Entre las principales propuestas del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para reducir los niveles de informalidad laboral figura la reducción de los aportes personales y las contribuciones patronales. “Me preocupa mucho el impacto que tienen las cargas al trabajo. Son anormalmente altas frente al resto del mundo y eso explica en buena medida que la Argentina tenga 35 por ciento de empleo en negro”, repitió Dujovne en entrevistas realizadas el lunes pasado. El funcionario no es el primero que promueve esa receta en el gobierno de Mauricio Macri. La minimización de las “cargas al trabajo”, representa una herramienta fundamental en la política de la cartera laboral que conduce Jorge Triaca. Con él se reunió ayer Dujovne “para coordinar políticas de promoción del empleo y formalización laboral”.

La historia argentina evidencia que esas políticas promovidas por la dupla Triaca-Dujovne no sólo no promovieron la creación de empleo de calidad sino que desfinanciaron los sistemas de la seguridad social en un contexto de crecimiento de la informalidad.

Una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicada el año pasado presenta a la Argentina como el país latinoamericano con las mayores cargas sobre los salarios. El promedio regional es de 21,7 por ciento y en el país asciende hasta el 34,6 por ciento. Para el flamante titular del Palacio de Hacienda los datos del documento presentan evidencia suficiente para proponer a sindicatos y legisladores una reducción de “la sobretasa de impuestos sobre los salarios vigente que atenta contra la formalidad del empleo”.

Presentada como uno de los pilares de la inminente reforma tributaria, la efectividad que tiene la reducción de las contribuciones patronales para combatir la informalidad laboral es refutada por el flamante Secretario de Política Económica, Sebastián Galiani. El colaborador de Dujovne publicó en 2010 una investigación con Guillermo Cruces y Susana Kydiba para evaluar el proceso de reducción de contribuciones patronales desarrollada entre 1995 y 2001. En ese trabajo concluyen que la baja en esos impuestos no tendría impactos significativos sobre el empleo, aunque encontraron incremento menores en los salario de los trabajadores formales. Durante ese período la informalidad trepó 15 puntos porcentuales para alcanzar al 40 por ciento.

Los beneficios fiscales no son una herramienta inválida en una política integral de combate al trabajo no registrado. En 2014, el kirchnerismo promovió una ley para combatir la informalidad que habilitó reducciones en las contribuciones patronales para las empresas que incorporen nuevos trabajadores y no despidan personal. Pero el Gobierno anterior reconocía que esa cuestionada y limitada medida era insuficiente para estimular la demanda de empleo formal.

La experiencia internacional evidencia que esas políticas deben ser acompañadas por acciones de control que desincentiven la contratación de trabajo no registrado. Para la docente de la Universidad Nacional de Moreno, Florencia Medici, “la creación de empleo y la reducción de la informalidad se alcanzan con políticas específicas sobre el mercado laboral y con el fortalecimiento del mercado interno, mejorando el ingreso de los trabajadores”.

“Desde 1980 sucesivas reducciones de las contribuciones a cargo de los empleadores fueron implementadas con la promesa de que estimularían la inversión y crearían empleo. Sin embargo, estas políticas sólo produjeron un fuerte deterioro financiero del sistema previsional”, explicó Medici. “Entre 1993 y 2000, el total de cargas sociales a cargo del empleador disminuyó alrededor del 45 por ciento. Como resultado de las continuas reducciones de los costos laborales, en un contexto de flexibilización del mercado de trabajo y apertura comercial, generaron crecientes tasas de desempleo y de informalidad. El desfinanciamiento del sistema previsional fue sostenido con recursos tributarios como el IVA”, indicó Medici.

“Cada tanto se pone de moda adjudicar a las elevadas cargas sobre los salarios la causa central de la informalidad laboral. Argentina ha tenido experiencias de reducción de cargas sobre los salarios durante la vigencia de programas económicos que involucraron atrasos en la paridad cambiaria. Es sabido que esas iniciativas no lograron reducciones en la informalidad laboral, que se mantuvo en niveles muy elevados”, escribió el profesor de la FCE-UBA, Oscar Cetrángolo, en el sitio web Alquimias Económicas. En ese texto el investigador enfatiza que “la experiencia internacional muestra casos donde las alícuotas son muy elevadas y la informalidad laboral muy baja y otros, en especial en América Latina, donde la informalidad laboral es muy elevada con independencia de los niveles de cargas sobre los salarios”. La argumentación del ministro contra los impuestos sobre la nómina salarial omite además que Argentina exhibe hoy una de las tasas de informalidad más bajas de la región y que la cobertura del sistema previsional es una de las más elevadas en el continente.