"Lamentablemente se cumplió un año más en el que hay que decir lo mismo, que la impunidad sigue en la provincia de Santa Fe. Llegamos a otro aniversario sin que nuestro justo reclamo por justicia se haya atendido, justicia para cada uno y para todos los casos de los asesinatos de diciembre de 2001, siete de ellos cometidos por las fuerzas de seguridad provinciales". Celeste Lepratti, la hermana del militante social asesinado el 19 de diciembre de aquel año, tiene sobre su espalda la responsabilidad de seguir pidiendo que se esclarezcan quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales del crimen de su hermano y de los demás muertos en esos trágicos días que precedieron al abandono del cargo del ex presidente Fernando de la Rúa y del comienzo de la violenta exhibición de cómo nadie en la justicia se atrevió a preguntarle al entonces gobernador Carlos Reutemann qué órdenes le había dado a su policía. Su padre Orlando, que tanto hizo por buscar la verdad, murió sin poder ver los resultados reclamados.

"La responsabilidad no puede terminar con dos policías condenados, Esteban Velásquez, quien le disparó a mi hermano y Luis Armando Quiroz que lo hizo con Graciela Acosta....Hay muchos más policías que actuaron en esos días que siguen caminando por las calles, que tienen funciones, son asesinos y siguen siendo los encargados de "cuidarnos"...Pero además de las responsabilidades materiales están las que corresponden a las políticas, y eso incluye al ex gobernador Reutemann que dio las órdenes. La policía no estaba acéfala, y tanto él como sus subordinados, quien era ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez y el secretario de Seguridad, el hombre de la SIDE, Enrique Alvarez, deben rendir cuentas en serio". Celeste Lepratti vuelve a condenar el sobreseimiento de Domínguez y Alvarez, el accionar y posterior ascenso del ex juez Correccional Nº 8 de Santa Fe, Roberto Reyes, impugnado por la comisión Investigadora, por los familiares de las víctimas y por otras organizaciones "mientras que el ex gobernador Jorge Obeid hizo caso omiso contando con la mayoría automática en la Legislatura". También recuerda a los jefes policiales José Storani y Ricardo Milicic. No sigue con la lista porque, como dice, "hay que hablar de este último año", donde no deja de reconocer que en diciembre de 2007, apenas asumió su cargo Hermes Binner, fue el primer gobernador en atender al pedido que se le hizo y recibirlos. "Se crearon muchas expectativas pero transcurrió el 2008 y no se avanzó con rapidez, no sólo en cuanto a Diciembre de 2001, sino en las responsabilidades por la inundación del 2003. Por eso hay que decir que Santa Fe es una provincia donde reina la impunidad y a esas deudas es necesario que se las salde y que se haga justicia".

Lepratti, como lo hizo la Comisión Investigadora No Gubernamental puso el acento en que se le pidió al Ejecutivo que brinde la información que pudiera encontrarse y que seguramente sería provechosa para tener precisiones sobre los hechos y determinar las responsabilidades. "Nos referimos a la que fue entregada al fiscal Nº 2 de la ciudad de Santa Fe, Norberto Nisnevich, ﷓que nunca conocimos y no sabemos que contiene﷓ y otra más que todavía puede existir en distintas reparticiones y en la SIDE. Nos preocupa muchísimo que no se nos haya permitido ver lo que se le entregó a Nisnevich, a quien por nuestra parte también le aportamos información valiosa y que nunca había sido tenida en cuenta por el Poder Judicial".

Como parte de los familiares de las víctimas que participan en la Comisión Investigadora No Gubernamental, Celeste Lepratti, sostiene que "si hay voluntad política las herramientas están al alcance para usarse" y aclara que ellos no piensan "en la violación de la responsabilidad de un poder del Estado sobre otro, como frecuentemente se esgrime como argumento". También explica que se comprende que el actual gobierno santafesino se encontró con "muchísimas situaciones difíciles" y que también se sabe de la "compleja trama que hay en la Legislatura, sobre todo en el Senado, donde el bloque justicialista sigue poniendo escollos para que se conozca la verdad", pero sostiene que el "compromiso asumido por el propio gobernador Binner, no puede quedar en gestos, sino que tiene que avanzar en los hechos".