Tras un jury de enjuiciamiento que duró casi dos semanas, fue destituido el juez Luis Arias, quien hasta ayer fue el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata. Nueve de los 11 integrantes del jurado, entre ellos los tres legisladores oficialistas, el presidente del organismo que es también el titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y todos los abogados representantes de la colegiatura bonaerense, consideraron que el magistrado cometió delitos de prevaricato (fallar contra derecho), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en una veintena de decisiones jurisdiccionales que tomó en diversas causas. “La decisión de llevarme a juicio y de destituirme fue política. Nadie se puede explicar por qué me condenaron así, porque la verdad es que no cometí ninguna irregularidad de ningún tipo”, se descargó Arias. Además de destituirlo, por mayoría el jurado lo hizo cargo de los gastos de todo el proceso, lo inhabilitó para ocupar cargos en la provincia y enviaron extractos del jury a la justicia penal. La defensa del ex juez recurrirá el veredicto. 

El jury de enjuiciamiento comenzó hace exactamente dos semanas, pero Arias estaba suspendido de sus funciones al frente del juzgado que dirigió durante años desde noviembre. Ayer, las personas que trabajaron con él y también aquellas a quienes Arias protegió con sus procedimientos e investigaciones lo acompañaron durante la jornada de definiciones y protestaron por su destitución. La lectura del fallo estuvo pautada para las 12 del mediodía pero recién sucedió pasadas las 19. “Hasta ese proceder tortuoso tuvieron hacia el juez y hacia la gran cantidad de gente que vino a acompañarlo”, indicó la abogada de Arias, Analía Elíades. 

Para la abogada, la destitución de Arias es errónea “ya que se basa en la evaluación de la aplicación que realizó el juez de criterios judiciales y eso no es posible. No es democrático ni republicano que la política evalúe a la Justicia. No podemos admitir que se aparten a jueces porque sus sentencias incomodan al poder político”. 

Si bien ayer solo se conoció la parte resolutiva de la sentencia, ya que los fundamentos rozan las 500 páginas, la defensa de Arias –Elíades junto a Marcelo Ponce Nuñez– adelantó que la discutirá desde dos frentes. En primer lugar, harán un planteo de inconstitucionalidad de uno de los artículos de la ley de jurados de enjuiciamiento “ya que no contempla instancia de revisión de sentencia”, postuló la abogada. En el caso de Arias, su defensa considera “cercado” el camino hacia algún tipo de revisión imparcial de veredicto. Por un lado, calificaron que el jurado que lo enjuició “contó con una composición política oficialista y de enemistad manifiesta” contra el juez. “De 11 integrantes, tres son legisladores oficialistas y los cinco abogados de la judicatura lo parecían”, completó. Arias también señaló la parcialidad: “Se los notó muy hostiles, me impidieron el uso de la palabra permanentemente, preguntaron en tono inquisitivo a los testigos, parecía que ya tenían la decisión tomada desde el inicio del enjuiciamiento”, sospechó.

El otro sendero que la defensa del ex magistrado tomará para discutir la sentencia será la Suprema Corte bonaerense, a través de un recurso extraordinario. La alternativa tampoco es evaluada con esperanzas. El presidente de la Corte, Eduardo Pettigiani, presidió el jury y votó la destitución de Arias. No obstante, acudirán a ella. “Si rechazan, iremos ante la Corte Suprema, y si siguen rechazándonos, iremos ante cortes internacionales porque sabemos que la razón nos acompaña”, insistió la abogada.   

Por mayoría, el jurado consideró probados los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad en una serie de hechos en los que fue acusado por dos jueces, uno penal y uno de Garantías; un fiscal penal y el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, ex secretario de Legal y Técnica de la provincia. Los cargos aluden a decisiones adoptadas en causas sobre derecho a la vivienda, derechos de personas privadas de la libertad y sucesos en torno a las inundaciones de 2013 y el número de víctimas.

El análisis del rol del procurador bonaerense le sirvió a Arias para fundamentar aún más la descripción de su destitución como una “decisión política”. “Hubo desde el principio de todo este proceso una voluntad política de correrme del medio. El procurador cumplió con órdenes políticas de cuidar que el proceso termine como necesitaba el poder político. Estuvo presente en las dos semanas de audiencias, cuando tiene trabajo suficiente afuera de este enjuiciamiento”, consideró. 

“Desde el punto de vista jurídico no hubo razón para destituirme ya que me acusan por considerar erradas decisiones jurisdiccionales que tomé en mi condición de juez y los jueces en teoría estamos protegidos de ser atacados por el contenido de nuestras resoluciones”, se quejó Arias, quien evaluó como “errado” el veredicto en su contra, “que el jurado ha dedicado con un ensañamiento evidente”, continuó: “Me han destituido, me han condenado en costas así que tengo que pagar los honorarios de los jurados y gastos del proceso, gastos que no estoy en condiciones de afrontar. Además no puedo ocupar cargos en la provincia y enviaron información a la justicia penal para que continúe un proceso por presunto abuso de autoridad. Todo eso, sin elementos que sustenten”, describió.