Gloria Poyatos Matas es integrante del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Desde ese lugar, cuestiona el reciente fallo contra los cinco integrantes de La Manada, que desató una ola de masivas manifestaciones de repudio en España. Lo que le falta es perspectiva de género, apunta en una entrevista con PáginaI12, en la que desgrana y analiza la resolución judicial. La sentencia condenó a los agresores de una adolescente de 18 años a 9 años de prisión por el delito de abuso sexual y no por violación, lo que los benefició con una pena más baja, a pesar de que se probaron los hechos denunciados por la víctima. El punto clave, señala Poyatos, fue la valoración que hicieron los jueces de la actitud de la chica frente al ataque. “No se tiene en cuenta la asignación social de roles de género que predeterminan a los hombres para la autoridad y a las mujeres para la sumisión, por lo que es más probable que los hombres combatan el miedo con agresión y las mujeres con obediencia y sumisión, como aconteció en este caso. Juzgar con perspectiva de género es buscar soluciones jurídicas justas a situaciones de desigualdad”, señaló la jueza española, que llegará hoy a Buenos Aires, para participar del 14ª Conferencia Bienal Internacional de Mujeres Juezas, que se lleva adelante hasta el domingo, con la participación de magistradas de 72 países (ver aparte). 

Tras conocerse el fallo de La Manada, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) se pronunció a través de un comunicado en el que consideró que la interpretación que hizo el Tribunal de Pamplona es la que ha ocasionado “desconcierto” y un “importante rechazo social”, en tanto que “abre una brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica”. PáginaI12 dialogó con Poyatos, desde la isla de Lanzarote, en Canarias, donde vive, antes de emprender viaje a la Argentina. El machismo en la justicia, el lugar que ocupan las mujeres en los tribunales y la falta de una formación obligatoria y especializada en género para los operadores de la Justicia y en las carreras de Derecho y sus consecuencias, fueron algunos de los ejes de la charla. La situación en España bien puede verse como espejo de la Argentina. “El machismo es una enfermedad de transmisión social, su vacuna está en la educación y se cura con formación”, advierte la jueza.

–¿Cuál es su opinión sobre la sentencia del caso de La Manada?

–Se trata de una sentencia rigurosa y jurídicamente razonada, pero con todo los respetos a la resolución judicial frente a la que cabe recurso, mi punto de vista es que se dictó interpretando y aplicando la norma sin perspectiva de género.

–¿Por qué el voto mayoritario no encuadra el hecho como violación?

–Porque no apreció la concurrencia de violencia –fuerza física– ni intimidación –anuncio o amenazas de un mal–. El Tribunal entendió que no se daban los requisitos para apreciar que existió violencia específica para anular cualquier posible resistencia de la víctima, a pesar de haberse probado la superioridad física y numérica de los 5 procesados, el lugar – sin salida– donde se produjo el ataque o la diferencia de edad y madurez entre la víctima de 18 años y sus 5 atacantes, entre otras circunstancias. Esas circunstancias fueron valoradas jurídicamente como prevalimiento en el delito de abusos sexuales pero no como intimidación, que se exige en el delito de agresión sexual. Obviamente las penas previstas en uno y otro delito son muy diferentes. La sentencia hace una valoración jurídica que desde mi punto de vista no se corresponde con la gravedad contenida en los hechos probados, que describen un escenario de opresión compatible con la anulación de posible resistencia de la víctima requerida en la agresión sexual. Se hace de este modo una interpretación jurídica excluyente del concepto jurídico de “violencia”, en casos como el presente, y por tanto no se tiene en cuenta la asignación social de roles de género que predeterminan a los hombres para la autoridad y a las mujeres para la sumisión, por lo que es más probable que los hombres combatan el miedo con agresión y las mujeres con obediencia y sumisión, como aconteció en este caso. Juzgar con perspectiva de género es buscar soluciones jurídicas justas a situaciones de desigualdad.

–¿Se descree del relato de la víctima o hay una valoración distinta de la gravedad del episodio?

–La sentencia parte de una valoración que otorga verosimilitud y credibilidad a la víctima, asumiendo  como probado su relato en base al cual se produce la condena. Aprecia que no existió consentimiento de la víctima.

–¿En la justicia española son obligatorios los cursos de capacitación para incorporar la perspectiva de género? 

