Pocas horas antes de cumplir dos años de detención, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) decidió prorrogar un año más la prisión preventiva del empresario Lázaro Báez. Los integrantes del TOF acompañaron el dictamen del fiscal Abel Córdoba y consideraron como un riesgo el "acceso (de Báez) a diferentes vías para salir del país, los vínculos con altos funcionarios públicos y la influencia que ejerciera sobre determinadas personas". Entre los argumentos para rechazar su excarcelación, los jueces también valoraron las penas potenciales que podría recibir y la posibilidad de que el juicio oral comience en el segundo semestre de este año. 

"Teniendo en cuenta (...) que se mantienen los riesgos procesales del peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, entendemos que el lapso por el cual se prorrogará la detención del encartado Lázaro Báez resulta razonable en relación a los hechos que se le imputan", sostuvieron los jueces en el fallo conocido esta tarde. 

Los magistrados del TOF 4 —integrado por Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iníguez— tomaron en cuenta el dictamen del fiscal Córdoba, quien también había subrayado la presunción que Báez tiene influencia en personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Prefectura Naval y que conserva "vínculos económicos e influencias tanto a nivel local como en el extranjero". 

"Es posible enumerar la existencia de una decena de circunstancias específicas que abonan la hipótesis concreta de la posibilidad cierta de sustraerse del proceso o afectarlo de modo irreversible", había advertido ayer el fiscal Córdoba en su dictamen, en consonancia con la llamada doctrina Irurzun, por el juez Martín Irurzun, quien en su momento justificó las preventivas de todos los imputados por la firma del Memorándum con Irán por el "poder residual" de los implicados.   

En la causa se investiga al empresario, a su familia, a sus asociados y a funcionarios públicos por la presunta comisión de maniobras de lavado de dinero con fondos desviados del erario público, a través de la financiera SGI (conocida como "La Rosadita"), sociedades offshore en Panamá y otros paraísos fiscales y cuentas en Suiza.

En el banquillo estarán los cuatro hijos del empresario, el financista Federico Elaskar, el valijero mediático Leonardo Fariña, Fabián Rossi y otros imputados entre quienes se encuentra el abogado de confianza de Báez, Jorge Chueco, y su contador Daniel Pérez Gadín, ambos detenidos.