La concesionaria Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) solicitó ayer en audiencia pública autorización para incrementar la tarifa un 26 por ciento a partir del 1º de mayo. De este modo, el promedio de facturación pasará de 330 a 416 pesos por los dos servicios, agua y cloaca. La empresa aseguró que el aumento pretende “contrarrestar los efectos de la inflación y afrontar los déficit operativos derivados de la incorporación de ocho nuevos municipios al área de concesión”. Se trata de las localidades de Moreno, Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Presidente Perón, Merlo y Florencio Varela, que serán abastecidas por AySA. 

La audiencia se realizó en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio de Barracas. Del 26 por ciento de aumento, la empresa sostiene que 15 puntos responden a las proyecciones oficiales de inflación y 11 puntos al recupero gradual de equilibrio económico en OPEX (costos permanentes de funcionamiento), mantenimiento y mejoras. “La incorporación de los nuevos partidos plantea un desafío para la sostenibilidad de los servicios, ya que se trata de áreas donde los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir los costos de la prestación”, explicó la empresa. AySA debió revisar integralmente sus planes debido a un incremento significativo de la superficie total de la concesión, que pasó de 1811 a 2949 kilómetros cuadrados, e incorporación de 3,2 millones de habitantes. 

Como contrapartida, se comprometió a invertir unos 935 millones de dólares este año para llevar a cabo 320 obras que alcanzarán a casi 12 millones de habitantes. “Para el año 2018 se destinarán al Programa de Tarifa Social unos 720 millones de pesos para asegurar el acceso a cerca de 375.000 beneficiarios”, agregó AySA. Actualmente, el 15 por ciento de los clientes de AySA cuenta con medidor, unos 350.000 hogares. Las obras, algunas ya en ejecución, incluyen los Sistemas Riachuelo, Berazategui y Agua Sur y las plantas de tratamiento Lanús, Fiorito, Sudoeste y Hurlingham. Y a más largo plazo prometió avanzar en la construcción del Sistema de Agua Norte y plantas depuradoras de aguas residuales.

“Llegó el momento de la intervención objetiva, precisa y contundente del Estado bajando impuestos, para que las tarifas sean más bajas en los bolsillos de los usuarios. Llegó el momento también de un plan de concientización por parte del estado y de todas las empresas”, sostuvo en la audiencia el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), Alejandro Amor. El Defensor porteño alegó que el impacto de los impuestos en la composición de las tarifas es de entre el 30 y el 45 por ciento, de acuerdo con el servicio. Por eso, pidió intervención del Estado para defender los principios de proporcionabilidad, razonabilidad y no confiscatoriedad que estableció la Corte Suprema. Por su parte, Rocío Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar, uno de los partidos que incluirá AySA, se sumó al pedido de que el Estado realice la quita de impuestos de las facturaciones de los servicios públicos. “Los usuarios no pueden seguir cargando con todo el costo de la llamada readecuación tarifaria”, aseguró Fernández. También estuvieron presentes en la audiencia Silvia Caprino, de la Defensoría del Pueblo de La Matanza y María Laura Garibaldi, de la Defensoría del Pueblo de Avellaneda.

Además del aumento de tarifa, AySA solicitó que la quita de subsidios prevista desde el año pasado se aplique de manera gradual. La eliminación de los subsidios zonales debería entrar en vigencia dentro de un mes y medio, según la Disposición 19 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de 2017, pero la concesionaria solicitó que la quita de descuentos que reciben 1,1 millón de usuarios residenciales del Gran Buenos Aires para el 30 de abril sea descontada gradualmente a lo largo del año. La propuesta que presentó en el documento contempla que esa reducción se realice a lo largo de cuatro bimestres consecutivos, comenzando el 1 de julio y reduciendo cada uno de ellos un 6,2 por ciento hasta completar el porcentaje total a comienzos del año próximo. Esta quita alcanza a los usuarios localizados en zonas del área original de concesión y equipara esas tarifas con la de los nuevos partidos incorporados, según el documento.