Desde Santa Fe.
La comisión de Derechos y Garantías –que es la única que tiene la potestad de una comisión investigadora- advirtió al pleno de la Cámara de Diputados sobre la “gravedad” del ataque que sufrieron militantes feministas, en su mayoría adolescentes, que se manifestaban en paz con sus pañuelos verdes, en la plaza de Mayo, el 7 de agosto y se planteó si esa incursión violenta no contó con la complicidad policial. “Los hechos se sucedieron en un espacio público y en presencia de personal policial que no habría actuado con la debida diligencia, responsabilidad e inmediatez para determinar quién o quiénes conducían este grupo” de agresores y “si respondían a alguna agrupación o a alguien en particular”, dice el informe que le presentó el jueves al presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, con copia a los cincuenta legisladores. “Queremos saber por qué la policía no actuó si la agresión ocurrió a la vista de todo el mundo y de un grupo de la fuerza que estaba presente”, se preguntó la presidenta de la comisión Alicia Gutiérrez en un diálogo con Rosario/12.
El informe parlamentario relata la escalada de violencia contra las militantes feministas: el ataque en la plaza de Mayo, el martes 7 de agosto después de un pañuelazo frente a la Catedral Metropolitana. Las amenazas telefónicas a la referente del espacio. El seguimiento y agresión a otra jovencita, que aún no se animó a denunciar el hecho. Y cuatro días después, el sábado 11, una encerrona a una niña de 15 años en el mismo casco histórico, a cien metros de la iglesia y de la plaza, donde dos menores le cortaron la cara con una hoja de afeitar y sólo le robaron el pañuelo verde. “El mensaje de los agresores siempre es el mismo: el insulto y la intimidación por su militancia a favor de la legalización de la IVE”, agrega el documento.
La comisión abrió una instancia al recibir esta semana a familiares de las niñas y adolescentes agredidas que pidieron la entrevista. “Los relatos son coincidentes con los hechos que salieron a la luz en los medios y fueron repudiados por la Cámara”, el jueves 9, al unificar dos proyectos de la diputada Gutiérrez y de su colega del Frente Progresista, Verónica Benas. A las 48 horas, se produjo la encerrona a la niña de 15 años que sufrió “lesiones de consideración” –dice el informe-, pero se sabe que son cortes en el rostro y en la ceja izquierda.
Los familiares informaron a la comisión de Derechos y Garantías que “otras jóvenes fueron víctimas de agresiones similares que aún no han sido denunciadas por temor a las amenazas y a la sensación de desprotección de las víctimas. Si bien no puede aseverar que los agresores pertenezcan a un grupo social o político determinado, es así como se habrían identificado”, agrega.
“Es profundamente preocupante que estos delitos se cometan en nombre de una postura ideológica cercenando la libertad de expresión de otras personas. Y más preocupante aún es que estos hechos se reiteren” y traduzcan “un método de amedrentamiento utilizado por un mismo sector”, advierte el informe. En el final, la comisión sintetiza, sus planteos:
- Por qué la Policía dejó escapar a los sujetos que atacaron a golpes a militantes feministas. “Los hechos sucedieron en un ámbito público y en presencia de personal policial que no habría actuado con la debida diligencia, responsabilidad e inmediatez para determinar quién o quiénes conducían este grupo y si respondían a alguna agrupación o a alguien en particular”, expresa.
- Por qué entre los agresores había una empleada del Ministerio de Seguridad y una docente de una escuela privada. “Según pudo conocerse, algunas de las personas agresoras se desempeñan en ámbitos de la Administración pública y de la educación”, afirma.
- Y si escalada de violencia revela un modus operandi. “Por la gravedad de los hechos, la comisión tomará contacto con funcionarios de los poderes del Estado para que se realicen todos los procedimientos y las investigaciones pertinentes y se tomen las medidas preventivas necesarias para que situaciones similares no vuelvan a suceder”, concluyó.
