El ex asesor de Juan Manuel Abal Medina en la Jefatura de Gabinete Hugo Martín Larraburu, uno de los ex funcionarios detenidos en la causa de los cuadernos, amplió su indagatoria y confirmó que por indicación de su jefe recibió bolsos con dinero que venían del Ministerio de Planificación y le entregaba Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, para ser utilizados en la actividad política y para la campaña del kirchnerismo en 2013. Larraburu dijo que el receptor final de la plata era Juan Carlos “Chueco” Mazzón, ya fallecido, que se ocupaba de repartirla. En su declaración dio algunas precisiones sobre el contenido de un pendrive que fue secuestrado en un allanamiento en su domicilio, donde surge la distribución de los fondos para campañas u otras actividades y figuran algunos nombres que resonaron ayer como el del diputado Andrés “Cuervo” Larroque, al diputado bonaerense José Ottavis y el ex secretario presidencial Oscar Parrilli, entre otros. Ahora aspira a conseguir la excarcelación, aunque su relato no fue como “arrepentido” ya que su defensa considera que no es autor de ningún delito. Simplemente se define como un pasamano de fondos. No habla de sobornos ni conoce, según explica, el origen del dinero.   

Larraburu, de 35 años, es politólogo y ocupó el cargo de coordinador de la Unidad Técnica de Jefatura de Gabinete. Hasta ahora se había negado a declarar. Anteanoche ofreció un relato que, en lo sustancial, coincide con el de su ex jefe Abal Medina, también imputado y que presentó un escrito a modo de descargo en el que decía desconocer el origen o empresas de las que provenía el dinero, y sólo señaló al ministerio que conducía De Vido como centralizador de aportes para la política. En toda su presentación el ex jefe de Gabinete –que ocupó ese cargo entre diciembre de 2011 y noviembre de 2013– insistió en el planteo de que Larraburu seguía sus directivas de ir a recoger dinero que era para la campaña. Y también señaló a Mazzón, que murió en 2016.  “Deseo desligar de toda responsabilidad a Martín Larraburu”, planteó Abal Medina varias veces en su escrito. Al dirigente, que pugna por su lugar dentro del peronismo, no le quedó otra opción que ofrecer una explicación de algún tipo: ya que en la casa de su viejo colaborador ahora detenido fue hallado un pendrive con planillas que fueron consideradas relevantes por el juzgado de Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Además, ambos estaban mencionados en relación a entregas de bolsos con plata en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Baratta.

En cuanto a las planillas, Larraburu las reconoció y explicó que era el dinero distribuido por distrito y por persona. En ellas no se advierte ningún indicio sobre el origen. Había recaudación y gastos de campaña. Mencionó a algunos dirigentes que aparecen en esos archivos y tradujo siglas, entre ellas algunas evidentes como JDV (Julio De Vido),  CFK (Cristina Fernández de Kirchner) y OP (Oscar Parrilli). Muchas de las cifras aparecen  en dos dígitos pero todo indicaría que aluden a millones. En una de ellas se lee lo que explica la aparición de ciertos nombres: “Los fondos fueron destinados a A. Larroque a ser distribuidos en la provincia de Buenos Aires”; “para candidato a concejal del FpV”; “campaña a cargo de J. Ottavis, destinatario de los fondos”; “el monto aquí detallado fue destinado a su campaña a través de La Cámpora (alude a Pablo Ferreyra) dentro del presupuesto general otorgado a la CABA, hay un monto destinado a la campaña del candidato”. 

En el caso de Parrilli, se menciona un gasto en publicidad. Por estos datos aislados no pareciera que haya nada que los involucre en la causa de los cuadernos en sí misma. Al menos el argumento sería similar al de Abal Medina y Larraburu. La cuestión del dinero para campañas fue introducida por los propios empresarios cuando empezaron a admitir declarar como arrepentidos. Varios de ellos se limitaron a decir que los presionaban para hacer aportes de ese tenor para la política, asumiendo cierto papel de víctimas, y así mejorar su posición en el expediente. Los primeros que lo hicieron fueron los empresarios de Iecsa e Isolux, empresas vinculadas a la vez al Grupo Macri.

Cerca de Larroque dijeron que no están dispuestos a respaldar declaraciones que se obtienen de los imputados “bajo presión” y que “sin tener acceso al expediente ni claridad sobre la mención” al diputado por lo pronto no se pronunciarán al respecto.

La imputación del juzgado, que señala la existencia de una supuesta asociación ilícita, señala una veintena de ocasiones en las que Larraburu habría recibido dinero de Nelson Lazarte y su jefe Baratta sin precisar los montos. Los cuadernos de Centeno señalan, por ejemplo, algún pago que llegaría a Abal Medina, de la empresa Albanesi. Otro de Francisco Valenti, de Pescarmona. No está para nada claro cómo evaluará el juzgado los casos donde todo parece quedar circunscripto a aportes de campaña, que podría implicar delitos electorales o evasión de parte de las empresas, por ejemplo. 

Lo cierto es que la investigación habla de una asociación ilícita para recibir dinero ilegal para enriquecimiento y la comisión de otros delitos. Es una descripción amplia pero que requiere de todas maneras el respaldo de pruebas que aún no están visibles en el expediente sobre los movimientos concretos del dinero, que tampoco se sabe aún dónde está.

Larraburu tiene expectativa de recuperar la libertad, ya que no advierte cuál sería la diferencia con la situación de Abal Medina. Su planteo podría resolverse hoy o a comienzos de la semana próxima. También dentro de estos días la Cámara Federal debe resolver planteos de excarcelación tanto de empresarios como de ex funcionarios, todos detenidos bajo un método que hasta cuestionan en los pasillos de Comodoro Py.