La disminución del número de aborto en España (de 94.188 a 93.131 en un año), respondería fundamentalmente a razones derivadas de los movimientos migratorios: las inmigrantes que abortan en España pasaron de ser casi un 40 por ciento en 2012 a un 34 por ciento en 2016. Otras causas deberían buscarse en el envejecimiento de la población, el descenso de mujeres en edad reproductiva, la paulatina mejora en los hábitos contraceptivos y el uso de la anticoncepción de emergencia, apunta Francisca “Paquita” García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, en una columna de opinión que publicó en febrero en la revista Trabajadora. “Desgraciadamente, no se puede atribuir esta caída a la aplicación de la actual de Salud sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que la parte preventiva de esta norma no ha llegado a aplicarse. En este sentido, solo las políticas preventivas, la educación sexual y el acceso real a la anticoncepción disminuyen los embarazos no deseados. Estas medidas están previstas en la ley de 2010, pero el actual Ejecutivo dificulta su implantación. Como ejemplo de las consecuencias de esta errónea decisión, hay que señalar que más de 30.000 mujeres que interrumpieron su embarazo durante 2016 (un 35 por ciento), no había utilizado método anticonceptivo”, destacó García.