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De esta manera, buscarán llenar el vacío legal que existe en la materia desde hace cinco años tras la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional los principales artículos de la norma sancionada en la década del `90.

Fuentes de la cartera laboral señalaron que el decreto buscará contar "con la mayor amplitud posible de respaldo" de los sectores con intereses en el tema, y que abarcará cuestiones como la actualización de las indemnizaciones por accidentes laborales y un nuevo vademécum de enfermedades.

La falta de acuerdo en las negociaciones que vienen manteniendo empresarios, trabajadores y aseguradoras desde hace casi un lustro para consensuar un proyecto de ley es el principal motivo por el cual el Estado saldrá a arbitrar en la cuestión a través de un decreto y dejará para más adelante la posibilidad de discutir la cuestión a nivel parlamentario.

El jueves pasado se concretó el tercer encuentro de la comisión en lo que va del último mes. Del debate tomaron parte la viceministra de Trabajo, Noemí Rial y el titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Juan González Gaviola.

El diputado nacional y asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, también formó parte de la reunión, mientras que por el lado empresarial estuvieron Francisco Mantilla (CAME); Ricardo Güell y Vicente Cartolano (ADIMRA); Victoria Guilietti (UIA), y Juan Carlos Mariano (CAC), entre otros.

La nueva reunión fue fijada para el martes, fecha en la que confían en poder terminar de delinear los principales puntos de discusión que giran en torno a la llamada "doble vía", la elaboración de un listado de enfermedades, topes indemnizatorios, y la responsabilidad en los accidentes `in itinere`, uno de los puntos más sensibles para los empresarios.

Recalde dijo que la reunión del jueves pasado "fue muy buena, hubo bastante acuerdo pero todavía hay situaciones donde el trabajador está desprotegido y tenemos que corregir".

Por el sector empresario aseguran que ellos no se oponen a que de la nueva norma surja un aumento en los costos laborales siempre y cuando otorgue "previsibilidad" a las compañías frente a las demandas judiciales y se establezcan topes indemnizatorios.

De hecho desde la UIA propusieron que los montos varíen en función del índice de movilidad jubilatoria pero todavía no hubo un pronunciamiento formal al respecto.

La necesidad de reformular la ley original, que data de 1995, y de que intervenga el Estado en caso contrario, fue avalada además por las distintas cámaras que coincidieron con las declaraciones formuladas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la necesidad de que exista un "criterio indemnizatorio que respete el derecho de los trabajadores y la subsistencia de las empresas".

Por su parte, el titular de la CAC, Carlos De la Vega, consideró que "es necesario actualizar los términos de la ley" y precisó que "la cámara apoya la idea respecto de este tema" aunque admitió, "se trata de una cuestión muy compleja".

"Venimos considerando la necesidad de modificar la norma en algunos artículos desde hace bastante tiempo y todavía no lo hemos logrado", reconoció el empresario.

Asimismo detalló que en el sector de comercio y servicios "el principal problema son los accidentes que puedan ocurrirle al colaborador en el viaje de ida y vuelta de su casa al trabajo, en ámbitos donde el empresario no tiene ninguna responsabilidad". "Esos son los accidentes más graves se producen y es un tema sobre el que hay consenso", destacó.

En el mismo sentido se pronunció el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Ignacio de Mendiguren, quien resaltó que "tener injerencia en ese tipo de accidentes es como pensar que los empresarios pueden controlar por ejemplo las líneas de colectivo, los subtes, etc, es decir, elementos que se encuentran fuera de su órbita".

En cambio diferenció esas situaciones de "otros problemas que pueden darse dentro del ámbito industrial donde por ahí están en contacto con máquinas o instrumentos cortantes". De Mendiguren se quejó además de "la doble vía" y no le pareció "justo" que se pueda reclamar mediante los dos sistemas.

También desde la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART) se manifestaron a favor de alcanzar un "amplio consenso" entre empresarios y trabajadores y manifestaron su confianza en que el "Estado arbitrará" en pos de un "equilibrio".

Convencido de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo que dé forma a un proyecto de ley, De Mendiguren dijo explícitamente que "en caso de que no salga la nueva ley sería interesante que se realicen acuerdos parciales, avalados luego por el Poder Ejecutivo".