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Un "mensaje" mafioso

Al cumplirse ocho años de la Masacre de Pompeya, en la que murieron tres personas, cuyo proceso judicial debe ser revisado por orden de la Corte Suprema, un grupo de desconocidos arrojó una bomba molotov contra la casa de Fernando Carrera, el único imputado que había sido condenado a 30 años de prisión y que el año pasado quedó en libertad por las inconsistencias de la instrucción policial. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, consideró que fue un "atentado" y advirtió: "No nos intimidan".

El ataque ocurrió a las 3 de la madrugada: "Sentí una especie de estallido en la puerta y después entraba humo por debajo de la puerta. Fue hecho con algo explosivo", relató Carreras, quien subrayó que esto "fue justo en el octavo aniversario de la tragedia que ocurrió el 25 de enero de 2005. Son muchas coincidencias".

"Evidentemente a alguien no le agrada mi liberación", analizó el hombre que recibió la solidaridad de la ministra Garré, quien a través de su cuenta en la red social Twitter, puntualizó: "Mi más enérgico repudio al atentado contra la casa de Fernando Carrera. No nos intimidan los que abusan de la fuerza en complicidad con el delito".

El 6 de junio de 2012, Carrera fue excarcelado del penal de Marcos Paz luego de que la Corte Suprema ordenó revisar todo el proceso que lo mantuvo preso por siete años y cuatro meses al estar acusado de ser el autor material de la "Masacre".

El Tribunal Oral en lo Criminal 14 lo había declarado culpable por el delito de "triple homicidio agravado" por las muertes de tres peatones (un niño de 6 años, su mamá y otra mujer), a quienes atropelló con su auto el 25 de enero de 2005 en el barrio porteño de Pompeya. También le imputaron un robo, ocurrido ese día, por el que supuestamente estaba huyendo de la Policía.

Pero la Corte dispuso revisar todo el proceso al considerar que hubo una arbitraria valoración de las pruebas recolectadas y la afectación del derecho de defensa en juicio.

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El máximo tribunal dispuso revisar todo el proceso al considerar que hubo una arbitraria valoración de las pruebas y la afectación del derecho de defensa.
 
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