Desde Santa Fe
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia despachó dos pedidos de informes por el ataque a militantes feministas del martes pasado en la plaza de Mayo, frente a la Casa Gris. Uno, dirigido a la ministra de Educación Claudia Balagué, a quien solicitó que separe de su tarea al frente del aula a una docente que se identifica con el partido Bandera Vecinal, Isabel Ormaechea, mientras se aclara si participó en los incidentes. Y el otro, al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, para que despida de su cargo a otra referente del grupo político, Silvia Marcela Quiñonez, quien estaba contratada en el Sistema de Atención a las Emergencias 911. “Estamos investigando. A Quiñonez ya se le rescindió el contrato” y “a Ormaechea le pedimos a la ministra que la excluya del aula mientras se realice la investigación”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos Publio Molinas.
En el programa de TV “Rueda de prensa”, Molinas reveló que la Secretaría de Derechos Humanos está “en contacto directo” con la fiscal que investiga el ataque al colectivo feminista, Mariela Jiménez, quien coordina la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas). “Estamos recibiendo las denuncias. Y le decimos a las chicas que no se animan a denunciar que lo hagan, que estamos aportando pruebas a la causa. Es un tema muy complejo, muy delicado. Es una locura que en estos tiempos, en una manifestación pacífica ocurran estos hechos de violencia”, dijo el funcionario. “Queremos que no quede impune, que haya una sanción judicial”.
Molinas dijo que en horas después del ataque, y por los videos y fotos que se viralizaron, pudo identificar a una de las militantes de Bandera Vecinal, Silvia Quiñonez que “trabajaba en el Ministerio de Seguridad”.
--¿Trabajaba? -le preguntó un colega.
--Sí, ya no trabaja más, se le rescindió el contrato. No está más. El mismo martes, me encontré con un funcionario del Ministerio de Seguridad y le pedí por favor que me diga cuál era la situación (de Quiñonez) y que la saquen del cargo -contestó.
“Ahora estamos investigando a una docente, Isabel Ormaechea, que también fue identificada”, siguió Molinas. “Desde la Secretaría de Derechos Humanos le pedimos informes a la ministra Balagué y a los funcionarios de Educación Privada, pero también que la separen de la tarea en el aula mientras se realiza la investigación”.
Otro de los colegas le comentó que Ormaechea estuvo en Buenos Aires, en “el campamento de los pañuelos celestes” en las puertas del Congreso el día del debate por la legalización del aborto y después no volvió más al colegio.
--Bueno, en el caso de que quiera volver, nosotros hemos pedido al Ministerio de Educación que mientras se haga la investigación se la corra del aula. Una persona que se maneja de esta manera no puede estar al frente de un aula –explicó Molinas. “Ya tenemos el antecedente de la maestra de la escuela Beleno”, Evelyn Beltrame, a quien “pudimos correrla del aula” por reivindicar la desaparición de personas y el Holocausto en su ataque por Facebook a la periodista Salomé Sencar. “Creemos que estos momentos democráticos no nos permiten equivocarnos porque hay un reverdecer prácticas que creíamos superadas”.