–Desgraciadamente en la carrera judicial española carecemos de formación obligatoria y especializada en género. La que existe actualmente es voluntaria y ello a pesar de que el Comité  para la eliminación de todas las  formas de discriminación  contra las mujeres (Cedaw, por su sigla en inglés) en su Comunicación 47/2012- Asunto Angela González- recomendó a España, expresamente: “proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en materia de lucha contra la violencia doméstica que incluya formación acerca de la definición de la violencia doméstica y sobre los estereotipos de género”. Por eso desde nuestra Asociación venimos reiteradamente reivindicando formación especializada en género obligatoria para la judicatura española con integración en el temario de oposición a la carrera judicial y fiscal, para poder franquear los estereotipos y prejuicios de género desde la justicia. Los estereotipos son inmunes a las leyes, pero quienes juzgamos no somos inmunes a los estereotipos.

–¿Qué porcentaje de la magistratura hace esas capacitaciones voluntarias?

–No tengo el dato preciso, pero a los cursos de formación con perspectiva de género acudimos mayoritariamente las juezas y magistradas, y también algunos compañeros pero siempre en minoría. 

–Es lo que suele suceder, se capacitan quienes están más sensibilizadas ya con el tema. Entonces, ¿imagino que sigue siendo un ámbito machista la Justicia española?

–El machismo es un mal que afecta a toda la sociedad y a todas las profesiones, en la justicia no nacemos inmunes a la estereotipia y roles de género y nos educamos en la misma sociedad prejuiciosa que el resto de personas aunque con mayor responsabilidad porque nuestro trabajo tiene un gran impacto en la vida de las personas. Por eso no debe extrañarnos que los prejuicios penetren transversalmente en nuestras resoluciones judiciales, dando lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas sobre el comportamiento “apropiado” de la mujer en cada contexto. Los prejuicios predisponen a quien juzga y comprometen la imparcialidad que debe regir la actividad jurisdiccional. Por eso desde el Derecho Internacional se ha venido construyendo una jurisprudencia de género, en respuesta a la ineficacia de las herramientas tradicionales para lograr, por sí solas, una igualdad real. Todo eso se combate con formación y capacitación de jueces y juezas. El machismo es una enfermedad de transmisión social, su vacuna está en la educación y se cura con formación.

–¿Qué lugar ocupan las mujeres en el Poder Judicial? 

–Según los últimos datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la carrera judicial española se compone de 5637 miembros de los cuales un 54 por ciento son mujeres y en una franja de edad por debajo de 50 años, las juezas somos el 64 por ciento, pero paradójicamente en el Tribunal Supremo de un total de 80 integrantes en sus 5 Salas –civil, penal, contencioso administrativo, social y militar–, solo 12 son mujeres. Además de un total de 17 presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia españoles, solo 1 tiene nombre de mujer. Y de un total de 50 presidencias de Audiencias Provinciales, solo 8 son dirigidas por mujeres. Una anomalía democrática que redunda negativamente en la calidad de la justicia porque no integra la mirada completa de una sociedad compuesta por hombres y mujeres. El mundo es diverso y tiene un color diferente dependiendo del sexo bajo el que se observe. Una justicia no puede ser auténtica si prescinde de la mitad de la población.

–¿Cuántas mujeres hay en la Tribunal Constitucional? 

–En el Tribunal Constitucional el equilibrio de género no es más halagüeño, pues de un total de 64 integrantes desde su creación en 1980, solo se han conocido 6 mujeres. En la actualidad se compone por 12 integrantes de los cuales solo 2 son mujeres. El Tribunal Constitucional debiera ser el guardián de la igualdad en su propia integración. La anecdótica presencia de mujeres en un órgano democrático tan importante y de gran impacto social es un retroceso para la justicia, porque prescinde del talento y las experiencias femeninas en la toma de decisiones transcendentales para la sociedad española.

–¿Es frecuente que se ponga en duda en la Justicia la palabra de mujeres que denuncian violencias machistas en España?

–En derecho, hay una larga historia de estereotipos sobre las testigos mujeres como “intrínsecamente mentirosas” o como “intrínsecamente no confiables” y por lo tanto se cree que es más probable que mientan al testificar en casos de violencia sexual. Este estereotipo estaba integrado en las leyes españolas hasta el siglo pasado, en el que logramos la igualdad jurídica, por ejemplo hasta la reforma del Código civil español de 1958, promovida por la jurista Mercedes Formica, las mujeres no eran válidas como  testigos en los testamentos. 

