La ley vigente en España tiene casi ocho años. Es de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria de embarazo. Reformó la que regía desde 1985, cuando España despenalizó parcialmente el aborto, luego de una larga batalla encabezada por el movimiento feminista, que incluyó diversas acciones, entre ellas realizar interrupciones voluntarias de embarazo en plazas para provocar detenciones masivas, como forma de proteger a profesionales que practicaban los procedimientos y a las mujeres que abortar.
Desde 1985 se permitía el aborto cuando se practica para evitar un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”, cuando la gestación era producto de una violación siempre que se practicara dentro de las primeras 12 semanas y más allá de ese plazo y hasta la semana 22 si el feto tenía malformaciones o se presume que nacerá con “graves taras psíquicas o físicas”.
Pero a la sanción de aquella ley siguió una avalancha de juicios por aborto contra médicos y mujeres, que dejó al descubierto la inseguridad jurídica que encerraba la normativa. Desde hacía varios años, la asociación que agrupa a las clínicas que practican abortos no punibles y el movimiento feminista español reclamaban una reforma legislativa que eliminara directamente el aborto del Código Penal, y lo legalizara. Finalmente, el gobierno socialista de José Rodríguez Zapatero impulso la reforma y convirtió el aborto en un derecho dentro de las primeras 14 semanas de gestación.
