La Federación de Educadores Bonaerenses y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación presentaron una medida cautelar en el Tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata para tratar de impedir que la gobernadora María Eugenia Vidal jubile de oficio a 3 mil docentes de la provincia de Buenos Aires. Ante la falta de respuesta de la Dirección General de Cultura y Educación, los sindicatos resolvieron trasladar su reclamo al Poder Judicial y subrayaron que la decisión del Ejecutivo provincial representa una pérdida del 40 por ciento de los haberes para los futuros jubilados y la pérdida de la Obra Social IOMA.

La cautelar presentada por los gremios sostiene que la resolución 2397/17 publicada el viernes en el Boletín Oficial bonaerense “es inviable” y hace una interpretación sesgada del artículo 18 del Estatuto Docente. “Este apartado no habilita al cese sino a la perdida de la estabilidad. Lo que el Ejecutivo debería hacer es otorgar un plazo de seis meses para que el docente inicie el trámite de jubilación como dicta la Ley de Contrato de Trabajo”, señaló a Página/12 Víctor Nanni, abogado de la FEB. “En caso de que no pudieran otorgar dicho plazo, deberían otorgar la jubilación automáticamente, y calcular sus haberes de acuerdo al mejor cargo de la carrera”, amplió el letrado.

Tanto la FEB como Suteba habían presentado el viernes ante la Dirección de Escuelas una impugnación a la resolución porque “condenaba a los docentes a la pobreza”. En la denuncia a la que tuvo acceso este diario, ambas entidades advirtieron que “se están violando los derechos de los docentes afectados, pretendiendo obligarlos a un retiro violando las condiciones  contempladas en el Estatuto Docente”.

Eso es lo que reiteraron en la cautelar presentada hoy, que explica cómo impactará en el bolsillo de los docentes la jubilación de oficio. “Citamos el antecedente de una maestra que fue jubilada de forma compulsiva hace dos años y que al día de hoy no tiene obra social, a pesar de necesitar un tratamiento oncológico- y sólo está cobrando 8 mil pesos porque todavía no oficializaron su cargo”, denunció Nanni, quien advirtió los 3 mil docentes alcanzados por el ajuste de Vidal podrían sufrir las mismas consecuencias.

Nanni advirtió además que hasta la fecha ningún docente fue notificado formalmente acerca de su cese. “De la propia resolución se puede deducir que habría un acto administrativo para cada uno. Desde ese momento, los maestros tienen que dar aviso al IOMA y pasarían a cobrar el 60 por ciento del último sueldo, sin aguinaldo y sin vacaciones”, concluyó Nanni.

Las jubilaciones de oficio serán pagadas por la DGCyE durante el tiempo que duren los trámites definitivos del retiro, pero luego el IPS deberá devolver el dinero con intereses a la dependencia estatal y además tendrá que pagar el retroactivo del 40 por ciento a cada uno de los docentes afectados, razón por la cual los gremios denuncian que el objetivo final es desfinanciar el IPS, la caja docente que Vidal intentó apropiarse con el argumento de que era deficitaria, al mismo tiempo que decretaba el pase de la caja del Banco Provincia al Estado.