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Después de 26 años de gobiernos democráticos ininterrumpidos, el pueblo argentino logró la sanción de una ley de radiodifusión que reemplaza al decreto-ley 22.285. Esto, por sí mismo, es un hecho de gran relevancia histórica, pero mucho más si consideramos el proceso de elaboración y sanción de la ley.

En primer término, el anteproyecto de ley receptó los 21 Puntos Básicos construidos por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Luego, ese documento de trabajo recorrió el país en los Foros Participativos, donde todos, absolutamente todos los actores sociales y políticos que estaban comprometidos con obtener un nuevo marco legal participaron aportando, en definitiva, más de cien modificaciones al proyecto que remitió el Ejecutivo Nacional al Congreso el 27 de agosto de 2009.

Por último, la Cámara de Diputados llamó a Audiencia Pública, donde nuevamente las organizaciones sindicales, universitarias, comunitarias, comerciales, sociales, de derechos humanos y expertos colaboraron con nuevos aportes. En resumen, la sanción de Diputados incluyó aproximadamente 150 modificaciones con respecto al anteproyecto de ley que presentó Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro de Argentino de La Plata.

Digámoslo claramente: esta ley la escribió el pueblo.

Ahora, ¿cómo impacta la ley 26.522 en la vida cotidiana de los ciudadanos? Primero, rompe con la reserva de mercado que el decreto-ley hizo para la radiodifusión mercantil. Hasta el año 2009 no existió pluralidad de lógica, estética y valores; la radiodifusión argentina era monocromática. Imperó la lógica de la comunicación comercial, un bien más del mercado buscando la mayor rentabilidad.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual rompe esa reserva de mercado y abre la puerta a las nuevas lógicas, estéticas y valores, ya que habilita que todos, absolutamente todos puedan ser comunicadores de conocimiento, información y entretenimiento. La ley trae un festival de colores. El espacio audiovisual es, ahora, policromático, aparece la diversidad y la pluralidad, el derecho humano a la comunicación comienza a ser realidad.

Esta ley es en sí misma una ley de “reforma política”; es una ley que hace crecer a la democracia, que la perfecciona y completa. Ahora, además de formar consumidores, los nuevos actores de la comunicación audiovisual podrán instaurar ciudadanía y pensamiento crítico.

Seamos contundentes: la ley es un punto de partida; la decisión y el coraje político de la presidenta de la Nación y los 191 votos positivos de los legisladores nacionales (diputados y senadores nacionales), con el apoyo de la movilización y participación popular, nos “dieron” la letra: tenemos una ley de radiodifusión de la democracia; ahora el pueblo le debe dar el espíritu. ¿Qué significo con esta afirmación? Que debemos transitar un delicado camino de apropiación social en tres niveles: a) de las instituciones; b) de la tecnología; y c) de la comunicación audiovisual.

Para plasmar la apropiación social de las instituciones se deben “aprovechar” –y ocupar– los espacios institucionales de participación popular que creó la ley, tal como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (integrado, entre otros, por representantes del sector privado sin fines de lucro, de las pymes comerciales, de las emisoras universitarias, de los medios públicos, de las entidades sindicales de los trabajadores y de los pueblos originarios) y el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (integrado por personas y representantes de organizaciones con reconocida trayectoria en el tema) y esgrimir la obligación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de generar “ámbitos participativos” de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación para interpelarlos, permanentemente, en el cumplimiento de los objetivos por lo que obtuvieron la licencia o autorización.

La apropiación social de la tecnología es poner la regulación técnica al servicio de la pluralidad y la incorporación de nuevas voces. Es, por ejemplo, recuperar la banda de 470 MHz a 512 MHz (canales 14 al 20), hoy destinada a servicios de telecomunicaciones que fácilmente pueden migrar a otras bandas; como así también “ampliar” el espectro para las radios de FM, utilizando las frecuencias del canal 6, desde 87.5 MHz hasta 87.9 MHz, incorporando de inmediato tres canales nuevos, mínimamente, para cada localidad. La apropiación social de las tecnologías tiene con la televisión digital terrestre una excelente oportunidad para la democratización de la distribución de la palabra si –y sólo si– el “dividendo digital” es usado para sumar nuevos actores y proporcionar interactividad a quienes hoy son excluidos digitales.

Por último, la apropiación social de la comunicación audiovisual es estar convencidos de que las nuevas voces representan nuevas propuestas estéticas, nuevos relatos, nuevos valores, y no pensar en que son copias “sociales” de formatos comerciales. Para ello habrá que diseñar una política pública de capacitación continua y permanente, y de asistencia financiera para que los nuevos actores se incorporen al mundo de la comunicación en igualdad de oportunidades con quienes tuvieron un mercado cautivo. La apropiación social de la comunicación audiovisual es, también, recuperar, revalorizar y resignificar la experiencia de las radios comunitarias y de todas aquellas que hasta hace muy poco eran descalificadas con el nombre de “radios truchas”. El Estado debe asistir a estos nuevos actores, de manera imaginativa e innovadora, sea mediante créditos blandos, financiamiento de organismos internacionales, asignación presupuestaria específica, emprendimientos públicos-privados, etc., para que el derecho que instituyó la ley 26.522 no sea letra muerta.

La apropiación social de la ley permitirá que cambiemos el rol de simples consumidores de información para transformarnos en productores de cultura, identidad y contenido socialmente significativo.

El desafío cultural está planteado. El momento es hoy.