“Hay momentos donde los objetivos ya no son los mismos”, se lamenta Pedro Cerviño, un “cuadro” histórico de la Federación Agraria que acaba de dejar su puesto como jefe del Departamento de Desarrollo Rural de la entidad. “Fue de común acuerdo”, asegura el dirigente. Cerviño llevaba al seno de la cámara que conduce Eduardo Buzzi la voz de los pequeños campesinos que no participan de la fiesta de la soja, sino más bien la padecen. Productores de cinco, diez o veinte hectáreas que se dedican al cultivo de maíces, porotos, hortalizas, batata, calabaza y zapallo, entre otros, y a la cría de llamas, ovejas, cabras, chanchos, pollos y vacas lecheras. Su vida y su cultura se encuentran atadas a la producción de alimentos. Pero están en competencia directa con el modelo de agronegocios reinante, que los desplaza para ocupar sus tierras con soja. Las autoridades de Federación Agraria eligieron unirse a Sociedad Rural y dar la pelea por quienes están volcados de lleno al monocultivo. Eso les está provocando el desgajamiento de sus bases ligadas a la agricultura familiar y de figuras como Cerviño.

“La Mesa de Enlace no representa a los pequeños productores. Sólo atiende sus intereses”, sentenció Cerviño en diálogo con PáginaI12. “No puede representarnos porque defendemos modelos de desarrollo agropecuario distintos. No tenemos nada que ver con Sociedad Rural y Confederaciones Rurales”, insistió.

–¿Cómo quedó su relación con Federación Agraria?

–Nuestros objetivos ya no son los mismos. En el pasado hemos coincidido y otras veces disentimos. No voy a hablar mal de nadie. Cada uno debe actuar de la manera que lo crea mejor.

Cerviño comprobó la diferencia de estar de un lado o del otro. Fue el último martes en el Congreso. Diputados de Coalición Cívica, PRO y el radicalismo se sumaron al coro de productores sojeros que les gritaban a él y a otros representantes del Foro Nacional de Agricultura Familiar (Fonas) para que se callaran y dejaran que las comisiones de Agricultura y Presupuesto se ocuparan sólo de la Resolución 125 de retenciones móviles. No tuvieron la oportunidad de exponer su problemática y sus reclamos al Gobierno como lo habían hecho un día antes –con un silencio reverencial de los diputados– los presidentes de las cuatro entidades ruralistas y Alfredo De Angeli.

Lo que tenían para decir, cuenta Cerviño, es que las retenciones móviles actúan como un freno a la sojización, sobre todo en las provincias del norte argentino y en regiones y campos donde sería más rentable social y económicamente volcarse a la producción de alimentos. Pero también que el incremento en los derechos de exportación a la soja no resuelve todo el problema ni mucho menos, sino que se requiere que el Estado lleve a la práctica una política muy activa de incentivo de otras producciones. “Es la forma de garantizar la soberanía alimentaria”, opina el dirigente, quien fue al Parlamento en su condición de coordinador nacional del Fonas. Esta entidad agrupa a unas 300 organizaciones de todo el país de “pequeños productores, minifundistas, chacareros, colonos, medieros y comunidades de pueblos originarios”, como ellos mismos se definen.

Entre ellas figuran el Mocafor (Movimiento Campesino de Formosa), una de las líneas del Mocase (de Santiago del Estero), Cirujas (de La Matanza, en el conurbano bonaerense) y el MAN (Movimiento Agrario de Misiones). Esta última entidad es asociada a Federación Agraria y también se encuentra en conflicto con Buzzi y compañía. De Angeli los descalificó semanas atrás, cuando dijo que se oponían al lockout de las cuatro entidades porque el Gobierno les ofreció ayuda. “No sé qué les ofrecieron y se fueron con ellos”, atacó. “Un arrendatario de 650 hectáreas en Entre Ríos no es un pequeño productor”, le devolvió Benigno López, titular de Mocafor.

“Las retenciones móviles son necesarias para frenar el avance de la soja. No tiene sentido que se la siembre en provincias como Chaco, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, con bajísimos rindes. Y encima se quejan. En esa zona debería haber producción animal y alimentos para el consumo”, explicó Cerviño. Pero agregó que al mismo tiempo se requiere de una batería de incentivos públicos a la agricultura familiar. “Hacen falta políticas de infraestructura, de salud, de vivienda, de educación y de inversión para agregar valor”, detalló. Por ejemplo, dijo, habría que desarrollar una red de pequeños frigoríficos estatales para que los productores de llamas, cabras o corderos puedan faenarlos allí y no entregarlos a intermediarios a precios de remate.

“No queremos que los productores faenen en el fondo de su casa en condiciones antihigiénicas, sino que tengan un lugar adonde hacer chacinados, carne envasada y demás productos con valor agregado”, graficó Cerviño. “Necesitamos plantas de transformación para que el productor en lugar de vender aceitunas a granel comercialice aceite de oliva, o para transformar la harina en trigo, para disecar y empacar hortalizas. Plantas procesadoras para seleccionar y fraccionar. Todos estos procesos son indispensables para frenar el avance de la soja”, completó.

Cerviño no encontró espacio para seguir con esa prédica desde Federación Agraria. “Nosotros representamos el 70 por ciento de unidades agropecuarias del país, según datos del último Censo Nacional Agropecuario. La agricultura familiar maneja el 13,5 por ciento de toda la superficie cultivada de la Argentina, y genera el 20 por ciento del producto agrario. No se puede discutir que somos un sector más eficiente que el de agronegocios para la exportación de commodities”, desafió.

El dirigente reivindicó el trabajo de los últimos cuatro años. “El Fonas se fue organizando desde las sombras y ya logramos que la Secretaría de Agricultura nos reconozca como un espacio de diálogo y concertación de políticas, a través de una resolución de diciembre de 2005. También conseguimos que el Gobierno anunciara la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, para la que estamos pidiendo una asignación de recursos de 1500 a 2000 millones de pesos para encarar las inversiones que necesita la agricultura familiar. Y logramos la creación de un registro nacional de agricultores familiares que debería habilitar políticas diferenciadas para el sector”, puntualizó.