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Viernes, 27 de mayo de 2016

A LA VISTA

Educando a la justicia

La CHA firmó un acuerdo con la Procuración General de la Nación que busca algo tan simple y lejano como el acceso igualitario a la Justicia.

 Por Matías Máximo

El círculo empieza cuando se proyectan frustraciones en aquel que se corre de la regla. Por ejemplo, la ley de cupo trans horrorizó a un gran sector de la opinión pública, aunque no pasó lo mismo cuando se anunciaron subsidios para una multinacional de comidas rápidas. Tras la frustración llega el prejuicio y lo que sigue es el odio, aunque el orden de los factores no altera la exclusión. “El reconocimiento de derechos trae aparejado un aumento en los índices de violencia”, dijo a SOY la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La última semana, el Ministerio Público Fiscal y la Comunidad Homosexual Argentina firmaron un convenio de cooperación. Según Gils Carbó, “es necesario que cualquier persona agredida, y en particular aquellas que integran un colectivo que ha sido tan relegado, sienta la confianza en acercarse a los ámbitos de la justicia sin temor a ser revictimizadas”.

En 2015 el MPF empezó a trabajar en cursos de formación para fiscales, funcionarios y empleados judiciales con la CHA. Este nuevo convenio ad honorem, busca profundizar una estrategia a través de capacitaciones, ya que operadores sensibles a problemáticas específicas, a un lenguaje y hábitos particulares; podrían hacer la diferencia positiva al momento de investigar o de diseñar campañas de prevención. ¿Es posible un acceso igualitario a la justicia? Gils Carbó explicó que hay “muchas acciones conjuntas entre organizaciones civiles LGBT y la Procuración. Entre ellas los mencionados cursos de capacitación, las mesas de trabajo que se realizan a través de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Mujeres), la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas) y la Dirección de Políticas de Género. Además, hay talleres que se dictan en escuelas, barrios y sindicatos a través del programa de formación comunitaria en derechos, así como también funcionan los centros ATAJO (Agencia Territorial de Acceso a la Justicia)”. Otra de las unidades especializadas es la UFICI, que se ocupa de los casos de ciber delincuencia como son las amenazas o engaños por redes sociales.

Cuando desde las instituciones se impulsan políticas de inclusión aparece una pregunta ¿Hay presencia trans trabajando allí donde hablan de lo trans? “Al MPF se incorporaron varias personas trans que se encuentran trabajando en diversas áreas –personal, DOVIC, seguridad social, biblioteca y etcétera–. Además, estamos intentando dar respuestas a personas que trabajan en el MPF que se han acercado porque están comenzado un proceso de transición en el marco de su identidad de género, lo que es algo muy positivo ya que refleja que hay una apertura a conversar estos temas libremente”, dijo Gils Carbó. En la firma que se hizo en la sede del MPF del centro porteño, Cesar Cigliutti, presidente de la CHA, dijo que este convenio “permitirá seguir trabajando articuladamente en un ámbito como el de la justicia, que es muy sensible para nuestra comunidad LGBTI por las consecuencias que ocasiona históricamente la homofobia y el acceso a la justicia”. Un eslabón más.

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