Finalmente, la Universidad Nacional de Rosario recibirá los fondos provenientes de la explotación minera. Así lo resolvió ayer el Consejo Superior de la UNR que desestimó un planteo de un grupo de consejeros tendiente a desestimar ese aporte por la contaminación de la firma La Alumbrera. Al mismo tiempo, el oficialismo propuso un amplio debate en la comunidad sobre la minería, para modificar la legislación vigente.

Desde Rectorado plantearon que -por dictamen de la comisión de Interpretación y Reglamentos- el dinero no puede rechazarse, ya que no se trata de un aporte a modo de donación, sino de un cargo dispuesto por ley. El rector Darío Maiorana informó que desde el Consejo Universitario Nacional (órgano que reúne a todas la Universidades Nacionales del país), vienen trabajando con distintas organizaciones no gubernamentales vinculadas al medio ambiente para modificar la legislación, de manera que contemple el cuidado del medio ambiente. También el CIN aprobó que parte de los 50 millones de pesos serán destinados a proyectos de investigaciones científicas para el desarrollo de una minería sustentable, para el año próximo.

La decisión de rechazar el proyecto de la agrupación Santiago Pampillón pero convocar a un amplio debate se produjo "en consonancia con lo dispuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional, y la mayoría de las universidades nacionales, como la del Litoral y de Entre Ríos".

El Consejo Superior decidió también "exigir al Estado nacional y a las provincias que cumplan con sus obligaciones de velar por una explotación sustentable de los recursos naturales, y la utilización de métodos que tengan impactos mínimos en el medio ambiente, y fundamentalmente que vele por el cuidado de la salud humana y de los ecosistemas".

El tema se trató ayer en el órgano deliberativo de la UNR a partir del dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos, firmado por los decanos de Psicología, Ovide Menim, de Humanidades y Arte, Daniel Musitano y de Ingeniería , Oscar Peire, entre otros. De acuerdo con esa resolución, "no es posible aceptar o rechazar los fondos, ya que no son producto de una transferencia voluntaria ni donación de la titular de la explotación, sino que estos fondos se incorporan al presupuesto de cada universidad en virtud de una ley que debe cumplirse".