ECONOMIA › MONOCULTIVO, EXPULSION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SOBERANIA ALIMENTARIA

El impacto del agronegocio

La lógica financiera que domina gran parte de la actividad agraria provoca profundos desequilibrios económicos, sociales y ecológicos. Las cuatro entidades que negocian con el Gobierno ignoran esas cuestiones fundamentales del campo.

POR RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA

Los crujidos del modelo

La actual crisis que desvela a la Argentina da prueba de que continuamos siendo un país laboratorio de nuevos modelos y de innovaciones tecnológicas. Un país que a la vez continúa viviendo en un subyacente estado de catástrofe, siempre al borde del estallido. Son las contradicciones de la Argentina profunda. Por una parte, el hervidero de lo social siempre dispuesto a sumarse a las sucesivas crisis, como el caso de los piquetes rurales que, en su fuerza, sorprendieron a los mismos participantes. Por otra, una clase dirigente con pensamientos antiguos, prácticas autoritarias y mezquinas que empobrecen la participación en la democracia. De hecho, nos encontramos con que el Gobierno que ahora descubre la “sojización”, incorporando a su discurso la necesidad de producir alimentos y de resistir a los monocultivos, es el mismo que conduce un Estado fuertemente comprometido con el modelo biotecnológico de producción de commodities para la exportación, con la promoción de una ciencia empresarial y con un plan de saqueo de los bienes comunes por parte de las corporaciones.

Desde el ecologismo nos resistimos a ver un paisaje sin matices o a mirarlo con las anteojeras con las que se recrean antiguas antinomias. Hace muchos años que denunciamos un proyecto de agricultura industrial tan extractivo y minero como la misma minería química que se practica en gran parte del territorio nacional. Por otra parte, que los productores corten las rutas protestando por un tributo a la exportación, que deja indiferentes a los exportadores, llama la atención sobre el modo en que las corporaciones trasladan sus cargas hacia abajo en la cadena productiva, oficiando como recaudadores.

Ambas situaciones están ausentes en los actuales debates, tanto como en las agendas políticas: lo ambiental en primer lugar, la salud en segundo lugar y además, el rol y el protagonismo de las corporaciones. Estamos en medio de una crisis donde todos los partícipes parecen complotados para no mencionar a los exportadores, a la vez que para ocultar la catástrofe a que el modelo actual condena los suelos y ecosistemas argentinos, y las devastadoras consecuencias de las fumigaciones y de la contaminación sobre la salud de las poblaciones. Tememos que la confrontación oculte y anticipe los desgarramientos de un modelo de exportación y de producciones en escala, que se acelera con la llegada de fondos de inversión y la producción de agrocombustibles, y que inevitablemente dejará fuera de juego a muchos de los que cortaron las rutas protestando contra un impuesto a la exportación que no pagan las corporaciones exportadoras.

Proponemos abrir los debates del campo al resto de la sociedad. Interpelar a las corporaciones exportadoras sobre su papel en la crisis actual y auditar las exportaciones que realizan, hasta el momento bajo meras declaraciones juradas y con oscuros procesos de triangulación y subfacturación para evadir impuestos al Estado, que parecieran ser la norma consentida por la mirada impávida de los funcionarios del área. Necesitamos recobrar la soberanía de los puertos, reinstalar los organismos de control del Estado, como las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes. También necesitamos el respaldo a los desarrollos locales, con precios sostén para los alimentos tradicionales en la mesa de los argentinos. A la vez, impulsar procesos de ecolocalismo que aseguren espacios de seguridad alimentaria, con cinturones verdes para producción de alimentos, ferias de cercanías, respaldo y control municipal de tambos pequeños con distribución de leche fresca o pasteurizada localmente, diseños territoriales con arraigo de familias para el desarrollo de economías de autoproducción y comercialización de excedentes. Proponemos modelos de producción amigables con la naturaleza, en que la justicia social y la soberanía alimentaria aseguren la felicidad de la población y su calidad de vida.

POR MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA

Desierto verde y contaminado

Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), integrado por 15.000 familias de siete provincias, expresamos nuestro repudio al lockout agropecuario. Este expresa la ambición egoísta de los agronegocios que, no conformes con haber devastado y saqueado los bienes naturales para ganar millones de dólares, van por más.

Las llamadas “entidades del campo” (SRA, CRA, FAA y Coninagro) sólo pronuncian los dictados de los agronegocios. Su símbolo actual es la soja transgénica, que por su alta rentabilidad ha devastado bosques, desalojado comunidades campesinas e indígenas, contaminado suelos y aguas, y aumentado los precios de los alimentos en el mercado interno. Nuestras comunidades se ven diariamente amenazadas por matones y topadoras que responden a esta política del “campo”.

El avance del modelo sojero, iniciado durante el menemismo y acentuado en esta década, significa un desierto verde y contaminado, sin agricultores y ciudades saturadas de familias expulsadas de las zonas rurales.

Coincidimos con la necesidad de frenar el avance de la soja en nuestro país, y entendemos que las retenciones e impuestos progresivos son medidas necesarias, sin embargo insuficientes.

El Gobierno durante años ha fomentado los agronegocios. Casi no existen políticas destinadas a las comunidades campesinas indígenas.

El modelo sojero no es sostenible por debajo de las 500 hectáreas. La enorme cantidad de “pequeños productores” que poseen menos de 500 hectáreas las arriendan, a un precio fijo, a un productor mayor. Este productor mayor es quien afronta las retenciones, y no quien arrienda.

Algunos “pequeños productores” han quedado envueltos en el doble discurso de la Federación Agraria Argentina (FAA) y participan de los piquetes engañados, ya que las retenciones no los afectarán. La FAA ha vuelto a responder a sus socios sojeros abandonando a sus federados pequeños, como lo hizo en distintos momentos de la historia. El más reciente fue su silencio durante los ’90 cuando fueron expulsados del campo 300 mil pequeños productores.

Esta es una oportunidad para redefinir las estrategias de desarrollo en función de la agricultura campesina indígena, del pequeño agricultor que vive en su predio, del trabajador rural. Esa estrategia debe contar como actores fundamentales a las organizaciones campesinas y los pueblos originarios. Destinar recursos a créditos y subsidios que mejoren la infraestructura comunitaria, productiva y de servicios sociales en el campo profundo. Detener los desalojos de familias campesinas e indígenas. Planificar la redistribución de la tierra y el repoblamiento del campo. Garantizar la producción de alimentos sanos para la población y centralizar en el Gobierno las exportaciones para regular los precios internos y redistribuir los ingresos.

La correcta reglamentación de la ley de bosques es otro paso fundamental.

El modelo sojero avanza a medida que hace retroceder otros cultivos, lo que encarece la canasta básica. Por sobre todo, el modelo sojero elimina mano de obra: genera sólo un puesto de trabajo cada 500 hectáreas. La agricultura campesina genera 35 puestos de trabajo genuinos por cada 100 hectáreas, garantiza diversidad productiva, abastecimiento de mercados locales, desarrollo de la identidad cultural y protección y uso sustentable de los bienes naturales.

Es necesario transitar hacia la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo y eso no es compatible con monocultivos transgénicos ni con el libre mercado.

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