Las acciones del Gobierno complican aun más la búsqueda del ARA San Juan. A la causa penal que investiga la justicia federal de Caleta Olivia y la comisión Bicameral del Congreso por la desaparición del submarino hace 7 meses, se sumó ahora una investigación sobre el Ministerio de Defensa por la contratación directa de una empresa española para intentar encontrar el ARA San Juan en el océano. El fiscal federal Federico Delgado pidió determinar si el servicio ofertado se corresponde con la capacidad legal y fáctica de la compañía Igeotest Geosciences SL, y si pudo existir un direccionamiento en su contratación. Una investigación que surgió tras la denuncia impulsada por la abogada Valeria Carreras, apoderada de familiares de los tripulantes del submarino desaparecido, por contratar a una empresa concursada en España y las sospechas de los vínculos de su titular con la Armada argentina.

La denuncia de Carreras “contra los miembros del Ministerio de Defensa y la Oficina de Contrataciones” es por “adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública”, en la contratación directa de la empresa Igeotest Geosciences SL para la búsqueda del ARA San Juan. 

Allí, la abogada que representa a nueve esposas de tripulantes desaparecidos con el submarino, describe una serie de hechos “irregulares” en el proceso “urgente” de llamado a concurso internacional de ofertas para cubrir la búsqueda del submarino. 

Tras anunciarse el primero de junio la pre adjudicación y “resultando ‘elegida’ una empresa sin experiencia”, dijo Carreras quien revisó los datos de la compañía y decidió impugnar la adjudicación. Los motivos, según describió, son que el número de CUIT que presentó Igeotest Geosciences SL, correspondía a otra compañía: Control y Prospecciones Igeotest SL, concursada desde abril de 2017 en un juzgado de Girona, España. 

Luego de la impugnación, la página “COMPR.AR” del Ministerio de Modernización de la Nación, modificó el nombre y el número de la empresa adjudicataria por el de Igesotest Geociencias y Exploraciones SL. “No solo consta modificado a lo largo de todo el pliego el nombre y el número de la sociedad preadjudicada, sino que los funcionarios responsables de dicha modificación espúrea, ilegal, dolosa y reprochable, olvidaron modificar las observaciones de la pre adjudicación en la que aún consta el nombre anterior y el número de sociedad anterior a la maniobra”, sostiene el escrito.

“A simple vista puede advertirse -continúa Carreras– que los funcionarios responsables de la contratación directa de marras, no han actuado con la mayor diligencia, pero alguno de ellos sin duda adulteró los datos de la página en relación a la empresa preadjudicada, lo que equivale a falsificación de instrumento público, atento el tenor de equivalencia de la pagina con el pliego”. Para la abogada todo esto constituye la suma de delitos que se abrían cometido y que figuran en la causa que investiga el fiscal Delgado y que se tramita en el juzgado federal a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi.

A ello se suma las sospechas de los familiares de las víctimas sobre la elección de la compañía adjudicada cuya oferta fue de 3,7 millones de dólares por la búsqueda del ARA San Juan. Igeotest Geosciences SL (el nombre utilizado en la licitación), cuya experiencia previa en búsquedas de estas características poco se conoce, terminó por prevalecer sobre las empresas SEA, del venezolano Hugo Marino, que prometía encontrar el submarino en cien días, y Ocean Infinity, que participó de la búsqueda del avión de Malaysia Airlines desaparecido en el Océano Indico.

Al frente de Igeotest Geosciences SL aparece Marcelo Devincenzi, un argentino que cursó el Liceo Naval en Río Santiago a fines de los 60, que fue voluntario en la Antártica y emigró del país en los albores del regreso a la democracia, en 1983. No pocos especulan que Devincenzi mantiene fuertes vínculos con la Armada Argentina.

Ahora, la causa judicial apunta a investigar los supuestos delitos denunciados por Carreras sino también si los mismos fueron realizados en función de “direccionar” la adjudicación de la búsqueda del submarino. En tanto, los familiares de los tripulantes del ARA San Juan continúan sin comprender las burocráticas y demoradas decisiones del Ministerio de Defensa para reanudar las búsqueda del submarino desaparecido el 15 de noviembre del año pasado.