"No nos tomamos estas medidas a la ligera, pero simplemente no hay alternativa", dijo el titular de la Cámara baja, el republicano John Boehner, para quien las medidas anunciadas por Obama "son una afrenta al imperio de la ley y de la Constitución misma".

Según el instituto Pew Research Center, 11,3 millones de extranjeros vivían en situación irregular en Estados Unidos en marzo de 2013, de acuerdo con la última reforma de la ley migratoria en el país, que data de 1986. Desde entonces, todas las tentativas de una nueva revisión han fracasado, fundamentalmente por la oposición conservadora.

La Casa Blanca ya adelantó que vetará esa legislación, pero de cualquier manera el texto difícilmente pasará por el Senado, donde el oficialista partido Demócrata perdió la mayoría en las últimas legislativas.

El nuevo Congreso estadounidense, que asumió el 6 de enero, refleja el resultado de las elecciones de noviembre pasado, donde los republicanos dieron una verdadera paliza a los demócratas y se apoderaron de la mayoría en las dos cámaras.

"Los Republicanos sólo han estado al frente del Congreso una semana y ya están emprendiendo una batalla política innecesaria que pone en peligro las operaciones del Departamento de Seguridad y nuestra seguridad nacional", advirtió el líder de los Demócratas en el Senado, Harry Reid.

Los republicanos esperan colocar a Obama en un dilema: promulgar la ley de financiamiento y renunciar a su plan de regularización de migrantes, o vetar el proyecto y arriesgar una parálisis de la seguridad nacional, en medio de un contexto de seguridad crítico, exacerbado por los recientes atentados en Francia.

Ahora, el Congreso tiene hasta el 27 de febrero para aprobar de forma definitiva el presupuesto del Departamento de Seguridad, que supervisa la seguridad fronteriza, inmigración y el Servicio Secreto.