–Tienen tribunales especiales para los casos de violencia de género y el maltrato hacia las mujeres en sí mismo es un delito. ¿Este abordaje permite proteger mejor a las mujeres que la sufren?

–La creación de los Juzgados con competencia en violencia sobre la mujeren se produjo en el año 2005 en cumplimiento la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Se trata de órganos judiciales especializados y exclusivos para la tramitación de actuaciones penales y civiles que afecten a las víctimas de violencia de género que se contemplan en la ley, lo que supone un avance que facilita el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género. No obstante, tal y como hemos venido reivindicando desde la Asociación de mujeres juezas de España, hace falta formación sistemática, obligatoria y transversal de todos los operadores jurídicos que participan en la persecución del delito de violencia de género, así como más medios humanos y materiales entre otras medidas como lo venimos advirtiendo.

–¿Se forman los y las estudiantes de Derecho en las universidades españolas en perspectiva de género durante su carrera?

–Desde mi punto de vista no, y lo mismo sucede en otras licenciaturas, como periodismo o medicina. Ante la falta de educación en materia de género, desde la AMJE estamos impulsando en España un programa educativo en la igualdad desde la justicia, pionero y muy potente educativamente, donde trabajamos desde el aprendizaje transformativo del alumnado, con jóvenes de 9 a 18 años. Este programa, en el que hay adscritos cerca de 3.000 jóvenes en distintas localidades españolas se impulsa de forma voluntaria y altruista por nuestros equipos judiciales multidisciplinarios, compuestos por representantes de todos los estamentos jurídicos –judicatura, forensía, abogacía, fiscalía, etc–, por lo que es reversible formativamente, pues para formar en género a nuestros jóvenes antes se forman nuestros operadores judiciales. Es un programa de divulgación y conocimiento de lo que es la Justicia Igualitaria entre el alumnado para ayudarles a reconocer las discriminaciones y violencias de género, así como los  estereotipos sexistas. Un programa que pretende el acercamiento de estudiantes al mundo judicial, a través de visitas guiadas a las instalaciones judiciales y asistencia a juicios reales con perspectiva de género, como una experiencia enriquecedora que les dará una información más certera sobre el funcionamiento de los juzgados españoles y del concepto  justicia. Promueve, además, la creatividad de adolescentes y el trabajo en equipo mediante la preparación y escenificación de un juicio con perspectiva de género en una sala de vistas real, ataviados para la ocasión. Lo que queramos que sea nuestra sociedad hay que empezar a trabajarlo desde las escuelas, por eso proyectos como éste son imprescindibles.

–Durante muchos años en España se decía jueces a las mujeres que ejercían la magistratura. ¿Cuándo cambió esa denominación?

–Los cambios en el lenguaje suelen empujarse desde la sociedad misma, y posteriormente la Real Academia de la Lengua española (RAE), admite el cambio en el Diccionario Normativo, y así sucedió con el femenino de juez: jueza. Desde la AMJE también reivindicamos un lenguaje no sexista e inclusivo que visibilice a las mujeres. Nuestro propio nombre asociativo no es causal sino reivindicativo de ello en sí mismo. El lenguaje es mucho más que palabras. Nuestra lengua es la manifestación de nuestra estructura ideológica, de nuestra forma de entender y sentir el mundo, de interpretar la realidad. El lenguaje es un reflejo del pensamiento y es el instrumento a través del cual nos relacionamos y mostramos nuestra manera de ver el mundo. No solo se nombra la realidad, sino que se interpreta la misma. Por ello, el lenguaje puede erigirse en una potente arma de discriminación social, perpetuando las relaciones asimétricas entre sexos y el histórico patrón de dominación del hombre, bajo la consideración de la mujer como objeto y no sujeto. El español es una lengua viva que crece y cambia dentro de su contexto social. Las transformaciones no se dictan desde la Academia, surgen espontáneamente desde la sociedad misma. Las personas deciden el destino del lenguaje y la RAE regula, no al revés

–En Argentina se está dando el debate por la despenalización y legalización del aborto en el Congreso, ¿qué opina de que todavía en nuestro país sea legal solo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación?

–La prohibición el aborto ha sido otra histórica forma de violencia contra las mujeres por la vía del control de sus cuerpos y de su sexualidad por parte de los Estados. Creo que es excesivamente restrictivo un sistema que solo permita abortar en los tres supuestos que indica.