El caso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado llegó a la Corte Suprema, en queja porque las anteriores instancias judiciales se negaron a aceptar el pedido de su familia para que expertos independientes intervengan en el esclarecimiento. “Estamos pidiendo una vez más que la investigación precisa y recta por la desaparición forzada seguida de muerte se inicie, porque hasta ahora no hubo una que sea independiente e imparcial, sólo salieron de pesca a ver si se había cometido algún delito”, dijo la abogada Verónica Heredia a PáginaI12. “Tampoco hay hoy en el expediente causales objetivas que pueda llevar al juez a concluir un cambio de carátula”, agregó en referencia al pedido del gobierno para que la calificación penal pase a ser muerte dudosa o averiguación de muerte, lo cual beneficiaría a los gendarmes que el 1 de agosto reprimieron con balas y piedras a la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen, donde fue visto Maldonado por última vez con vida. Además, la letrada recordó que esta misma iniciativa ya había sido rechazada en diciembre por el juez federal Gustavo Lleral. “¿Cómo no pretender una investigación imparcial de las fuerzas de seguridad cuando desde las más altas autoridades del gobierno se avalaron sistemáticamente el accionar de las mismas?”, razonó en el planteo hecho ante la Corte, y detalló la numerosa cantidad de pistas falsas sembradas desde el propio Poder Ejecutivo. 

“Hay medidas de prueba de resultado pendiente que el propio juez ya solicitó, como los peritajes sobre el DNI de Santiago y la testimonial de Nicasio Luna en Chile, al igual que mi pedido de los datos de las antenas para ver si está registrada la llamada de Ariel Garzi a Santiago, por lo cual no hay hoy ninguna razón para cambiar la carátula”, dijo Heredia. Y agregó que si esto sucede sería algo “sorpresivo y arbitrario”. 

En la página que la familia creó para desmentir las sucesivas noticias falsas publicadas sobre esta causa está el escrito de queja presentado ante el Máximo Tribunal, así como los anteriores que reflejan el sistemático rechazo de la justicia sobre la conformación del Grupo de Expertos Independiente (GEI). “Se perdió tiempo, no se creyó en la víctima, por el contrario, se la investigó junto a pistas falsas”, argumentó Heredia. “Vengo a presentar recurso extraordinario federal contra la resolución de la sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, de 8 de marzo de 2018”, precisó la letrada, e invocó toda la jurisprudencia nacional e interamericana que surge del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El 1 de noviembre la querella de la familia solicitó al juez Lleral que “se garantice una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente para conocer las circunstancias de la muerte de Santiago”, y que “a tal fin se requiera la conformación de un GEI que supervise y coadyuve a la investigación que realice el señor juez”. Esta petición tenía, y sigue teniendo, fundamento en que Santiago fue visto por última vez en la Pu Lof de Cushamen cuando ingresaron violentamente más de 120 miembros de Gendarmería. Tal como reconoció el ministerio de Seguridad, persiguieron a Santiago y a seis o siete personas hasta la orilla del río Chubut. El 17 de octubre apareció su cuerpo sin vida flotando en esa misma zona, rastrillada por el ministerio de Seguridad tres veces con resultado negativo.  

En la presentación consta que “mientras Santiago estuvo desaparecido la ministra de Seguridad negó que hubiera estado allí, que se hubiera denunciado su desaparición, que hubiera existido violencia por parte de Gendarmería; se ocultó y negó información sobre el nombre y accionar de todas las personas afectadas al operativo, y se negó la presencia del jefe de Gabinete del Ministerio (Pablo Noceti)”. La letrada también recordó que “la señora ministra dijo ante el Senado ‘no voy a hacer la injusticia de querer tirar a un gendarme por la ventana”, y en ese mismo momento la funcionaria de Cambiemos afirmó que la Gendarmería había actuado por orden del juez Otranto. Sin embargo el magistrado públicamente sostuvo el 7 de agosto: “Este no es un procedimiento que haya sido ordenado por mí”. Para Heredia “es evidente que debe investigarse cuál fue el accionar de Gendarmería y de las otras fuerzas de seguridad que actuaron desde el 3 en la búsqueda de Santiago. ¿El juez con quién investigará a todas las fuerzas de seguridad? ¿O no habrá juez que las investigue? En el entendimiento que el juez sí las investigará es que propuse un equipo de expertos independientes e imparciales: independientes del Ministerio de Seguridad e imparciales de su propio accionar”. 

Cuando el juez Lleral rechazó la pretensión de conformar el GEI sostuvo que si bien “todas las fuerzas de seguridad están bajo la órbita de competencia del Ministerio de Seguridad ello no es motivo ‘per se’ para sospechar de maniobra ilícita alguna”. Al respecto, Heredia argumentó que “el juez subrogante (Lleral) hizo referencia al objeto de la instrucción de manera genérica y adaptable a cualquier procedimiento penal”, y enfatizó que “es eso, precisamente, lo que ha llevado a que se investigue cualquier cosa menos una presunta desaparición forzada de persona, ahora agravada por muerte”. Y agregó: “No es lo mismo ‘salir de pesca’ para averiguar si se ha cometido algún hecho delictivo, que investigar con rectitud y precisión una presunta desaparición forzada que es la hipótesis de la que debió -y debe- partirse para determinar la responsabilidad del Estado en tanto actuó en el caso una fuerza estatal –Gendarmería–, hoy, hecho incuestionable”.

Más allá de los resultados de la autopsia, según la cual Maldonado murió por asfixia e hipotermia, el despliegue de pistas falsas para exculpar a los gendarmes y el espionaje estatal a su familia reafirman la insistencia en la responsabilidad del Estado en este crimen.