Una gigantografía trajo a quienes iban ingresando al anexo del Senado, en 7 y 49, el recuerdo del juez Leopoldo Schiffrin, uno de los fundadores de la CPM. “Él nos legó dos principios fundamentales: la necesidad de crear un mecanismo de monitoreo de los derechos humanos, y hacer esto con total autonomía e independencia de los gobiernos de turno”, dijeron las actuales autoridades sobre este magistrado, fallecido en febrero. Más de 900 referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas, organismos de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y judiciales, familiares víctimas de violencia institucional, miembros de mecanismos de prevención de la tortura de América Latina, docentes y público en general estuvieron en la presentación del Informe Anual 2018 El sistema de la crueldad XII. Entre ellos, estuvieron, el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, representantes de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, Gustavo Palmieri y Francisco Mugnolo del Mecanismo nacional de prevención de la tortura y el juez Luis Arias. La CPM fue creada por resolución legislativa de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en 1999, y ratificada por la ley provincial 12.483 de julio de 2000. Desde marzo de 2001 tiene como sede el edificio donde funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) y gestiona el archivo que registra el espionaje realizado por esta dependencia durante más de 50 años.