El policía federal Lucas Semec -quien amenazara a militantes de derechos humanos y referentes políticos locales- continuará detenido hasta el inicio del juicio oral y público, según lo resolvió ayer la jueza Paula Alvarez. La magistrada lo decidió luego de escuchar las acusaciones del fiscal Gustavo Ponce Asahad por "amenazas calificadas, apología del crimen, difusión de pornografía infantil en un hecho y tenencia de pornografía infantil con fines de distribución en cuatro hecho, todos en concurso real, por los que se solicitó una pena de siete años de prisión". Hace tres meses el fiscal Ponce Asahad, de la Unidad de Investigación y Juicio, había concretado la primer imputación, y logrado la prisión preventiva de este efectivo federal que trabajaba en provincia de Buenos Aires.

En ese momento el fiscal también había imputado a Teresa del Valle Cazón, de 53 años, por los delitos de "amenazas calificadas por ser anónimas" y "apología del delito", quien ya está en libertad.

A ambos el fiscal les imputó "amenazas sistemáticas a fiscales, políticos, militantes de agrupaciones de derechos humanos, abogados querellantes de juicios por delitos de lesa humanidad y demás víctimas, agregándolos a grupos de Whatsapp desde sus celulares, en los que aludían a distintos referentes del gobierno militar argentino de 1976 y a sucesos propios de aquella época". Además a Semec se le atribuyó la difusión de una fotografía de índole sexual que incumbe a un menor de edad.

Los imputados fueron aprehendidos el 5 de abril de 2018, mediante un allanamiento en el que también se secuestraron sus celulares, a raíz de una denuncia radicada por el espacio Juicio y Castigo Rosario.

El 28 de marzo, organismos de derechos humanos de Rosario denunciaron que desde principios de mes, personas desconocidas venían creando grupos de Whatsapp en los que compulsivamente y de manera reiterada se añadía a referentes del movimiento de derechos humanos, dirigentes sindicales, sociales, y legisladores nacionales, provinciales y locales con fines intimidatorios y amenazantes. "Muerte a Milagro Sala" o "Tucu vive", son algunos de los nombres de los grupos creados en los que se profirieron amenazas como "Están todos secuestrados", "Disfruten sus últimas horas libres" o "prepárense para ser raptados".

El sábado siguiente, los organismos ampliaron la denuncia y presentaron capturas de pantallas de grupos con nombres como "el Nuevo Videla", "Muerte a las denunciantes", "Zitelli Vive" o "Fiscales Hijos de puta", en los que además de las intimidaciones se incluyeron fotos de algunos de los ingresados compulsivamente a los grupos y de sus hijos.

Entre los centenares de víctimas de intimidaciones, aparecen las diputadas nacionales Josefina González y Lucila De Ponti; los ediles Norma López, Eduardo Toniolli y Marina Magnani; integrantes del movimiento de derechos humanos como Nadia Schujman, Juane Basso, Ana Moro, Iris Perez, y Elida Luna, entre otros.