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Lunes, 10 de abril de 2006

OPINIóN

La mayoría sí que tiene necesidades

El oficialismo municipal abre en el Concejo una nueva modalidad, la de los
aliados ocasionales. Si para aumentar la TGI recurrió a los ediles del ARI, ahora echó mano a un ex viejo enemigo, Jorge Boasso. Pero esta vez el radical salió mejor parado que aquella vez los seguidores de Lilita Carrió.

 Por Leo Ricciardino

El 12 de marzo pasado, en esta misma columna, se reflexionaba sobre la política local bajo el título "Hasta la mayoría tiene necesidades". Casi un mes después, el título cobra todo el sentido a raíz de lo que ha pasado esta semana en el Concejo Municipal. Es decir, la alianza inesperada, estratégica y coyuntural con quien fue el más notorio de los enemigos del socialismo en los últimos años: el edil radical Jorge Boasso. La necesidad de éste de desplazar del centro de la escena a otra radical, Daniela León, más la convicción de la mayoría oficialista en el Concejo de no recurrir permanentemente al doble voto de su presidente Miguel Zamarini para desempatar las votaciones, operaron el milagro.

La rara alquimia dio como resultado un aumento del boleto del transporte urbano, mucho menos traumático de lo que parecía iba a ser en el recinto. No hay que olvidar que el propio intendente Miguel Lifschitz había solicitado la cesión de las facultades del cuerpo para evitar, por un lado, que los concejales temieran pagar el costo político del incremento y por lo tanto prolongaran el conflicto en el servicio. Y, por el otro, para asegurarse de que el trámite se cumpliría rápidamente. No era una locura: Los últimos dos aumentos de la tarifa de los colectivos lo habían otorgado los intendentes Héctor Cavallero, primero, y Hermes Binner después, aunque con la diferencia de que no necesitaron reclamar la cesión de facultades, sino que fue el propio Concejo quien se apuró a cederlas.

Los sorpresivos socios tenían para ganar y así resultó. Para el oficialismo, a partir de esta instancia, se abre un nuevo escenario en el Concejo, el escenario de las alianzas ocasionales. Fueron los concejales del ARI en el aumento de la Tasa General de Inmuebles y ahora el radicalismo "rebelde" para el incremento del boleto. Los amagues de Daniela León (en realidad de su esposo el diputado provincial Juan Carlos Millet), la dejaron a contramano y tendrá que renovar sus lazos con el oficialismo que, en este tema, había hecho muchos esfuerzos para contar con su apoyo irrestricto. En rigor, y tal como se publicó en esta columna, el Ejecutivo esperó que pasen las internas radicales del 26 de marzo para plantear el tema del boleto y no comprometer a León. Pero cuando pasaron esas elecciones, la concejala fue la primera en decir que había recibido "instrucciones" de su partido de no ceder las facultades para que Lifschitz terminara siendo el impulsor de la modificación tarifaria.

La determinación, si bien se basaba en el argumento de no debilitar al Concejo institucionalmente al ceder la que debe ser una de sus decisiones más importantes, escondía también la sobrevaloración de la concejala León moviéndose como aliada exclusiva del socialismo en los pasillos de la política local.

Boasso salió a cortarle el camino con un sentido más que práctico. "Si seguimos tirando piedras desde afuera, vamos a dejar de existir. Tenemos que recobrar protagonismo desde la oposición y de paso cortarle las alas a esta chica que cree que es imprescindible para el funcionamiento del socialismo en el Concejo", confesó a este cronista un colaborador cercano de Boasso. Y el objetivo se cumplió: León terminó votando el aumento (esto nunca estuvo en duda) a regañadientes y enojada por los casilleros que la habían hecho retroceder.

Boasso, a pesar de tener que desandar un largo camino de agravios prolijamente construido en las últimas internas con los socialistas; no pagó un costo político tan alto como el que sí tuvieron que oblar Nire Roldán y Carlos Comi desde el ARI, cuando abrieron la puerta para el aumento de la Tasa Municipal. El incremento del boleto era algo que se esperaba y son -en definitiva, 20 centavos-. La TGI en cambio, fue un mazazo del que gran parte de la ciudadanía aún no se repone y cuyo daño estructural hacia la consideración de la gestión municipal, aún no ha sido debidamente mensurado. Encima el ARI se equivocó feo en el debate por el costo del boleto, proponiendo que la provincia dejara de cobrar Ingresos Brutos al sistema, cuando en rigor la incidencia de este tributo en la estructura de costos es muy baja, mucho menor a lo que Comi había calculado.

El peronismo por su lado, estiró la cuerda hasta que pudo. Hizo política con la oposición al aumento de boleto hasta el límite, pero no estuvo dispuesto a pagar las consecuencias sobre una posible y peligrosa prórroga en el conflicto del transporte, a partir de los paros de los choferes. Así que dió quórum y permitió que el aumento se destrabe aún sin su consentimiento.

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