El macrismo tiene en ciernes un nuevo conflicto entre poderes, a raíz de una disputa con la Justicia por la dirección del Hospital Argerich, de la que habían renunciado a Donato Spaccavento. El juez Roberto Andrés Gallardo ordenó ayer dejar en suspenso la intervención que había dispuesto la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, y denunció penalmente a la funcionaria, a cargo del Ejecutivo porque Mauricio Macri está de viaje. El juez también le prohibió el ingreso al hospital al interventor designado y ordenó que, si se lo encuentra dentro del edificio, debe ser desalojado por la Policía Federal.

A principios de este año, Macri prometió hacer concursos para elegir a los directores de los hospitales, que son interinos. Como requisito, les pidió la renuncia a todos. Pero en lugar de concursos, creó una junta asesora para elegir a los precandidatos para que luego los designara el ministro de Salud, Jorge Lemus, y él mismo. Recién el 3 de octubre le aceptaron la renuncia a Spaccavento –los demás quedaron en sus cargos– luego de que hiciera declaraciones contra el sistema centralizado de compra de insumos, que provocó faltantes en diversos hospitales. “Abusaron de mi buena fe, cuando presenté mi renuncia fue con un fin y la utilizaron para otro”, señaló Spaccavento, ex ministro de Salud de Aníbal Ibarra.

El médico presentó un amparo ante Gallardo, que le dio la razón y lo restituyó el 23 de octubre pasado, pero el gobierno porteño optó por impedirle la entrada y no cumplir la sentencia. También recusó dos veces al magistrado –ambas fueron rechazadas por la Cámara– y apeló la medida. Finalmente, Gallardo se presentó en el Argerich el viernes pasado con un despliegue policial, le devolvió su despacho a Spaccavento y le dejó una custodia. El lunes pasado, sin embargo, Michetti designó como interventor del hospital a Néstor Pérez Baliño. El decreto fue refrendado también por Lemus, por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y por el procurador porteño Pablo Tonelli. “No vamos a cambiar lo que dijo el juez, pero todas las acciones, carpetas y notas van a pasar por mí”, interpretó Pérez Baliño.

Gallardo, en cambio, entendió que con el decreto se demuestra la “clara intencionalidad de desobedecer” el fallo que dictó, ya que se le está impidiendo cumplir sus funciones a Spaccavento. Por eso, presentó una denuncia penal contra el interventor y contra Michetti por de-sobediencia, un delito que tiene una pena máxima de un año. “Si todos los ciudadanos hicieran lo que hacen estos funcionarios, volveríamos al Estado de Naturaleza, sin reglas”, argumentó Gallardo en el fallo, en el que sostuvo que Pérez Baliño hace “una verdadera apología de la desobediencia”.

Además, Su Señoría suspendió los efectos del decreto de intervención, y le dio instrucciones a la Policía Federal de que le prohíba el ingreso al edificio al interventor y si lo encuentra adentro, tiene orden de desalojarlo o bien de detenerlo si se resiste. En los hechos, esto implica que el vallado que ya le impedía a Pérez Baliño entrar al despacho del director ahora se ampliará a un control policial en todas las entradas del Hospital Argerich. El juez también comunicó la decisión judicial a todos los jefes de sector y departamento del Argerich, para que sepan que el interventor no está a cargo y que deben obedecer las directivas de Spaccavento. Y dispuso que también se informe a la Comisión de Salud de la Legislatura de la situación en el hospital, cuya dirección sigue en disputa.