Con la idea fija

El nombre del fiscal que ordenó el espionaje ilegal dentro de la UBA no trae buenos recuerdos en la universidad pública: Guillermo Marijuán es el mismo fiscal que hace dos años presentó una denuncia indiscriminada contra todo el sistema universitario nacional por supuesta malversación de caudales públicos. En noviembre de 2016, Marijuán denunció a las autoridades de 52 universidades nacionales para que se rastreara el destino de “millonarios fondos” transferidos entre 2014 y 2015, es decir, durante el gobierno kirchnerista. La acusación sólo exceptuó a la Universidad de la Defensa Nacional (la que reúne a los institutos de formación de las Fuerzas Armadas) y abarcó por igual a casas de estudios conducidas por diferentes sectores políticos: radicales, peronistas e independientes. Ante la acusación, todos los rectores respondieron a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): “La denuncia, sustentada en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resulta un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país”. Y lo atribuyeron a la “ignorancia” del fiscal respecto del modo de funcionamiento de las universidades y sus asignaciones presupuestarias. Hasta ahora, las denuncias de Marijuán sólo lograron alimentar los archivos de tribunales.