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Producción: Tomás Lukin.

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Desconexión y reconexión

Por Julio C. Gambina *

La cumbre del G-20 realizada en Washington se propuso “restaurar el crecimiento económico y reformar al sistema financiero global” sin discutir el tipo de crecimiento económico y su distribución. ¿Da lo mismo un incremento de la industria automotriz para uso individual, que una expansión de medios colectivos de locomoción? ¿Importa lo mismo crecer con depredación de los recursos naturales que hacerlo preservando el medio ambiente, la soberanía alimentaria o energética? ¿Vale contabilizar la producción militar o la actividad especulativa como referencia del aumento de la economía? Aparece más atractiva la discusión sobre la nueva arquitectura financiera, aunque valen algunos interrogantes. ¿Quiénes deben protagonizar dicho debate? ¿Los responsables del orden actual? Recordemos que Paulson saltó en 2006 desde Goldman Sachs a secretario del Tesoro de Estados Unidos. Su primer reflejo fue destinar 700.000 millones de dólares para “comprar carteras tóxicas” y salvar entidades financieras expuestas por créditos incobrables. Luego modificó la orientación para avanzar con estatizaciones temporales, para retomar luego el camino de la liberalización.

En ese sentido, la cumbre sostuvo que “nuestro trabajo estará guiado por una creencia compartida de que los principios del mercado, el libre comercio y los regímenes de inversión, y unos mercados financieros regulados en forma efectiva albergan el dinamismo, la innovación (...) que son esenciales para el crecimiento económico, el empleo y la reducción de la pobreza”. Luego de décadas de hegemonía neoliberal y políticas de restauración conservadoras, lo que menos se necesita es la reiteración de las políticas que llevaron a la concentración del ingreso y la riqueza junto al empobrecimiento de la población. No alcanza con las apelaciones a “fortalecer la supervisión sobre instituciones financieras” o promover “reformas del sistema financiero mundial y las organizaciones resultantes de Bretton Woods”, porque ese orden emergente al final de la Segunda Guerra es el que está en crisis: la economía mundial del dólar patrón de cambio. La discusión es sobre el nuevo orden mundial y especialmente sobre quiénes están habilitados para su consecución. En 1944 el debate lo dieron los vencedores de la contienda. ¿Quiénes son esos actores en la actualidad? Desde el 2001 se impuso un reclamo del movimiento popular mundial por otro orden posible y necesario.

La Argentina podría contribuir a ese de-safío con políticas económicas promotoras de la distribución del ingreso y la riqueza en una integración alternativa al librecambio sustentado por el poder económico mundial y local. Ello supone una desconexión del foco de la crisis y una reconexión virtuosa con países de la región para modificar la ecuación de beneficiarios en el desarrollo económico. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó en Washington la superación de la crisis desde “otro capitalismo”. Es una afirmación para interrogarse sobre la posibilidad de la tesis con transnacionalización creciente. Es tiempo para pensar audazmente en la superación del neoliberalismo y el capitalismo siguiendo la búsqueda creativa en la región, donde se sustentan propuestas más allá y aun contra el capitalismo; incluso socialistas.

Las respuestas a la crisis deben buscarse al margen de los responsables e involucrar a los pueblos y formar sujetos para el sustento de cambios profundos y que pugnen por resolver las diferencias que demoran la emergencia del Banco del Sur u otros proyectos de articulación productiva y cultural que oportunamente fueron suscitados. Remitimos a emprendimientos regionales energéticos, comunicacionales, de infraestructura (respetando el medio ambiente y la cultura popular) y en diversas esferas de la economía. Se trata de resolver problemas económicos sociales al tiempo que se construye el sujeto social para su implementación. Es una lógica diferente a la inyección de liquidez pública a instituciones invalidadas por su práctica, como el FMI. Más que reformar el FMI, nuestros países pueden organizar respuestas similares a la de Bolivia retirándose del Ciadi; o Ecuador con la Auditoría de la deuda pública. Son medidas convergentes con un estricto control al movimiento de capitales. Es tiempo para denunciar a los organismos multilaterales y construir institucionalidad alternativa. Algo contrario a lo sustentado por el G-20, que brega por la culminación antes de fin de año de la ronda de Doha (OMC), cuyo objetivo es bajar aranceles para bienes industriales en nuestros países, al tiempo que Estados Unidos y Europa mantienen cuantiosos subsidios a la producción y exportación de productos agrícolas. Se requiere denunciar cuantiosos tratados en defensa de las inversiones para instalar nuevas normas de intercambio que privilegien resolver necesidades sociales insatisfechas.

