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La presidenta Michelle Bachelet dijo que el país requiere de "diálogo y no de presiones", haciendo referencia a la movilización nacional convocada por la CUT, que al momento de sus palabras en un acto oficial ya dejaba decenas de detenidos, informaron las agencias Ansa, DPA y los diarios El Mercurio y La Tercera.

"En democracia y en mi Gobierno los trabajadores podrán siempre expresar pacíficamente sus demandas y defender sus derechos. Así que cuidemos lo que tenemos", advirtió Bachelet al promulgar la ley que mejora las remuneraciones de funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La protesta sorprendió al oficialismo dividido frente al movimiento -ya que legisladores y funcionarios eludieron condenar la marcha e incluso anticiparon su adhesión-, y al sindicalismo fortalecido por el éxito las últimas semanas de masivas huelgas en los sectores minero, forestal y agroindustrial.

La intención de los manifestantes era confluir desde distintas columnas en una gran movilización cerca del palacio de Gobierno, pero la administración de Bachelet no autorizó la marcha por el barrio cívico y cientos de policías rodearon el palacio de gobierno, para impedir el paso a las columnas de trabajadores.

Promediando la marcha, en un hecho aún no esclarecido el senador del Partido Socialista Alejandro Navarro resultó herido en la céntrica Plaza Italia. Según testigos, el agresor fue un efectivo de Carabineros, aunque también se habló de una pedrada.

El parlamentario sangraba profusamente por un corte en su cabeza, a pesar de lo cual testimonió ante la prensa que fue herido mientras se encontraba conversando con Carabineros y en medio de empujones recibió un golpe de parte de alguien que él no distinguió.

Las crónicas de los diarios locales indicaron que los incidentes más violentos, que comenzaron en Plaza Italia, se trasladaron a la Alameda cuando los más de dos mil manifestantes intentaron cortar el tránsito, pese a no contar con la autorización de la Intendencia Metropolitana.

Los desórdenes intermitentes fueron controlados por la acción de carros lanzaaguas y lanzagases de la policía, situaciones en las que se produjeron la mayoría de las 87 detenciones que indicó el gobierno en una primera evaluación de la jornada.

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, dijo que pese a la cantidad de personas aprehendidas y a los desmanes que se produjeron en los distintos puntos como Estación Central, Plaza Italia, Estación Mapocho, San Diego y Avenida Matta, calificó la situación como "normal".

"Todo está funcionando normalmente. Este es un país que está funcionando en términos generales muy tranquilo", afirmó el ministro al señalar que el funcionamiento del transporte público permitió que gran parte de la ciudadanía pudiera concurrir a sus lugares de trabajo.

Aunque Harboe reconoció que los trabajadores tienen todo el derecho a manifestarse, también advirtió que está el derecho del resto de la ciudadanía a concurrir "con tranquilidad y paz a sus lugares de trabajo".

En ese sentido, hizo un llamado a quienes "con extremada locuacidad" convocaron a esta manifestación a que se hagan responsables por los incidentes que se generaron y exhorten a sus seguidores a "mantener la tranquilidad".

El ministro, además, anticipó una "profunda investigación" para determinar las circunstancias y las responsabilidades de la agresión al senador socialista.

El presidente de la CUT, Arturo Martínez, pronunció un encendido discurso en medio de las movilizaciones que encabeza la multisindical, y resaltó el "derecho de los trabajadores a ocupar las calles y no esperar que sigan haciendo el ridículo diciéndonos por dónde pasamos y dónde nos reunimos".

Siguiendo con la dureza del discurso, Martínez dijo que el país requiere de un nuevo "compromiso social", el cual los trabajadores van a exigir en la calle "cueste lo que cueste".

Los requerimientos de la CUT apuntan a romper "con el sistema neoliberal" y exigen un estado social democrático y solidario, reclaman por sus objeciones al proyecto de ley de la Reforma Previsional que se vota hoy en el Congreso y abogan por un nuevo trato laboral y social.

"El código del Trabajo fue impuesto, todo fue por decreto, queremos discutir un nuevo trato para que convivamos tranquilamente", sentenció Martínez en las últimas jornadas. También antes de las movilizaciones, Bachelet dijo que no aceptaba que se cuestionara su vocación social: "Lo que yo sí exijo es que se evalúen los avances con serenidad y con madurez", recalcó.