La prisión de Lula es el golpe final a la democracia en Brasil, con inocultables consecuencias que se expanden por la región. Pero es también la puesta en práctica de un método político autoritario y antidemocrático ahora perfeccionado y antes ensayado en otros países latinoamericanos (Honduras y Paraguay sirven como ejemplo). En Brasil tuvo su prolegómeno en la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff, tan viciada de ilegitimidad como la actuación que ahora lleva adelante el juez Sergio Moro. Poco se puede agregar a todo lo dicho y siempre se corre el riesgo de caer en las obviedades. Sin embargo, también es útil reflexionar sobre lo elemental, especialmente cuando los actores inmediatos preanunciaban desde hace mucho tiempo un final como el que ahora estamos observando sin que hayan sido capaces de articular una respuesta capaz de ponerle límite al atropello.

Lo ocurrido con Lula es un golpe contra la democracia llevado adelante con nuevos métodos por los mismos poderes que en momentos históricos no lejanos usaron a las fuerzas armadas de nuestros países para imponer a sangre y fuego sus intereses.

No hace tanto y tras largos años de resistencia y de lucha, los actores populares lograron revertir la situación y avanzaron en procesos de restitución de derechos, aún en el marco de una “institucionalidad” apoyada en normas construidas por los poderes fácticos y nunca favorables al interés popular. Aun así el voto popular le abrió paso a liderazgos también populares o emparentados con lo popular que avanzaron hacia la restitución de derechos. Incluso con distintas formas e intensidad se llegó a sancionar, usando las mismas normas de la “institucionalidad” coja, a quienes violaron los derechos humanos, demolieron y arrasaron la vida de miles de personas. Argentina ha sido un ejemplo en ese sentido. Fue una gesta de enorme envergadura en condiciones adversas.

Pero en la historia de la humanidad no existen triunfos definitivos, de una vez y para siempre. El enemigo de los pobres y de la democracia como sistema nunca se retiró del escenario. Se replegó, se mantuvo oculto pero constantemente operando. Algunas veces desde las sombras, otras a la luz pública. Persistentemente actuante, agazapado y sin abandonar sus intereses. Esos enemigos del pueblo y de la democracia perdieron batallas. Las mismas que el pueblo festejó en las calles y en las plazas de nuestras ciudades latinoamericanas. Fueron victorias importantes, significativas. Pero no definitivas.

Ahora el método se ha perfeccionado y esto incluye no dejar muertos ni construir héroes. No se mata con tiros, sino con el desprestigio y la descalificación ética de quienes lucharon por los derechos ciudadanos. No se tortura físicamente, se difama para destruir moral y psicológicamente. Ya no habrá “héroes” a los que ensalzar y reivindicar sino “corruptos” sin valores para acreditar. Es lo que pretenden.

Lo ocurrido ahora en Brasil deja en evidencia lo anterior. El sistema capitalista y sus artífices perfeccionaron el método. Ahora utilizan los mecanismos de la democracia formal, “la institucionalidad” democrática acomodada a su medida, para imponer sus condiciones. Se condena sin pruebas y en base a la “intima convicción” alimentada antes y sostenida después por las corporaciones mediáticas que expresan el poder real. Y la Justicia quedó restringida, dañada y sometida al Poder Judicial que ni siquiera se atiene a las leyes porque actúa por cuenta y orden del poder, sin que existan pruebas para condenar o leyes a las que sujetarse. En Brasil, pero también en la Argentina.

Hay condenas mediáticas que son resultado de operaciones que incluyen el uso intensivo de las tecnologías y que están comandadas por grupos concentrados de comunicación que operan bajo el mismo mandato, imponen sentidos ordenadores, formas de entender el mundo, manipulan información, silencian actores y, sobre todo, mienten sin restricciones y sin sanción alguna ni moral, ni ética ni política, ni penal.

El método ha sido perfeccionado. Se reemplazaron soldados por jueces y comunicadores funcionales al poder. No se abandonó la fuerza de las armas, pero estas llegan en un segundo momento para garantizar lo que ya ha sido demolido por el poder mediático sumado al poder judicial. Mientras ello ocurre los verdaderos operadores del poder, los dueños del capital nacional y transnacional, operan a control remoto, fuera de la línea de fuego, sin ensuciarse las manos y amparados en una “institucionalidad” aplicada a su antojo, acomodada su medida y usada en su beneficio.

Frente a semejante situación la pregunta, planteada casi desde la impotencia, sería ¿qué alternativa queda para la vigencia plena de derechos y para los sectores populares en el marco de esta institucionalidad presuntamente democrática pero vacía de democracia real? Porque parece evidente que quienes hoy ejercen el poder en la región y en el mundo han secuestrado a los intereses ciudadanos a través de la operatoria perversa de recursos comunicacionales y jurídicos ajustados a sus intereses y a sus proyectos.

En Brasil ya ocurrió un capítulo decisivo. En Argentina se corre el riesgo inminente de transitar por la misma vía. Habrá que colocar las barbas en remojo, aprender mirando lo ocurrido al vecino y poner toda la creatividad y la voluntad para no terminar en la misma fosa. Como bien ha dicho Lula “la lucha continúa”. Hay que evaluar la situación y revisar los métodos para que los sueños no terminen también en prisión.