La situación llegó a tal extremo que obligó al gobernador Miguel Lifschitz a tomar una posición fuerte frente a los hechos: "El ajuste no es el camino" dijo el mandatario después de haberse encontrado con el ministro del Interior Rogelio Frigerio y haber vuelto de Buenos Aires sin respuestas concretas sobre la deuda que la nación mantiene con Santa Fe. Para Lifschitz es penoso que otra vez en la Argentina "sea más conveniente la timba financiera que las inversiones en materia productiva". Esta situación lleva ya dos años y medio pero sin la corrida cambiaria de la semana, los desaciertos del equipo económico nacional y la intranquilidad palpable entre la gente; jamás Lifschitz hubiera profundizado así su crítica.
En Santa Fe temen que no sólo el cobro de la deuda de 50 mil millones de pesos esté en peligro. El anuncio de los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo sobre un recorte de 30 mil millones de pesos en obras públicas; puede impactar también en esta y otras provincias que esperan todo tipo de obras financiadas por la nación.
Para el gobernador el quiebre en su permanente gestualidad amistosa con el gobierno nacional, se produjo cuando el presidente Mauricio Macri intentó trasladar el esfuerzo de desinflar las tarifas de los servicios públicos a las provincias. "Armaron un descalabro y ahora quieren que se hagan cargo las provincias", disparó el mandatario en aquel momento. La declaración no fue gratuita y le valió una reprimenda presidencial directa cuando compartió la visita de Macri a Armstrong, Las Rosas y Las Parejas. En ese punto Macri quedó con el pie cambiado porque primero les tiró la responsabilidad a los gobernadores y después que los corrió con la fusta ahora los necesita para negociar votos en el Congreso donde avanza la oposición con serias posibilidades de frenar y hasta de retrotraer el tarifazo de los servicios públicos. Una acción que le ha hecho decir a La Rosada que madura un veto presidencial para el caso.
Pero todo está tan revuelto que algunos funcionarios cercanos al presidente ‑no del equipo económico por cierto‑ intentaban encontrar un sentido positivo a la zozobra que se generó con el dólar y las Lebacs. Con lo que pasó "ahora muchos opositores lo pensarán dos veces" a la hora de avanzar con la poda tarifaria que generaría más intranquilidad en los mercados. Así pensaban la manera de volver a aislar al kirchnerismo y la izquierda en el debate por el tema. Pero por el momento, la intransigencia tarifaria del gobierno soldó a casi todo el arco opositor que tiene número para accionar en el Congreso de la Nación.
Eso es lo que miran con detalle los quince diputados provinciales de la oposición que sintetizaron varios proyectos para poner un cepo tarifario también a la Empresa Provincial de la Energía y a la tarifa del agua. Ya tiene media sanción un proyecto que le impone límites a Assa para cobrar intereses por mora.
La iniciativa consensuada por los diputados provinciales de la oposición prevé retrotraer las tarifas de luz y agua a noviembre de 2017, suspender los aumentos para el 2018 y también los cortes de servicios para sectores económicamente vulnerables. También fijar aumentos que no superen los incrementos salariales y la creación de un fondo que compense lo que las empresas estatales dejen de percibir por las tarifas. Este fondo de unos 7.500 millones de pesos tiene el objeto de establecer un régimen regulatorio de las tarifas de energía eléctrica y agua que permita disminuir los efectos de los últimos aumentos efectuados sobre la estructura de costos y la competitividad del sector.
Sobre los tarifazos, en su mensaje a la Legislatura en la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de Mayo; Lifschitz fue más bien ambiguo descargando la mayor responsabilidad en la Nación que, obviamente, fue la que disparó el tarifazo con el retiro de subsidios, pero esquivó lo que la propia EPE podría determinar desde sus casi 22 mil millones de pesos de presupuesto. Los diputados opositores creen que tanto la Constitución Nacional como la de Santa Fe son claras en el tramo que hablan de garantizar los servicios esenciales para toda la población.
Y hablando de la Constitución, el gobernador no desconoce por estas horas que esta crisis que puso en vilo al país lo aleja un poco más de su objetivo reformista. Por más impulso que se le ponga al tema el proyecto parece languidecer un poco cada semana, donde las urgencias obturan el espacio para la discusión política y van excusando a la oposición de tener que dar explicaciones sobre que quieren la reforma pero que no es el momento oportuno.
