajamos es el seguimiento de la legalidad de las privaciones de la libertad y para ello hay designado un abogado.

-¿En qué piensa la dirección para que los chicos no punibles no estén en un lugar de encierro y a la vez, en que se protejan sus derechos y la posibilidad de intervenciones interdisciplinarias que les brinden nuevos recursos posibilitadores del proceso de crecimiento?

-Esto sucedió a partir de la Ley Penal de la Minoridad que prevé, respecto del menor no punible, que los jueces pueden disponer de los chicos, inclusive internarlos. Este decreto, el 22.278, fue revisado por un fallo de la Cámara de Casación que declaró la inconstitucionalidad del artículo primero. Creo que los jueces han tomado esto, nosotros también, y propiciamos el egreso de los jóvenes en esa franja etárea. Prácticamente no tenemos, en el IRAR, detenciones de chicos no punibles. Es un avance importante y también un esfuerzo por parte del fuero de Menores en la búsqueda de otras alternativas que puedan utilizar al que es, justamente, un centro de alta contención como el Instituto de Rehabilitación.

-Quienes integran ese fuero de Menores plantean, casi como una encrucijada, las dificultades para actuar cuando hay una ley nacional de protección y también está vigente el régimen penal de la Minoridad, de filosofía y disposiciones que se oponen al espíritu de la primera norma. Expresan que se encuentran sin el recurso jurídico adecuado y también sin la estructura indispensable para cumplir con la ley de protección.

-Creo que respecto de los jóvenes punibles hay una estructura que desde la dirección se está tratando de organizar de manera intersectorial e interministerial y que, más allá, de lo que tiene que ver con fallas edilicias muy importantes, en lo relacionado con la convivencia se avanza con el respeto por los parámetros que prevé la Convención de los Derechos del Niño. Es un camino que recién empezamos a transitar, pero a la vez nos sentimos cada vez más firmes en lo que estamos haciendo. De ahí que desde hace dos semanas incorporamos a quienes se llama tutores de desarrollo que son, en este momento, psicólogos que vienen a acompañar al joven en la construcción del proyectarse hacia el afuera de la institución. Esto tiene que ver con un plan de vida individual y con el abordaje singular de las situaciones conflictivas que presenta cada chico. Esto es lo que se trabaja desde el proyecto Zoe, que significa vida en griego, y que se acompañará, además, con una iniciativa que tiene que ver con la propia identidad del joven: se entregará a cada uno de quienes están privados de libertad un equipo con ropa y elementos de higiene personal que hacen a lo elemental de la privacidad. También por eso habrá una mochila que lleve el nombre de cada uno.

-Usted hace mucho hincapié en el poder pensar en el afuera pero la propia sociedad es la que tiene arraigada las visiones y los discursos estigmatizantes y apocalípticos alrededor de que con ellos nada se puede hacer ¿Se piensa en estrategias de sensibilización social?.

-Hay que articular el afuera del joven con políticas de inclusión social y que sirvan como red de contención de un tejido social que está roto en muchos aspectos. Lo que está roto también es lo que podría ser un estatuto de solidaridad social donde pueda concientizarse acerca de que un buen trabajo de contención repercute en una sociedad más segura. Los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social se entrelazarán cada vez más en políticas universales que no siempre deberán ser focalizadas. Y en el pabellón juvenil de Las Flores, en Santa Fe, la propuesta surgió para trabajar desde el Ministerio de Educación a través de los Centros de Acción Juvenil (CAJ). Esta es una respuesta que da el Estado cuando se piensa que la columna vertebral de la medida socioeducativa que deba realizar un joven está en la educación.

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Silvia Crescente, titular de la Dirección de Justicia Penal Juvenil.
Imagen: Alberto Gentilcore
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