Vecinos del Barrio porteño Villa Santa Rita marcharon en procesión fúnebre para velar al pasaje Guillermo Granville, conocido como La Puñalada, amenazado nuevamente –ya lo había sido en dos ocasiones– por una construcción que de concretarse violaría la ley que limita la altura de dichas obras sobre las calles estrechas y pasadizos de la ciudad. El ex legislador Eduardo Epszteyn, una de las nuevas autoridades del Consejo del Plan Urbano Ambiental de Buenos, dijo a PáginaI12 que “el caso es escandaloso porque hay una ley específica, votada en 2013 por unanimidad en la Legislatura y que surgió por el conflicto en este pasaje, y nadie hace nada. Y si bien el gobierno está buscando una medida correctiva, mientras tanto se da una política de hechos consumados”.

El barrio es una pequeña superficie delimitada por las avenidas Alvarez Jonte y Gaona y las calles Miranda, Condarco y Joaquín V. González. Está entre Flores, Floresta y Villa del Parque. Las cortadas y pasajes, al que concurren para fotografiar turistas, o para retratarse quinceañeras y recién casados, son, junto a las casas bajas, su principal característica. El Granville, de 60 metros de largo por tres de ancho, es un pasaje peatonal, donde se alzan 14 casas y desde donde partió la marcha fúnebre que recorrió la manzana. 

El ataúd negro de cartón, con una cruz blanca pintada, y la inscripción pasaje Granville, llevaba en encima una corona, aportada por un vecino florista, sobre la que se podía leer Q.E.P.D (que en paz descanse). Los vecinos, con candelabros caseros, hechos con tapas de envases, y, en su gran mayoría, vestidos de negro, recorrieron la cuadra, escoltados con la misma bandera con que en 2011 enfrentaron la especulación inmobiliaria en el barrio y que reclamaba entonces como ahora: basta de edificios. 

Una de las vecinas contó que “enterramos el pasaje, pero el reclamo es por todos los pasajes que están desamparados”.

La lucha de los vecinos arrancó en 2011, cuando las constructoras quisieron avanzar sobre la zona donde se encuentra, por un lado, el pasaje Granville, que corta la avenida Alvarez Jonte, y por otro, el pasaje Dantas, perpendicular a Granville. Esas manzanas, consideradas atípicas por el Código Urbano y con limitaciones para la construcción en altura, tenían cierta cobertura legal, pero no la suficiente.

Ese año, dos obras, una a cada lado del pasaje Granville fueron paradas por los vecinos. Una de las construcciones, que ya estaba avanzada y tenía proyectado diez pisos, quedó en cuatro. A la otra, que no se había iniciado, en un terreno enorme que va de la avenida Jonte al pasaje Dantas, le sacaron el registro de obra.

La lucha de los vecinos sirvió como caso testigo para el proyecto de ley que se sancionó en 2013, que protege a los pasajes y establece que no se puede construir más de nueve metros de altura en toda manzanas que tengan en uno de los lados frentistas a un pasaje.

Sin embargo, en 2016, se inició una obra en el terreno lindante al edificio que debió limitar su altura a cuatro pisos. Los festejos que tres años antes habían hecho los vecinos se transformaron, primero en sorpresa, y después en indignación, cuando consultaron por la situación en la  Dirección General de Registro de Obras y Catastro (Dgroc), y les explicaron que habían quedado por un “error administrativo” fuera de la norma.

La ley define qué es una vía de ancho reducida, y Granville queda comprendida, sin embargo, la norma dice que se aplique a los pasajes que figuran en el anexo, y en el anexo hay un mapa borroneado donde el pasaje no figura. Y el Dantas, sólo aparece en cien de los doscientos metros que posee.

Una de las vecinas explicó que “hay un montón de irregularidades. La Dgroc admitió la omisión, pero nos dijo que teníamos que recurrir a la Legislatura, mientras el constructor seguía levantando pisos. Y si bien en la Legislatura el oficialismo no nos dio bolilla, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Dgroc que nos incorpore a la ley y que detengan la construcción. En ese lapso, el edificio se terminó de construir y tiene diez pisos”, recordó.

Para Epszteyn, el texto de la ley de pasajes “es claro pero tuvo una pésima reglamentación. La ley se hizo para ese conflicto, para arreglar una situación donde especuladores se amparan para hace cosas que destruyen el patrimonio de la ciudad”, y señaló que “habría que investigar por qué el plano es borroso”.

Hace veinte días, la historia comenzó a repetirse: en Alvarez Jonte 3222/24/32, tres parcelas pegadas, una constructora proyecta una nueva obra lindera con los fondos de las casas centenarias de los pasajes. 

Los vecinos volvieron a la Dgroc donde, según relató un vecino, se reunieron con la directora, Paula Hertel, y otro funcionario, quienes “nos dijeron que iban a estudiar el caso. Lo mismo nos dijo la agestión anterior de Sebastián Uberti, y el edificio se terminó de construir mientras nosotros reclamábamos”, señaló.

Según contaron los vecinos, el gobierno dijo que “enviaron el caso a la Procuraduría y que están buscando una herramienta administrativa” para darles una respuesta esta semana. Mientras tanto, la demolición en los predios continúa, y los residentes del barrio decidieron aguardar la respuesta “velando el pasaje”.

Según Epszteyn, a quien el gobierno llamó para hace una ley correctiva, que resuelva esta situación y la de otros pasajes, las autoridades “deberían tomar cartas en el asunto y hacer lo que tienen que hacer: suspender las obras. Si se suspenden hay tiempo para hacer una nueva ley, si no, siguen demoliendo y es una política de hechos consumados”, remarcó.