Alí el Químico, primo y colaborador del ex dictador iraquí Saddam Hussein, fue condenado ayer en Bagdad a morir en la horca, junto a otros dos dignatarios del antiguo régimen, por la matanza de 182.000 kurdos en Irak en 1988. Los tres hombres fueron juzgados junto a otros tres altos cargos del régimen por el papel que desempeñaron en la campaña de ejecuciones masivas y los bombardeos con armas químicas en el Kurdistán iraquí (norte), más conocidos como Operación Anfal.

El Alto Tribunal Penal iraquí sentenció a los tres primeros a la pena de muerte por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Otros dos fueron condenados a cadena perpetua y el último fue absuelto por falta de pruebas. El imputado con más cargos de este juicio, Alí Hasán al Majid, apodado Alí el Químico, fue el último en conocer su condena.

El hombre, de 66 años, con la cabeza cubierta por un turbante y ataviado con una túnica tradicional árabe, parecía agotado y escuchó en silencio el veredicto. El tribunal lo consideró culpable de haber ordenado a las fuerzas de seguridad la utilización de armas químicas contra los kurdos. Durante la audiencia, el presidente del tribunal explicó la sentencia.

“La pena es la horca por haber cometido crímenes con premeditación y matado a personas en circunstancias crueles. Es un crimen contra la humanidad”, dijo.

Otros dos acusados, Farhan al Juburi y Sabir al Duri, ex dirigentes de los poderosos servicios de inteligencia militar, fueron condenados a cadena perpetua. Por último, el sexto acusado, Taher al Ani, ex gobernador de Mosul (norte de Irak), fue absuelto por “falta de pruebas”, como había pedido la fiscalía, que en cambio solicitó la pena de muerte para los otros cinco.

Los abogados de los ex dignatarios tienen previsto recurrir las sentencias, anunció visiblemente resignado Jalil al Dulaimi, jefe del equipo defensor, radicado en Ammán (Jordania). “Es inútil intentar iniciativas legales del tipo que sea contra los veredictos, pero de todas maneras tenemos la intención de recurrir”, estimó.

Según la legislación iraquí, la Sala de Apelaciones dispone de un plazo de diez días para recibir los recursos y normalmente suele responder rápido. Si tienen fundamento tendrá que celebrarse un nuevo juicio. En el caso contrario se aplicarán las sentencias en un plazo de treinta días.