Acaso como una perversa paradoja, los protagonistas del caso Maldonado que propiciaron el encubrimiento de la muerte el joven mochilero siguen con sus carreras en ascenso. Así como la ministra Patricia Bullrich no encontró ningún obstáculo para ascender a seis de los gendarmes que participaron del operativo represivo del 1 de agosto en el territorio Lof en Resistencia de Cushamen –cuando desapareció Santiago Maldonado luego de participar en forma solidaria de una protesta de esa comunidad mapuche por el encarcelamiento de su lonko, Facundo Jones Huala–, el presidente Mauricio Macri y el Senado podrían aprobar el pliego del juez federal Guido Otranto, que aspira a integrar el Tribunal Oral de General Roca. El cuestionado magistrado, que instruyó la primera parte de la causa, quedó primero en la terna enviada al Poder Ejecutivo. Otranto fue acusado por las querellas de haber ordenado militarizar la zona, haber permitido la injerencia directa de los funcionarios enviados por Bullrich a Esquel y, finalmente, fue apartado del caso por su falta de imparcialidad. Además, este diario verificó que el juez falseó los hechos en un documento oficial: sobre el rastrillaje del 5 de agosto dijo que los mapuches le habían entregado la gorra de Santiago que estaba “debajo de una manta”, cuando en realidad la encontró una empleada de su juzgado “debajo de una mata”, es decir, un arbusto.

El agregado de la letra “n” que transforma una palabra en otra no es inocente porque en aquellas horas el discurso oficial se había cerrado en negar la presencia de Maldonado en Cushamen. Otranto lo escribió así a fojas 189 del expediente del habeas corpus, al que PáginaI12 tuvo acceso. Y en un comunicado que difundió el Centro de Información Judicial, en el cual se instaló la teoría del entorpecimiento de la comunidad a las tareas judiciales cuando los mapuches sólo pedían tiempo, a fojas 593, dijo: “El rastrillaje con el perro fue realizado con una prenda que los miembros de la comunidad dijeron haber encontrado donde Santiago Maldonado habría sido visto por última vez”. Según él, entonces, la prueba de la presencia del joven allí es aportada por los mismos mapuches a los que mandó reprimir.

Mientras desde los órganos del Estado impulsaban una campaña que ubicaba a Maldonado en Entre Ríos, Tierra del Fuego o Chile, Otranto informaba a la prensa una versión distorsionada de aquel primer y fundamental rastrillaje, cuando el perro marcó su rastro hasta la orilla del río. Ese relato contrasta con el que volcaron en el mismo expediente el defensor oficial Fernando Machado y la División Drogas Peligrosas. Para Mauricio Rojas, abogado de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, esta tergiversación plantea la duda sobre “si fueron errores o parte de un dispositivo para desviar la investigación”.

En el proceso de aprobación del pliego de Otranto, los organismos de derechos humanos podrán impugnarlo. “En ese momento nuestro objetivo era buscar a Santiago, ahora es buscar justicia y para eso estamos analizando el comportamiento de todos los involucrados, incluido el primer juez que tuvo la causa”, apuntó Rojas. El aval a Otranto contó con el voto favorable de casi todos los miembros del Consejo, a excepción de Rodolfo Tailhade (FpV), que se abstuvo.

Así como el juez necesita la firma de Macri para ascender, en el Poder Ejecutivo estarían muy complacidos de que este magistrado no active la causa por encubrimiento en el caso Maldonado, que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre había hecho en contra del Presidente y de varios de sus funcionarios. La Justicia Federal porteña envió el caso de regreso a Esquel, al juzgado de Otranto, denunciado él mismo por encubrir las responsabilidades de Gendarmería en esa misma pesquisa. 

El amigo Benetton

La primera actividad con que Otranto abrió la investigación fue la audiencia del 4 de agosto, a la cual no convocó a la testigo más importante, Claudina Pilquiman, quien ya había relatado al defensor oficial el detalle de la represión de Gendarmería en la Pu Lof. Además, los policías realizaron tareas de espionaje ilegal sobre los miembros de la red de apoyo a la comunidad mapuche, cuyos resultados incorporó sin objetar.

