El sistema universitario nacional cuenta con 53 universidades y 52 de ellas fueron denunciadas ayer por el fiscal federal Guillermo Marijuán, por supuesta “malversación de caudales públicos” entre 2014 y 2015. A fines de un año de tensiones alrededor del sistema de educación superior –asediado por el impacto del tarifazo a los servicios y la devaluación, por el ajuste a los presupuestos de ciencia, y también por el resurgimiento de propuestas contrarias a la gratuidad y el ingreso irrestricto–, el fiscal Marijuán requirió en sucesivas denuncias a las instituciones que se rastree el destino de “millonarios fondos” transferidos por el Estado nacional bajo el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en particular solicitó que se investigue a las “autoridades universitarias así como los empleados de estas instituciones que tuvieron roles preponderantes en el manejo de los fondos”. Las denuncias de Marijuán alcanzaron a casi todas las casas de estudios nacionales –conducidas por diferentes sectores políticos: radicales, peronistas e independientes–. La única institución exceptuada de la denuncia fue la Universidad de la Defensa Nacional, la que reúne a los antiguos institutos de formación de las Fuerzas Armadas.
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