El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, una potencia chiita cuyas relaciones con Arabia Saudita son tensas, prometió que Riad pagará "un precio elevado" por la muerte del Al Nimr, lo que generó la respuesta inmediata del gobierno saudí.

El portavoz del ministerio del Interior saudita, Mansur Al Turki, calificó de "irresponsables" a esas declaraciones y dijo que su país "no se preocupa por lo que piensan los demás".

Por su parte Mohammed al Nimr, hermano del líder chiita, advirtió que la ejecución "provocará la ira de los jóvenes" de esta comunidad minoritaria en Arabia Saudita, un país dirigido por la dinastía sunita de los Al Saud. "Habrá reacciones negativas en el interior del reino y en el extranjero, pero esperamos que sean pacíficas", declaró.

Nimr al Baqer Nimr, de 56 años, duro crítico de la dinastía Al Saud, fue el líder de un movimiento de protesta que estalló en 2011 en el este del país, donde vive la mayor parte de la minoría chiita, una comunidad que se siente marginada. El jefe religioso fue condenado a muerte en octubre de 2014 por "sedición", "desobediencia al soberano" y "tenencia de armas" por un tribunal de Riad especializado en casos de terrorismo.

La Unión Europea (UE) expresó este sábado sus "serias inquietudes" por su ejecución. "El caso específico del jeque Nimr al Nimr levanta serias inquietudes sobre la libertad de expresión y los derechos civiles y políticos de base, que deben ser respetados en todos los casos, inclusive en la lucha contra el terrorismo", declaró la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini.

Philip Luther, director de Amnistía Internacional para Oriente Medio, señaló a AFP que "las autoridades saudíes dicen haber realizado estas ejecuciones para preservar la seguridad, pero la del jeque Nimr Baqer al Nimr sugiere que las utilizan para zanjar cuentas políticas (...) bajo la cubierta de lucha contra el terrorismo".

Según la ONG de defensa de los derechos humanos, Arabia Saudita es uno de los países que más aplican la pena de muerte en el mundo, junto a China, Irán y Estados Unidos. Por su parte, el movimiento chiita libanés Hezbolá denunció "un crimen odioso perpetrado sobre la base de falsas acusaciones".

En cambio, las monarquías sunitas de la región, entre ellas Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, saludaron las condenas.