* Profesor de Economía Política de la Universidad de Rosario y miembro de Clacso.

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Retracción del crédito

Por Daniel Heymann y Adrián Ramos *

Una crisis como la actual define un hito en el tiempo, con destrucción de riqueza, ruptura de promesas económicas y replanteos de visiones y conductas. También se han visto desmentidos elementos importantes de los esquemas conceptuales de política económica en muchos países, como la concentración en perseguir metas de inflación sin contemplar burbujas en los precios de los activos, y también la presunción implícita de que los sectores privados siempre evalúan riesgos correctamente, como si los problemas de sostenibilidad sólo ocurrieran por las debilidades institucionales de ciertas economías periféricas.

La crisis trajo fuerte activismo de políticas económicas en los centros, superando largamente la típica fase de inyecciones limitadas de liquidez a los bancos. Esas reacciones reflejaron diagnósticos cambiantes: primero, supusieron que la cuestión se encapsulaba en hipotecas “tóxicas” en Estados Unidos, luego se encontraron con caídas de gigantescos bancos de inversión; después, la preocupación se focalizó en los bancos comerciales y en los efectos de transmisión internacional, que dejaron de lado las hipótesis de “desacople” de algunos países. Ahora la atención se corre a los impactos reales en producción, empleo y solvencia de empresas productivas.

Los gobiernos de las economías centrales han operado como garantes de los sistemas financieros. Eso y la ausencia de perspectivas de deflación de niveles generales de precios marcan un contraste apreciable con los años ’30. Sin embargo, hay un visible efecto sobre la demanda y el producto, las variables que influyen más directamente en las personas, y cuya evolución influirá sobre los sistemas financieros. No basta con que los bancos tengan liquidez si la solvencia de los deudores potenciales parece dudosa y si la caída de la actividad multiplica incumplimientos. Por eso, la preocupación básica en lo inmediato debería ser enfrentar las tendencias recesivas a nivel mundial.

La crisis se originó en los centros y los alcanza de lleno. Seguramente habrá ahí costos fiscales importantes. No obstante, la búsqueda de seguridad financiera (la “huida a la calidad”) ha llevado por lo pronto a una mayor demanda de deuda de gobiernos centrales, especialmente dólares y bonos de Estados Unidos. Cualquiera sean los fundamentos de esa conducta, aquellos gobiernos tienen hoy financiamiento barato y han podido comprometer el uso de recursos de una magnitud extraordinaria. Eso les abre espacio para políticas dirigidas a sostener la demanda en sus economías y asistir a sus sectores productivos. Por su parte, muchos países periféricos sufren la transmisión de fuertes impactos reales y financieros. Más allá de los márgenes generados por la acumulación de reservas en años recientes, el acceso al crédito se ha limitado fuertemente, incluso para economías que habían sido definidas como de “grado de inversión”: en la emergencia, el mercado financiero hizo poco caso de esos distingos. Así se dificulta la aplicación de políticas anticíclicas en la periferia. La responsabilidad de los grandes países desarrollados resultaría doble: como epicentros de la perturbación y como detentadores de buena parte de los recursos potencialmente disponibles para apuntalar a la economía global.

Un colapso financiero de esta profundidad, y con alcance mundial, ciertamente plantea requerimientos de coordinación internacional para prevenir conflictos económicos y atenuar los costos globales de la crisis. También llama a una reconsideración de políticas y regulaciones financieras. Hay una suerte de consenso en enfatizar esos temas. En todo caso, la economía post-crisis planteará problemas cuya naturaleza es difícil predecir con precisión, pero que apuntan a ser distintos de los que generaba la burbuja previa. Respecto de la regulación financiera, hacia el futuro interesa sin duda que haya una supervisión mayor de los riesgos sistémicos. La configuración de los sistemas bancarios en los centros ya ha insinuado cambios apreciables después de las quiebras de algunos gigantes y las masivas intervenciones estatales. Al margen, la crisis presumiblemente dejará rastros en las conductas. En la fase previa, el rasgo saliente en los mercados financieros fue una exposición excesiva a riesgos y una intensa demanda por activos complejos. Por el contrario, ahora se aprecia una aguda retracción de la oferta de crédito. Para la periferia se avizora un período donde las fuentes posibles de crédito internacional se concentrarán más en los gobiernos de los países centrales y en organismos como el FMI. Es decir que, de un modo u otro, la disponibilidad de financiamiento tendría un mayor elemento político. Teniendo en cuenta las traumáticas experiencias anteriores, esto abre interrogantes sobre cómo se definirán criterios de elegibilidad, condicionalidades y asignación de riesgos.

* Economistas de Cepal.