A casi un mes de la detención de los ocho acusados --cuatro con domiciliaria-- por la desaparición de Paula Perassi, su padre lamentó que la causa esté "paralizada" y reclamó "que se aparte" el juez sanlorencino Juan José Tutau. "Así no voy a encontrar nunca los huesos de mi hija", expresó Alberto, quien estuvo ayer encadenado en la puerta de los Tribunales de San Lorenzo, en reclamo de avances en la investigación que se inició en septiembre de 2011. "Si el juez está en una situación difícil, porque hasta fue amenazado, que se corra y que le dé la posibilidad a otra persona que ponga lo que tiene que poner", razonó el hombre. "El vio como se trabajó desde la Fiscalía, la querella y la Cámara Penal para que los imputados vuelvan a estar preso; pero cuando la causa vuelve al juez de primera instancia, no ve avances", señaló Adrián Ruiz, abogado de la querella. En las últimas semanas, Tutau rechazó el pedido de detención del exjefe de Policía de San Lorenzo, Marcelo Egido, quien estaba a cargo de la Unidad Regional cuando desapareció Paula y se sospecha que estuvo involucrado con los cinco policías imputados por el encubrimiento del hecho. Ahora, la familia apeló esa decisión y espera nueva audiencia oral.

La desesperación por encontrar --como él dice-- los huesos de su hija, llevó ayer a Alberto a volver a encadenarse en la puerta de los Tribunales sanlorencinos. Desde allí reclamó que "de una vez por todas" le devuelvan el cuerpo de Paula, la mujer de 34 años que salió de su casa la noche del 18 de septiembre de 2011 y nunca regresó. En ese contexto, Alberto recordó que el juez Tutau "fue amenazado" por el excomisario Adolfo Puyol, uno de los presos, cuando éste fue notificado de su procesamiento el año pasado; y pidió que el magistrado "se aparte" y "que asuma alguien que ponga lo que tiene que poner" para avanzar en la investigación.

Desde el inicio de la causa, cuando estaba caratulada como búsqueda de paradero, se advirtieron "irregularidades" en la investigación que estaba a cargo del juez Eduardo Filocco, a quien los querellantes pidieron que declare, pero no se hizo lugar. "En las últimas audiencias se han dado cosas, comentarios que hemos escuchado por parte de abogados, que ponen en evidencias más irregularidades en la causa", dijo Alberto a Radio 2, sobre el motivo que llevó al pedido de detención de Egido.

Fue durante la audiencia que dejó a tres civiles acusados de "aborto sin consentimiento, seguido de muerte", y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Puyol, en prisión efectiva; mientras que los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, quedaron con domiciliaria por decisión del camarista Carlos Carbone.

Cuando se ordenaron las detenciones, la querella hizo el pedido de arresto e indagatoria de Egido, ya que fue quien apartó de la investigación a Godoy --el primer policía investigador del caso--, y designó a otros dos policías también imputados. Ello fue remarcado en la audiencia por la defensa de Godoy.

La teoría del caso de la fiscalía y la querella es que Paula murió tras un aborto no consentido, ya que estaba embarazada de su relación extramatrimonial con el principal acusado, Gabriel Strumia, empresario transportista que no estaba de acuerdo con la espera de un hijo. La provocación del aborto involucra también a la esposa de Strumia, Roxana Michl; y la sindicada abortera de Timbúes, Mirtha Rusñisky. Los policías aparecen en una cadena de "irregularidades" para desviar la investigación en favor del empresario.

Sin embargo, en medio de los últimos avances, Alberto tiene un solo interés: decirle a los hijos de Paula, sus nietos, qué pasó con su mamá. "Con el cuerpo de mi hija yo no sé lo que pasó", sollozó ayer.