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“A mi hijo lo asesinaron porque era ‘negro’, porque vivía en un barrio carenciado. Lo que pasó es una herencia de la dictadura y lo que pedimos es justicia, porque la justicia tiene que ser para pobres y para ricos, para ‘negros’ y para blancos.” Las lágrimas le bañaban el rostro, pero no tuvo fisuras la voz de Dolores Ingamba, la mamá de Ezequiel Demonty, el chico de 19 años que murió asesinado en septiembre de 2002. Desde mañana, en el Palacio de Tribunales, serán juzgados por el crimen los nueve policías que lo obligaron a arrojarse a las aguas del Riachuelo, en las que murió ahogado. “Fue una actitud xenófoba que nunca hubiera ocurrido de haber sido el escenario un bar de Recoleta en lugar del Barrio Illia de Villa Soldati”, ratificó José Luis Vera, abogado de los Demonty. “El hecho está esclarecido y la pena, en todos los casos, será prisión o reclusión perpetua, pero vamos a insistir en que el delito fue torturas seguidas de muerte y no privación ilegítima de la libertad”, recalcó el abogado querellante.
La controversia sobre torturas o privación ilegal de la libertad viene desde la instrucción. La jueza María Bértola consideró que Ezequiel y sus dos amigos, también obligados a tirarse al agua –aunque ellos sobrevivieron–, fueron víctimas de delitos contemplados en la Convención Internacional sobre la Tortura, de la cual el país es firmante. En la causa consta que los chicos tuvieron que pasar por un simulacro de fusilamiento, como ocurría en la dictadura. También fueron golpeados con las culatas de las armas y recibieron puntapiés mientras estaban en el piso. La figura de torturas fue reemplazada por la de privación ilegal de la libertad por la Sala V de la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal, pero fue retomada por el fiscal de instrucción Marcelo Romá en el escrito de requerimiento de elevación a juicio oral.
“Lo que hicieron los nueve acusados es una práctica común que saltó a la vista porque Ezequiel murió. Si no hubiera muerto, sería muy difícil probar que hubo privación ilegítima de la libertad. Por eso es importante que los condenen por torturas, porque sería una sanción ejemplar contra una metodología que está arraigada en la institución”, insistió Vera, en diálogo con Página/12. “A los chicos los calificaron de ‘negros’, yo misma soy ‘negra’ y ‘villera’, pero eso no puede justificar que hagan algo tan aberrante. Ni a un animal se le puede hacer eso”, dijo Dolores Ingamba, evangélica practicante, quien en los dos años de luto ha ido elaborando una postura piadosa hacia los autores del crimen.
“Yo los perdoné, pero el perdón no les quita la culpa y tienen que ser condenados”, insistió la mamá de Demonty. “Sería bueno que los policías se arrepintieran de lo que hicieron, en homenaje a sus propias familias, para que puedan recuperar un poco de dignidad.” La mujer sostuvo que la Justicia “debe ser para todos, para ricos y para pobres, para negros y para blancos”. El reclamo fue acompañado por la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, y por el adjunto, Gustavo Lesbegueris, quien acompañó a la familia desde el primer momento.
En la conferencia de prensa realizada ayer en la Defensoría estuvo presente Jessica Martín, la novia de Demonty. En sus brazos llevaba a David Ezequiel, de 16 meses, el hijo del joven asesinado hace dos años. “Esperamos una condena que sirva de ejemplo para los que hoy siguen haciendo lo mismo con otros chicos pobres. En los patrulleros y en las comisarías hay un mensaje que dice ‘Al Servicio de la Comunidad’, pero no fue un ‘servicio’ lo que le hicieron a Ezequiel y eso no tiene que pasar nunca más”, dijo la chica. En el acto estuvieron presentes las madres de los tres chicos asesinados en Floresta en diciembre de 2001, de Miguel Bru, de Natalia Melmann, de Leandro Denegris y de Sebastián Bordón, entre otros. El abogado Vera reiteró que lo importante sería lograr “la condena de una práctica que está institucionalmente aceptada en la Policía Federal”. Los acusados son dos oficiales y siete suboficiales de la Federal, entre ellos el subinspector Gastón Somohano, hijo del ex jefe de la Policía Bonaerense, comisario Osvaldo Somohano.