El 5 de agosto Otranto ordenó allanar los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería, pero a fojas 192 consta que un día antes anunció por nota a sus jefes que serían allanados. 

Ese mismo día instruyó el primer rastrillaje del río, con la división canina. A fojas 186 el defensor Machado realiza su propia acta de procedimiento donde consta el hallazgo “detrás de los arbustos” de un “gorro color beige”, que un miembro de la comunidad reconoce como el que usaba Santiago. Y a cuatro metros, una vaina servida. Era la prueba que ratificaba el relato de los mapuches sobre la presencia del tatuador durante la represión el 1 de agosto. 

En su acta, Otranto y su secretaria María Silvina Salvare insisten en denostar la actitud belicosa de los mapuche, a quienes acusan de entorpecer la investigación, a pesar de que ninguno de los dos estuvo en el rastrillaje sino que permanecieron en la propiedad de Benetton. “Nos acercamos hasta la estancia de la compañía Tierras del Sud donde fuimos atendidos por el señor Ronald McDonald (jefe de capataces de Benetton) (…) luego de ello regresamos a la ciudad de Esquel.” Hasta ahí nada sobre la gorra. “En horas de la noche se presentó en el juzgado el guía del can, Martín Villarroel, quien dijo que uno de ellos (mapuches) le entregó una gorra que se le dijo habían encontrado bajo una manta y que pertenecería a la víctima”, según el acta de Otranto. Nada dice el juez sobre la cadena de custodia de semejante prueba, ni por cuántas manos pasó hasta que el defensor Machado la embolsó para enviarla al laboratorio. Pero agrega que en la Lof estaban presentes dos empleadas de su juzgado.

A fojas 250, el ayudante de la División Drogas Peligrosas Matías Maglione describe: “Siendo las 14.40 se comienza la búsqueda, hallándose a pocos centímetros del lugar que nos encontramos precisamente debajo de una planta autóctona del lugar boina con gorra de color blanco, por lo que es consultado si pertenecería a la persona buscada la ciudadana Claudina Pilquiman confirma que la prenda de vestir efectivamente corresponde a la persona de Santiago Maldonado. Consecuentemente el instructor del can impronta al perro con el olor de referencia”. Interrogada por los fiscales de la Procuración contra la Violencia Institucional, Pilquiman relató que la boina fue avistada por una mujer que no es de la comunidad, y como la secretaria del juez tampoco estaba, esa persona no es otra que una de las dos empleadas que sí estuvieron en el lugar de los hechos, cuya identidad es reservada porque podrían ser convocadas como testigos si prospera alguna de las denuncias contra Otranto por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato.

Con casi dos décadas de diferencia, Otranto y Maldonado nacieron el mismo día, un 25 de julio. La desaparición y muerte del mochilero de 28 años pudo haber sido el final de la carrera del magistrado de 45. Sin embargo, todo indica lo contrario. Mario Das Neves, quien fuera gobernador de Chubut, lo había definido como “un paracaidista bancado por un chico de La Cámpora”, y le inició juicio político cuando Otranto aún ostentaba posturas progresistas, tales como el rechazo a la extradición de Facundo Jones Huala al anular el juicio que tuvo testigos torturados y tareas de espionaje. Sin embargo, otras fuentes afirman que siempre es oficialista, y así explican su cambio abrupto respecto de las comunidades mapuches. Cuando sus superiores de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia lo apartaron del caso Maldonado por prejuzgamiento y parcialidad, pareció irse por la puerta de atrás. Pero para este juez que se permitió afirmar públicamente que “la hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó”, mucho antes de que apareciera el cuerpo en el río Chubut, su posible desembarco en el TOF de General Roca tiene sabor a revancha.