UNIVERSIDAD

La salud mental porteña como campo de batalla entre los colegas psi

La Facultad de Psicología (UBA) rechazó la incorporación de los psicólogos sociales en institutos de la ciudad. El debate académico.

 Por Javier Lorca

Eco de una belicosa disputa nunca acallada pese a que lleva décadas, vuelve a expresarse ahora la polémica entre psicólogos y psicólogos sociales. La reciente decisión del Gobierno porteño de incluir a los psicólogos sociales entre el personal autorizado para desempeñarse en instituciones del área de la salud operó como detonador entre profesionales que nunca han logrado convivir pacíficamente. La Facultad de Psicología (UBA) rechazó la decisión oficial porque “pondría en riesgo la calidad de la atención pública de la salud mental..., dado que la atención de los ciudadanos podría ser ejercida por personas no habilitadas para tal función”. Los seguidores de la disciplina que reconoce a Enrique Pichon Rivière como su precursor latinoamericano responden que la carrera está debidamente aprobada por el Estado y plantean que la salud mental requiere un enfoque más amplio que el predominante en la formación universitaria de los psicólogos.
Mediante el decreto 1172/05, el jefe de Gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, incorporó a la función de operador de psicología social dentro del Sistema Municipal de la Profesión Administrativa, a partir de las solicitudes elevadas en instituciones que atienden a la tercera edad y a la mujer.
“La Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología establece claramente que sólo pueden ejercer quienes tengan el título universitario de psicólogo. Este decreto vulnera la ley y también va contra las incumbencias de la Psicología”, dijo a este diario Cristina Fernández, docente y subsecretaria de Extensión de la facultad de la UBA.
Con los mismos argumentos, el consejo directivo de la facultad expresó su rechazo a la nueva norma y solicitó que la propia universidad presente un recurso de amparo ante la Justicia reclamando su nulidad. Sostuvo que, “de mantenerse los términos del decreto 1172”, los psicólogos sociales “podrían aspirar a ocupar cargos y responsabilidades destinadas los psicólogos”. Según Fernández, la Psicología Social es una especialización, no un campo disciplinar autónomo: “Uno puede hacer la carrera universitaria de Psicología y después especializarse en diversas áreas, clínica, laboral, educacional y también social”. El problema, dijo, es que “desde hace tiempo el Estado no está delimitando claramente los alcances de las carreras, no se cumplen leyes y normas vigentes. Esto es parte de la seguridad jurídica que necesita el país”.
Consultada por Página/12, Gladys Adamson, rectora de la Escuela de Psicología Social del Sur, recordó que la cuestionada formación dio sus primeros pasos en 1955 de la mano de Pichon Rivière, que entonces iniciaba la educación de “profesionales capaces de diagnosticar situaciones sociales y capaces de operar e intervenir en ellas para la resolución de sus conflictos. En 1955 no había psicólogos en el país. Las facultades de Psicología se crean en 1956 en Rosario y en 1957 en Buenos Aires. Esto hace que la formación sistemática de la Psicología Social en la Argentina tenga un origen de autonomía respecto de la Psicología”. La carrera terciaria obtendría reconocimiento del Ministerio de Educación en 1993 y en 2000 sería aprobada la primera licenciatura en Psicología Social del país, que Adamson coordina en la privada Universidad Caece.
El debate no se limita a cuestiones normativas. “La Psicología se especializa en lo terapéutico. En la Argentina su orientación tiene este sesgo –señaló Adamson–. Los psicólogos tienen una excelente formación en psicopatología y en la comprensión en el campo de la subjetividad. Son especialistas en intervenir a partir del análisis del discurso individual de un paciente.” En cambio, los psicólogos sociales se capacitan “para operar con grupos, organizaciones o comunidades. No van más allá del campo de la salud, abordan a sujetos (sanos) que atraviesan por una crisis y situaciones conflictivas por causas sociales (desocupados, integrantes de tercera edad, personas afectadas por la marginalidad o por catástrofes naturales o sociales, etc.)”, para que “encuentren un proyecto viable en el sector social en el cual viven”. En esa línea, la profesora consultada se opuso al argumento de que su disciplina sea un subconjunto de la otra: como “el campo de intervención de psicólogos y psicólogos sociales es diferente” requieren “una formación teórica, metodológica y técnica específica”.

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En la facultad, docentes y alumnos se oponen a un decreto de Ibarra.
 
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